Corría el año 1992 cuando el censo a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) daba cuenta que, de los 13,3 millones de habitantes en el país, un 0,8% correspondía a población migrante. Casi tres décadas después, dicha proporción se multiplicaría por siete hasta llegar a un estimado de 7,5% -alcanzando un total de 1.482.390 residentes no nacionales- a diciembre de 2021.
De acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de Migración 2022, elaborada por el Banco Mundial y el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), la cifra representó un alza de 1,5% respecto a 2020; de 2,3% al comparar con 2019 y de 14,1% en relación a 2018.
Todo esto, sin contabilizar a la población irregular.
Entre los principales resultados, se constató que la inmigración que llega al país es básicamente por motivos laborales. De ahí que el 78% de los trabajadores migrantes se encontrara empleado como asalariado en ese entonces -porcentaje que se distribuía en un 81% para los hombres y 75% para las mujeres-.
Es frente a esta situación que diversas voces han planteado la urgencia de cimentar el terreno para avanzar en un escenario que facilite la incorporación de mano de obra extranjera a las distintas empresas del país. Algo que la normativa laboral impide.
Actualmente, el artículo 19 del Código del Trabajo establece que todo empleador que cuente con más de 25 trabajadores, deberá tener al menos un 85% de su nómina de nacionalidad chilena. En otras palabras: existe un tope de 15% para la contratación de migrantes en una compañía determinada.
Sin embargo, existen quienes piensan que esta norma es anacrónica y que requiere con urgencia ser modificada, pues restringe la contratación e incrementa la informalidad laboral. Cabe mencionar que, según los últimos registros del INE, la tasa de desocupación extranjera en el país se ubicó en 7,3% durante el primer trimestre de 2023.
El dato significó un aumento de 1,9 puntos porcentuales en doce meses, debido a que la fuerza de trabajo creció (1,1%) y la población ocupada se redujo (-0,9%). Por otro lado, la tasa de ocupación informal de la población extranjera se situó en 30,9%, lo que implicó un alza interanual de 4,8 puntos porcentuales.
¿Se justifica dicho tope?
Sobre esto, Juan Bravo, director del Observatorio Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), comentó a Emol que "es necesario modificar el artículo 19 del Código del Trabajo, que impone que a lo más el 15% de trabajadores bajo un mismo empleador pueden ser de origen extranjero. Esta cuota atenta contra la eficiencia y obstaculiza la contratación formal".
En ese sentido, el experto citó una de las mismas recomendaciones de la Comisión Nacional de Productividad (2016) para subrayar que "desde un punto de vista técnico, lo correcto sería eliminar esta cuota de contratación".
"Es necesario modificar el artículo 19 del Código del Trabajo, que impone que a lo más el 15% de trabajadores bajo un mismo empleador pueden ser de origen extranjero. Esta cuota atenta contra la eficiencia y obstaculiza la contratación formal"
Juan Bravo, director del Observatorio Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP)
Mientras que
David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, dijo:
"No creo que se justifique una cláusula de esa naturaleza. Primero, porque habría que preguntarse cuál es la racionalidad de restringir la libertad de contratar personas, que obviamente se encuentren en una situación legal de residencia, o la libertad de trabajar de ellas de acuerdo a su nacionalidad".
"Segundo, porque estas normas parecen haber sido hechas en la época en la que una proporción que iba entre 2 y 5% de la población chilena tenía el carácter de migrante. Hoy la población migrante es el 7,5% de la población", acotó.
Para el economista, "este límite debe elevarse urgentemente, o bien eliminarse, porque está siendo restrictivo en algunos sectores. Por ejemplo, en 2021 medimos que en el sector de plataformas digitales los trabajadores extranjeros representan al 40% de los ocupados".
Por su parte, la directora del ESE Business School de la Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes, indicó que la norma "está obsoleta" y que se trata de "una cláusula que, efectivamente, es muy restrictiva, que lleva a que las empresas finalmente se vean obligadas a tener trabajadores informales, lo que obviamente perjudica fuertemente a esos trabajadores, pues los deja en una situación de mucha mayor vulnerabilidad".
No es algo nuevo
Fue en agosto de 2017 cuando la ex Presidenta Michelle Bachelet firmó un proyecto que buscaba flexibilizar el actual Código del Trabajo, para elevar de 15% a 25% la cuota tope de inmigrantes que podía tener una empresa. Sin embargo, la iniciativa quedó en papel, y un año después, impulsada por Evópoli, una nueva propuesta comenzó a hacer eco en el Congreso: aumentar el límite de trabajadores extranjeros a 50% en las compañías con más de 200 empleados.
Se trató de una idea que el entonces ministro de Hacienda bajo el segundo mandato de Sebastián Piñera, Felipe Larraín, no descartó considerar. "Yo creo que se puede conversar un incremento de ese tope", dijo en una entrevista en Radio Duna de julio de 2018.
"Tenemos que generar espacios para que la gente se formalice y realmente pueda tener acceso a mejores puestos de trabajo, a mejor seguridad social, a mejores seguros de accidentes. En fin, una serie de beneficios que trae la formalización. Por lo tanto, parece interesante ampliar ese rango del 15%"
Ricardo Mewes, presidente de la CPC
Y fue ante las solicitudes que por años sectores como el agro, forestales y comercio hicieron, que en agosto de ese año la administración de Piñera,
como parte del proyecto de ley de Productividad y Emprendimiento, propuso subir la cifra de 15% a 30%, en el entendido de que solo es un techo y, en ningún caso, una exigencia.
Más audaz fue la bancada transversal de diputados, entre los que destacaba el nombre de la actual ministra de Minería, Marcela Hernado, que ingresó una indicación al proyecto de ley de migración y extranjería con el fin de modificar el artículo 19 del Código del Trabajo y así permitir que el 40% del total de las plazas laborales pudieran ser utilizadas por migrantes, pero bajo la misma lógica de dar más espacio y no de obligar a incorporar extranjeros.
A fines de 2022 la moción volvió a tomar vuelo en el Congreso luego de que el diputado Evópoli, Francisco Undurraga, junto a un grupo transversal de legisladores, presionaran para que se debatiera una iniciativa ingresada en julio del año pasado que rebajaba la exigencia de 85% a 60% la exigencia de chilenos para empresas con más de 25 trabajadores. Esto, con el fin de aumentar el porcentaje de extranjeros en firmas nacionales.
La postura de empresarios
Desde que se lanzó la iniciativa, esta fue apoyada por diversos gremios empresariales, sector que, de hecho, le ha panteado al Gobierno la urgencia de modificar esta norma.
Sobre esto, Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), aseguró a este medio que "es necesario revisar el tope de 15% de contratación de extranjeros en empresas. Es tiempo de abrirnos para discutir su modificación, ya que hay amplios consensos en distintos sectores para flexibilizar esta norma y permitir mayor contratación de personas migrantes, o incluso eliminar los topes, y el plazo máximo de seis meses".
"Queremos reunirnos con la ministra del Trabajo para, entre otros temas, plantearle esto y proponerle, además, la implementación de una visa de trabajo por faena específica y tiempo determinado, que se otorgue en función de la hoja de vida del trabajador extranjero. Esto podría ir de la mano con una autoevaluación en los campos"
Antonio Walker, presidente de la SNA
"Queremos reunirnos con la ministra del Trabajo para, entre otros temas, plantearle esto y proponerle, además, la implementación de una visa de trabajo por faena específica y tiempo determinado, que se otorgue en función de la hoja de vida del trabajador extranjero. Esto podría ir de la mano con una autoevaluación en los campos", añadió.
En la misma línea, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, manifestó que "es importante modificarla -la norma-, porque hoy día hay algunas actividades que, en la práctica, están realizando personas que vienen de Bolivia en el caso de la agricultura, o bien de terceros países".
"No necesitamos más informalidad, al contrario, tenemos que generar espacios para que la gente se formalice y realmente pueda tener acceso a mejores puestos de trabajo, a mejor seguridad social, a mejores seguros de accidentes. En fin, una serie de beneficios que trae la formalización. Por lo tanto, parece interesante ampliar ese rango del 15%, pero claramente con personas que estén formalizadas", deslizó.
