El pleno de ministros del Tribunal Constitucional (TC) terminó este martes el control constitucional del proyecto de delitos económicos y medioambientales, decretando que todos los aspectos del texto sometidos a su consideración son apegados a lo señalado por la Carta Fundamental.
Con esto, el proyecto podrá ser publicado y
entrará en vigencia en los mismos términos en que fue promulgado desde el Congreso, luego del veto introducido por el Gobierno.
Al interior del TC, ministros señalan que la norma cuyo análisis había quedado pendiente de un análisis más en extenso—y que se zanjó esta jornada— se relaciona con la posibilidad de disolución de universidades, como parte de las sanciones.
Respecto de esta, seis ministros estuvieron por declararla como orgánica y constitucional, siempre que se entendiera que las universidades estatales no estaban incluidas en dicha forma de disolución, mientras que dos magistrados la declaraban inconstitucional.
En cuanto al téngase presente ingresado por la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), al igual que los demás incorporados por legisladores, la magistratura determinó que se agregaran al expediente, pero no se realizó su análisis para realizar el control de constitucionalidad respectivo.
Se espera que durante esta semana se evacúe la sentencia respecto del proyecto.
