Para esta semana se esperaba el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema sobre el último gran frente judicial que quedaba pendiente sobre la industria de isapres. Se trata del ajuste del precio por las Garantías Explícitas en Salud (GES), el que se realiza cada tres años, y motivo por el cual los afiliados han recurrido a las Cortes de Apelaciones del país para dejar sin efecto dichas alzas.
El último ajuste fue en octubre de 2022, cuando en total las aseguradoras informaron un promedio de cobro de 1,05 UF (unos $36 mil) mensuales. De esta manera, el aumento promedio fue de 48,7% con respecto al proceso anterior (0,7 UF mensuales).
Los ministros Sergio Muñoz -quien preside la Tercera Sala-, Adelita Ravanales, Mario Carroza, Jean Pierre Matus y Ángela Vivanco, quienes revisaron las acciones y escucharon las alegaciones de las aseguradoras, adoptaron un acuerdo -el 4 de agosto pasado- y alistan 15 fallos, dado que se hizo una vista conjunta de las causas por tratarse de la misma materia.
Pese a que el veredicto como tal aún no se conoce, ha trascendido que este establecería un tope de cobro por prima GES de 7,2 UF anuales -lo que variaría dependiendo de cada isapre-, determinaría efectos generales -es decir, para todas las isapres, como ocurrió con los fallos relativos a la tabla de factores del año pasado-; y ello traería consigo una devolución para los usuarios de lo cobrado en exceso. Cabe destacar que actualmente, todas las entidades cobran más que eso.
Así, las isapres deberían ajustar el precio a pagar por sus afiliados por este concepto considerando como tope máximo ese monto anual, que corresponde a lo establecido en el proceso GES de 2019. Por sobre ello, la sala estimaría que se habría incurrido en un acto ilegal o arbitrario.
Asimismo, al igual que en las sentencias anteriores, el máximo tribunal habría dado un mandato a la Superintendencia de Salud para que supervise que se cumpla el fallo.
En todo caso, todo apunta a que no hubo unanimidad para resolver lo anterior y el dictamen terminó con votación dividida, ya que a favor de ese criterio estuvieron los ministros Ravanales, Muñoz, Matus, y Carroza. Mientras que Vivanco habría sido el voto de minoría.
La visión de expertos
El ex ministro de Salud y decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de Las Américas, Osvaldo Artaza, resaltó que "si la Corte Suprema determina poner fin a estas alzas indiscriminadas en la prima GES, se termina de poner una lápida a un modelo de negocios, de atención y de gestión que por años se estaba señalando como inviable. Tanto las isapres, como los actores políticos actuaron con ceguera ante una situación que por años ya se preveía".
Ahora, Artaza explicó que "si el fallo de la Corte Suprema en relación a los cobros por prima GES fuera en la línea de lo que se ha adelantado, no les quedaría otra a las isapres que lisa y llanamente transformarse solo en seguros complementarios, o lograr que los actores políticos las transformen radicalmente en reales administradoras privadas de la seguridad social en salud bajo reglas totalmente distintas a las actuales".
Jorge Acosta, director del Programa de Salud y Biotéca del Instituto Res Publica y médico asesor IPSUSS de la Universidad San Sebastián, advierte que el impacto del dictamen "podría ser devastador para todo el sistema de salud, porque la caída de las isapres detonará la caída de varios prestadores privados donde se atienden 9 millones de personas al año, de los cuales dos tercios son pacientes Fonasa libre elección".
"Con esta nueva acción legislativa del Poder Judicial, se agudiza la crisis del financiamiento de la salud privada que se arrastra desde al menos el año 2010, cuando el Tribunal Constitucional mandató a los poderes colegisladores, el Ejecutivo y el Congreso, a resolver el problema. En todos estos años, lamentablemente, no se han hecho cargo más que para reaccionar a los dictámenes judiciales", añadió Acosta.
Asimismo, expuso que "el Gobierno tiene la principal responsabilidad de conducir esta crisis, con principio de realidad, sin aprovecharlo para cumplir su deseo de consagrar un único sistema estatal, donde las personas no puedan elegir. Por el contrario, la amplia mayoría de los chilenos aspiran a elegir en salud y si eso lo pierden, será el Gobierno quien deberá pagar los enormes costos políticos de una crisis de salud que restrinja el acceso a una atención oportuna, que sólo aumente las históricas listas de espera que hemos conocido".
"Podría ser devastador para todo el sistema de salud, porque la caída de las isapres detonará la caída de varios prestadores privados donde se atienden 9 millones de personas al año, de los cuales dos tercios son pacientes Fonasa libre elección"
Jorge Acosta, director del Programa de Salud y Biotéca del Instituto Res Publica y médico asesor IPSUSS de la Universidad San Sebastián
Para
Manuel Inostroza, ex superintendente de Salud de los gobiernos de los presidentes Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, de concretarse el fallo tal como ha sido descrito "significa la eventual quiebra o caída de dos o tres isapres entre las cuales están aquellas que más reajustaron el precio GES, como el caso de
Consalud, que reajustó un 144%, ni siquiera se vio en la necesidad de aplicar el precio base este año, dado que tanto había subido la prima GES que no fue necesario. Hay otras isapres que están complicadas también como
Nueva Masvida, o el caso de
Colmena, o la propia
Cruz Blanca".
"Esto es un fallo aberrante no solo desde el punto de vista jurídico, sino que desde el punto de vista técnico. La prima GES nunca fue concebida legalmente como ajuste de nada, era solo la posibilidad de cobrar el adicional que el plan de salud complementario de isapre no te hubiese cubierto en caso de la incorporación de los beneficios adicionales que traía el AUGE", añadió Inostroza.
Patricio Fernández, ex superintendente de Salud, señaló a El Mercurio que "este escenario implicaría una situación bastante crítica desde el punto de vista financiero, fundamentalmente para tres isapres, que son aquellas que fijaron un precio más elevado de la prima GES, en noviembre de 2022: Consalud, Cruz Blanca y Nueva Masvida, que están por sobre la UF mensual. Por lo tanto, esto implicaría para estas isapres una disminución en el ingreso muy importante, considerando que tendrían que efectuar devoluciones".
A juicio de Fernández, "es muy relevante tener a la vista lo que se resuelve en el GES, porque esto va a establecer un nuevo escenario de riesgo, un nuevo escenario financiero de las isapres".
En tanto, la ex subsecretaria de Salud Pública y directora ejecutiva del CIPS de la Universidad del Desarrollo, Paula Daza, manifestó al mismo medio que "esto es una mala noticia para las personas que están en un asegurador privado, porque obviamente su isapre podría caer en una insolvencia y eso afectaría las prestaciones de salud".
"Si la Corte Suprema determina poner fin a estas alzas indiscriminadas en la prima GES, se termina de poner una lápida a un modelo de negocios, de atención y de gestión que por años se estaba señalando como inviable. Tanto las isapres, como los actores políticos actuaron con ceguera ante una situación que por años ya se preveía"
Osvaldo Artaza Decano Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de Las Américas
"Hay varias isapres que están manteniendo su solvencia debido al precio base y al precio GES. Por lo tanto, probablemente con este fallo de la Corte Suprema algunas isapres podrían caer en insolvencia. Eso significa que algunas isapres podrían caer en riesgo financiero y no seguir funcionando, y sabemos el efecto que podría tener eso en algunos pacientes que están en esas isapres. Eso produciría un riesgo y un movimiento importante de personas a Fonasa, o si existe solvencia de otras isapres, de moverse a otras isapres", añadió Daza.
Victoria Beaumont, directora de la Fundación Politopedia, mencionó que "el impacto concreto para las aseguradoras es que esta devolución puede ascender a unos US$700 millones. Suficiente para repetir el escenario de incerteza financiera que ya se produjo con el segundo fallo de la Corte".
"La condena a muerte de las isapres, que tanto puede alegrar a algunos, será la caída del sistema completo, pues se suma a las graves falencias de gestión del sistema público que hoy lo tienen con un histórico nivel de listas de espera y las deudas millonarias del Estado con los prestadores privados. Este escenario abre un futuro muy incierto para todos los chilenos", aseveró Beaumont.
