Son siete los ejes que tiene el proyecto de ley de cumplimiento de obligaciones tributarias que presentó esta mañana -sin invitados ni ministros o subsecretarios acompañándolo- el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y que buscar recaudar 1,5% del PIB, siendo el insumo principal para subir la Pensión Garantizada Universal (PGU) en diciembre.
Por lo mismo, se trata de una iniciativa que está fuertemente ligada al proyecto de reforma al sistema de pensiones que vive horas de definiciones en la Cámara de Diputados.
El objetivo de este proyecto tributario es combatir la elusión y evasión, propuesta que formó parte del proyecto de reforma tributaria rechazado en marzo de 2023 y un punto clave en el pacto fiscal que actualmente promueve el Gobierno. Así, según la cartera, los recursos que provengan de esta iniciativa, se podrá financiar más de la mitad de los compromisos establecidos en el pacto, como el aumento de la PGU a $250.000, incrementar el financiamiento para seguridad pública, reducir los tiempos de espera en salud y desarrollar un Sistema Nacional de Cuidados.
Del 1,5% del PIB que se espera que recaude este proyecto, un 1,2% se destinará a solventar el aumento de la PGU, mientras que el restante 0,3% financiará un aumento respecto del nivel de gasto para la seguridad ciudadana.
Puntos clave
Uno de los puntos que destacó el jefe de la finanzas públicas, tiene relación con la flexibilización del levantamiento del secreto bancario en el marco de las indagaciones tributarias.
Su funcionamiento actual es que la administración tributaria es la que tiene que argumentar ante un tribunal la necesidad de levantar el secreto bancario. Pero con este proyecto, será el contribuyente quien tendrá la responsabilidad de fundamentar ante la justicia su oposición a que el SII acceda a su información financiera.
La iniciativa, además, contempla la figura del "denunciante anónimo", un mecanismo que busca reforzar la persecución de los delitos tributarios, acompañado también de sanciones para quienes realicen falsas denuncias.
Con esto, se busca homologar experiencias implementadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en que hay una figura de la delación compensada para delitos contra la libre competencia o en el mercado financiero.
También se impulsarán medidas como modificar el delito que sanciona el comercio clandestino y obligar a bancos e instituciones financieras a alertar cuando un contribuyente reciba más de 50 transacciones de distintas cuentas en un mes.
Asimismo, el Ejecutivo busca mejorar la norma general antielusiva, permitiendo una mejor aplicación e interacción con normas especiales antielusión. Con esto, el SII tendría la facultad de abrir un caso de norma atielusión, pero antes debe consultar a una instancia técnica de siete integrantes que emitirán una opinión sobre esa conducta y la acción que realizará el SII.
Esto último es considerado dentro de los puntos más controvertidos, ya que entregaría al SII la facultad de calificar los actos económicos como elusivos, en lugar de los tribunales tributarios y aduaneros.
La mirada de los expertos
Pablo Quezada, Socio de Tax Controversy en Deloitte dijo a Emol sobre la flexibilización de secreto bancario y denunciante anónimo que ambas propuestas "recogen buenas prácticas a nivel internacional".
En cuanto al denunciante anónimo tributario, Quezada explicó que "esta figura existe en Estados Unidos, con gran éxito en términos de recuperación de los impuestos evadidos, por lo que merece evaluarse objetivamente, sin perjuicio de establecer sanciones más drásticas para desincentivar las denuncias de mala fe o que tengan el solo ánimo de perjudicar a la empresa o a sus ejecutivos".
"Lo que se debe garantizar es que el derecho del contribuyente de oponerse al requerimiento del SII sea lo más expedito posible, sin trabas que lo hagan impracticable o engorroso"
Pablo Quezada, socio de Tax Controversy en Deloitte
Respecto al secreto bancario, sostuvo que "el estándar OCDE es que la autoridad tributaria puede acceder a la información bancaria de los contribuyentes sin necesidad de una autorización judicial previa, motivo por el cual no se observan razones de peso para que Chile no se ajuste a dicho estándar".
En todo caso, dijo, "lo que se debe garantizar es que el derecho del contribuyente de oponerse al requerimiento del SII sea lo más expedito posible, sin trabas que lo hagan impracticable o engorroso".
Mientras que Pilar Cabello, socia de auditoría tributaria de Cabello Abogados, consideró positivo que se busque agilizar o flexibilizar las actuales medidas.
"Me parece bien que se busque agilizar o flexibilizar las actuales medidas, pero preocupa el detalle de la norma, porque podría generarse una desigualdad si algunos contribuyentes no tienen los medios para realizar acciones judiciales y quizás no sean esos los más relevantes en la persecución del delito"
Pilar Cabello, socia de auditoría tributaria de Cabello Abogados
Sin embargo, le preocupa "el detalle de la norma, porque podría generarse una desigualdad si algunos contribuyentes no tienen los medios para realizar acciones judiciales y quizás no sean esos los más relevantes en la persecución del delito".
Más tajante fue Álvaro Moraga, abogado tributario de Moraga y Cía, quien si bien destacó el control a la informalidad, las facultades a la defensoría del contribuyente y la facilitación de la regularización de las obligaciones tributarias, manifestó que "todo lo demás genera preocupación".
Y destacó: "la flexibilización del secreto bancario y la figura del 'denunciante anónimo'. Recordemos que el SII es un órgano con superiores políticos, y que en los últimos meses ha mostrado que no está exento de corrupción interna".
Avance en el Congreso
Marcel aseveró que el texto será ingresado la próxima semana, antes del receso legislativo en el Congreso. Y espera que después de aquello comience su tramitación, siendo mayo un mes al que aspira que esté visado.
Sin embargo, los expertos proyectan que algunos puntos van a impedir su avance. Por ejemplo, Quezada planteó que "debería avanzar rápido las medidas contra la informalidad, el fortalecimiento del rol de la Defensoría del Contribuyente, y la flexibilización de los requisitos para que las pymes puedan acceder a convenios de pago con la Tesorería".
"Dentro de los puntos que podrían trabar la discusión, podemos mencionar la aplicación administrativa de la Norma General Antielusiva (NGA) por parte del SII, la creación de la figura del denunciante anónimo para delitos tributarios y las modificaciones al procedimiento para el levantamiento del secreto bancario
Pablo Quezada, socio de Tax Controversy en Deloitte
Y en cuanto a los puntos que podrían trabar la discusión, el socio de Tax Controversy en Deloitt consideró que podría ser "la aplicación administrativa de la Norma General Antielusión por parte del SII, la creación de la figura del denunciante anónimo para delitos tributarios y las modificaciones al procedimiento para el levantamiento del secreto bancario".
Mientras que Moraga enfatizó en que "esperemos que no avance y que el Gobierno no comience por las sanciones, sino que presente un plan integral de incentivos tributarios que ayuden a que de una vez por todas haya un ambiente que permita el crecimiento perdido hace 10 año".
"Esperemos que no avance y que el Gobierno no comience por las sanciones, sino que presente un plan integral de incentivos tributarios que ayuden a que de una vez por todas haya un ambiente que permita el crecimiento perdido hace 10 año"
Álvaro Moraga, abogado tributario de Moraga y Cía
"Precisamente cuando la Presidenta Bachelet impuso una reforma tributaria desastrosa, y que como tal no generó más recaudación. Este anuncio, y su puesta en escena, son una falta de respeto a los empresarios, que son los que generan la recaudación. El Estado solo gasta, y gasta muy mal. La caridad debe partir por casa", añadió.
Con una mirada opuesta, Cabello sostuvo que "es un proyecto que contiene propuestas que podrían permitir avanzar notablemente en mejorar la recaudación, espero que el Congreso rápidamente lo discuta, analice y aprueben para pronta aplicación".
Aspectos destacados por los expertos
Con todo, hay otros aspectos que los expertos tributarios valoraron del proyecto.
Por ejemplo, Cabello resaltó que "se genere especialmente un proyecto de cumplimiento tributario, en especial que los entes fiscalizadores tengan más facultades legales y herramientas para fiscalizar. Hemos visto como ciudadanía los miles de millones que no se han recaudado por grupos que se han unido para evadir o eludir impuestos".
También destacó que "se generen medidas para que los contribuyentes que han cumplido normalmente el pago de impuestos y que por problemas causados por las últimas dificultades puedan regularizar sus deudas".
Por su parte, Moraga valoró "el control a la informalidad, las facultades a la defensoría del contribuyente y la facilitación de la regularización de las obligaciones tributarias".
"Se generen medidas para que los contribuyentes que han cumplido normalmente el pago de impuestos y que por problemas causados por las últimas dificultades puedan regularizar sus deudas"
Pilar Cabello, socia de auditoría tributaria de Cabello Abogados
Mientras que Quezada remarcó que "las medidas para combatir la informalidad como la obligación de exigir inicio de actividades por parte de ciertas entidades, por ejemplo por las plataformas virtuales de ventas y servicios a terceros".
Asimismo, la aplicación administrativa de "la Norma General Antielusión por el SII contemple la participación de un comité técnico independiente, en línea con el estándar que se aplica en Reino Unido, y la nueva ventana para la regularización de capitales en el exterior y para poner término anticipado a juicios tributarios".
