Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Antonio Errázuriz.
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El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC),
Antonio Errázuriz, abordó los anuncios que hizo el Gobierno para el sector esta semana, pero además, se refirió la situación de las constructoras asegurando que, pese a la quiebra de Claro Vicuña y Valenzuela (CVV), aún no están en una crisis profunda.
"La palabra crisis puede sonar un poco extrema. Si bien hablamos de 'precrisis' en un tiempo atrás, creo que las condiciones de hoy que están afectando la industria se venían arrastrando hace bastante tiempo. Digamos que desde la pandemia. También otros factores han influido. No es un tema sistémico, por ningún motivo, aunque ha afectado a algunas empresas más que a otras, obviamente. Esperamos que con los anuncios que hizo el Gobierno podamos recuperar un poco el oxígeno que se estaba necesitando", reveló a El Mercurio de Calama.
Es necesario mencionar que esta semana se dio aviso de una serie de medidas que buscan ayudar a las familiar del país que pretenden acceder a una vivienda propia. Además, se informó que más de 70 mil grupos familiares viven en campamentos.
Consultado en específico por la quiebra de CVV, considerando que la constructora estaba trabajando en obras importantes del Estado, Errázuriz acotó que "esa es otra de las cosas que nosotros debiéramos resolver y estamos trabajando en eso".
"Me refiero a la forma de relacionarnos con las empresas del Estado. Yo creo que esta relación por mucho tiempo ha sido desequilibrada. Y, al final, esto empieza a ser una situación compleja cuando se producen otras condiciones adicionales, como ha sido el alza de los precios de los materiales. Pero no hay que olvidarse que es una relación bien tortuosa en cuanto a los sistemas de pago, en cuanto a la velocidad de los pagos, en cuando al reconocimiento de los pagos por parte de las empresas del Estado", añadió.
Según precisó, es un tema que tienen que resolver porque los gobiernos "han estado muy preocupados especialmente de las pymes, creando esta ley del pago a 30 días, pero eso la verdad es que no ha funcionado para las grandes empresas, porque el desequilibrio se da porque no nos dejan facturar".
En tal sentido, explicó: "Hay una revisión detrás de otra y eso hace que al final la ley de 30 días no se cumpla, porque si uno no puede facturar, no exista la factura pendiente. Tenemos que aprovechar esta coyuntura para hablar de la modernización del Estado; necesitamos trabajar en eso. Hoy está el Ministerio de Economía partiendo con unas mesas de trabajo, pero ante crisis como esta, que son a nivel mundial, la velocidad de ejecución de los proyectos es fundamental. Este es un tema que debe tratarse con sentido de urgencia".
