La ONG ambientalista
Greenpeace manifestó una serie de cuestionamientos a la reforma para enfrentar la "permisología", cuyo contenido fue anunciado ayer por el Gobierno.
"Nos preocupa que estos anuncios se hicieran justo después de las reuniones que seis ministros de gobierno tuvieron con representantes de la industria como es el caso de la industria salmonera, a espaldas de la ciudadanía, y esto no hace más que levantar dudas y sospechas. Estas reformas fueron hechas a la medida de la industria para facilitarles la inversión en desmedro del cuidado medioambiental", comenzó señalando la organización a través de un comunicado.
Agregó que " también nos hace preguntarnos si esta reforma en vez de destrabar trámites lo que busca es reducir la protección del medioambiente, y la sospecha tiene asidero en estas negociaciones que el gobierno realizó al margen de la ley, buscando beneficiar a los privados en desmedro de las comunidades y el medioambiente y cuyo contenido es desconocido para la mayoría de las y los chilenos".
"Nos preocupa también algunas de las informaciones que hoy han circulado, referente a que autorizaciones que tienen que hacer algunos organismos del Estado serían reemplazadas por declaraciones juradas de las empresas, en un contexto donde tenemos un historial de empresas que no cumplen la ley, que ocultan información, que mienten. Es cosa de ver la cantidad de denuncias en la Superintendencia de Medioambiente", subrayó Greenpeace.
En ese sentido, aseguró que "se ha instalado esta idea errada de que por la permisología en Chile es muy difícil obtener los permisos, donde la verdad es que tenemos todo el país, de Arica a Magallanes, repleto de proyectos de inversión de los más diversos sectores productivos, de cordillera a mar".
"Por supuesto que estamos de acuerdo con la modernización del Estado, con reglas claras, pero no solamente para los privados. Hoy son muchas las comunidades que tienen dificultad en acceder a la justicia ambiental y que no tienen claros los procedimientos cuando los procesos de evaluación no se hacen adecuadamente. Entonces, por qué decidir hacer algo solo mirando a las empresas y no mirar también qué pasa con la sociedad civil, la comunidad afectada, los vecinos y vecinas", complementó.
Por último, la ONG enfatizó que "nos genera mucha desconfianza la forma que está actuando el gobierno, y tenemos que entender que cualquier escenario de entregar certezas en términos de desarrollo y económicos tiene que ser dando certezas de la protección del medioambiente. Hoy en día, las actividades económicas son tremendamente vulnerables a la crisis climática y ecológica que estamos viviendo. Y el reducir esa vulnerabilidad no la vamos a conseguir de la mano de reducir la protección del medioambiente".
"Actualmente, cualquier país que quiera avanzar de manera correcta, tiene que ser de la mano de la protección de los ecosistemas. Acá las prioridades se tienen que poner en la protección de las personas, de las economías locales, de un desarrollo que sea sostenible", cerró.
