Polémica ha desatado en la industria local del litio la decisión del Ministerio de Minería de acoger a trámite un recurso jurídico presentado por la minera estatal Codelco para modificar la interpretación legal de las pertenencias existentes en el salar de Maricunga, el cual es el segundo de mayor importancia después del de Atacama.
Según consignó El Mercurio, la firma estatal solicitó por tercera vez extender el Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL) que recibió en 2018 , y que esta vez fue acogido a trámite, buscando que el permiso sea sobre la totalidad del depósito ubicado en la Región de Atacama.
Sobre esto, el ministro (s) de Minería, Willy Kracht, señaló al diario que “se acogió a trámite la solicitud; revisamos los argumentos y nos parece que es atendible, por lo que hemos abierto el proceso de revisión formal. En caso de prosperar y extenderse el CEOL a todo el salar de Maricunga, Codelco sería el único que podría explotar litio en el salar”.
Asimismo, a través de un comunicado, el Ministerio recalcó que "con esta determinación, que responde al mismo tratamiento que se le otorgaría a cualquier persona natural o jurídica que ejerza su derecho a petición formal, se está viabilizando un proceso administrativo que considera espacio para la participación de todo interesado que desee presentar también sus argumentos y posiciones jurídicas respecto de esta materia".
Fue a principios de febrero de este año, en medio de la polémica entre el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera y la actual administración en torno a la licitación del litio que, tras haber sido adjudicada a dos empresas privadas, fue frenada por un recurso ante la Justicia, cuando la empresa comenzó a avanzar en su propio plan para producir el mineral.
En ese entonces, la minera estatal informó que tras obtener el último permiso sectorial el 26 de enero, iba a iniciar la habilitación de los accesos que permitían comenzar su campaña de exploración en Maricunga.
Cabe mencionar que el litio ha sido declarado de interés nacional y no es concesible, pero hasta ahora existía la idea de que su explotación era libre para los titulares de las adjudicaciones amparadas por el Código de Minería de 1932. Este argumento es rebatido por Codelco y podría dejar sin opciones a las demás empresas que se encuentran desarrollando proyectos en el salar, entre ellas, Simbalik y Salar Blanco.
En ese sentido, para que un privado pueda explotar litio, requiere de un CEOL, el cual es otorgado por el Ministerio de Minería, y a la fecha, el único que ha sido otorgado es el de Codelco, al que se podría sumar Enami, que también realizó una solicitud este año.
Sumado a lo anterior, desde la estatal también solicitaron alargar a tres años la extensión del CEOL, considerando los retrasos que existen en el proceso que está llevando en Maricunga a causa de la pandemia, lo que ha dificultado los sondajes correspondientes en la zona.
La Política Nacional del Litio y la Gobernanza de los Salares, emitida en 2016 le encargó a Codelco que, junto con el Ministerio de Minería, evaluara la factibilidad de explotar litio existente en el Salar de Maricunga, mediante alianzas público-privadas, considerando el respeto y el cuidado de los ejes sociales, económicos y ambientales.
De esta forma, durante 2018 la compañía comenzó el diseño de su campaña de exploración y la elaboración de su Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la que incorporó la caracterización del medioambiente del salar durante las cuatro estaciones del año.
La DIA fue ingresada a tramitación a comienzos de 2020 y en noviembre del mismo año se obtuvo la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
A la fecha, una de las empresas que cuentan con pertenencias en el salar, Simco -ligada al grupo Errázuriz y a Simbalik- salió a reclamar por los efectos que tendría un eventual cambio en la interpretación jurídica respecto de la propiedad minera. “La empresa, confiando en los actos del Estado de Chile, invirtió grandes recursos en el desarrollo de una tecnología que permitiera un uso sustentable del salar y ofreció en reiteradas oportunidades compartir esta tecnología con Codelco o con cualquier otra empresa del Estado”, señaló.
Agregó que un escenario como este podría retrasar la producción del litio y el aumento de valor en nuevos yacimientos y la incorporación de nuevos actores, además de que podría representar para el estado la obligación de pagar perjuicios por daños avaluados en más de US$2,5 billones.
“Esta eventual reinterpretación constituiría una expropiación sin pago, que afectaría gravemente la confianza de los accionistas e inversionistas y nos obligaría a demandar en tribunales internacionales, de acuerdo con los tratados de protección de inversión extranjera vigentes”, advirtió Simco.
La situación se da en medio de la estrategia que desarrolla el Gobierno para dar impulso a la industria del litio en Chile, que incluye la creación de una Empresa Nacional del Litio (ENL). "El diseño de la ENL es diferente a lo que es Codelco, esto no es un nuevo Codelco, Codelco nace a partir de una serie de capacidades que ya estaban en el país que pasan a control del Estado y el país se debe hacer cargo de continuar la operación. En este caso, nosotros queremos construir esa capacidad", dijo Kracht en una entrevista con El Mercurio de septiembre de este año.
No obstante, la autoridad reconoció que en materia de litio en el sector público no existe ni la capacidad de producción, ni la experiencia para hacerlo sin ayuda de privados, a lo que se suma la premura que existe para aprovechar el "boom" del mineral, que se prevé sea en un período acotado. Así, aseguró que en 2023 el Ejecutivo saldrá a buscar un socio estratégico para el desarrollo de la industria. Ya se han contactado con una decena de empresas y países interesados
Expertos
Francisco Rivas, director de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad de Talca sostuvo que “esta extensión permitirá que Codelco pueda finalizar la exploración para definir el potencial que tiene el Salar de Maricunga. Estos trabajos son de largo alcance, y por lo tanto, considerando que ya están los permisos y la logística instalada en el Salar, un rechazo a la solicitud de extensión, sería un retroceso en la ejecución de una política nacional del litio con miras a iniciar labores de extracción en el corto plazo”.
Y agregó: “Si bien, no es recomendable monopolizar la extracción del litio en Chile en una sola empresa, en este caso Codelco tiene una oportunidad para demostrar su capacidad y experiencia en la extracción de recursos naturales y es válido que la principal empresa minera del país quiera hacerse parte de este negocio”.
Por otra parate, Julietta Zamora, geóloga y profesora de la Facultad de Ingeniería de la UDD, con una amplia experiencia en la industria minera, sostuvo que “se deben dejar las condiciones claras en los temas de impuestos, royalty, pensando que se extraiga de manera sustentable, en respeto y colaboración con los pueblos originarios y de manera correcta. Creo que lo peor que nos podría pasar es que nos pongamos a experimentar, y se siga retrasando la producción del litio, ya que es una de las claves para la descarbonización y mitigación del calentamiento global. Y como país económicamente nos ayudaría mucho”, añadió.
Respecto a si por este asunto, se podría atrasas el proceso de producción de litio, sostuvo que “claro que sí, porque, hay muchos involucrados y el ponerse de acuerdo va a retrasar el desarrollo exploratorio, las evaluaciones de recursos y estudios de métodos de explotación”.
Sobre las implicancias jurídicas que podría tener la posible extensión del CEOL en las empresas que ya están operando, indicó que “hoy en día, en el Salar de Maricunga, nadie está en la etapa de producción de Litio, pero quienes están más avanzados perderían su opción. El tema es bien complicado porque el Litio no es concesible, pero en los salares existen otros minerales como potasio, Boro, yodo, etc. Y se debería indemnizar al resto de los dueños de las concesiones mineras por estos otros minerales que si pueden explotar. Y ahí viene problema”.
