Una condonación universal del CAE es imposible. Ese es el diagnóstico común tanto entre los expertos como en el Gobierno, que espera presentar una propuesta relativa al crédito estudiantil en septiembre. Y es que los números -de darse ese escenario- serían astronómicos: perdonar la totalidad de la deuda costaría US$11.270 millones; es decir, un 3,7% del PIB, según un informe del centro de estudios Horizontal, ligado a Evópoli.
Esto equivale, según explica Juan José Obach, director ejecutivo de la entidad, a 7,5 veces la deuda total de las Isapres, a 6 líneas de metro, similares a la 9, y a 14 veces todo el presupuesto para la reactivación educativa.
Pedro Villarino, investigador de Faro UDD, grafica las cifras también de manera contundente. "El programa anual de alimentación de la Junaeb es de mil millones anuales, por lo que la condonación, que beneficiaría al millón de deudores, de los cuales 500 mil son morosos, equivaldría a una década de alimentación para los niños chilenos", explica.
La imposibilidad para avanzar en una condonación a todos los deudores queda demasiado a la vista. Y tiene al Ejecutivo buscando alternativas. Por ahora, según constató Ex-Ante, se estaría explorando una suerte de impuesto al trabajo para los egresados de universidades que no tengan gratuidad. Sería similar -dice el medio citado- a lo que hoy es el impuesto a la renta, es decir, progresivo. Esto, sin embargo, implicaría un efecto negativo sobre el mercado laboral, según algunos análisis.
A esa propuesta, se suman otras alternativas, que se han barajado en informes o círculos académicos. Una de ellas es acotar mediante algunos criterios el universo de condonados, lo que también implicaría un elevado gasto para el fisco. Otra, el de apuntar a carreras puntuales, como las pedagogías.
Las diversas opciones, sin embargo, derivan en otros problemas, como el de los incentivos o el de la justicia. Y es que algunos ya han comenzado a lanzar críticas apuntando a la situación en la que quedarían quienes sí decidieron pagar la deuda contraída.
"¿Le van hacer un ‘perdonazo’ a la gente que no pagó ,pero la que sí pagó, que se jodan? Me parece inmoral", señaló ayer al respecto el economista y militante socialista Óscar Landerretche, en Radio Infinita.
Los duros cuestionamientos al impuesto a egresados
El impuesto a los graduados estuvo en el centro del debate hace poco menos de una década, cuando en el segundo Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se discutió un eventual financiamiento de la educación superior gratuita mediante dicho mecanismo.
El doctor en economía de la Universidad de Chicago, Sergio Urzúa, junto a su par Ricardo Espinoza, analizaron en 2015 dicha propuesta. Una de las conclusiones a la que llegaron es que implicaría "un sinnúmero de problemas conceptuales y prácticos".
"Se generaría un descalce temporal de los gastos e ingresos. Por una parte, los recursos frescos comenzarían a percibirse recién en varios años mediante los impuestos de la primera generación de graduados. Esto generaría obligaciones considerables, pues sería necesario esperar que el número de profesionales beneficiados con la gratuidad (futuros contribuyentes) fuese suficientemente alto para que el sistema se autofinanciara", dice el documento.
Asimismo, agrega que "el impuesto específico a los graduados generaría una serie de incentivos indeseados que no tienen fácil solución. ¿No fomenta la idea del impuesto la deserción en el último semestre?, ¿no se traspasaría parte del impuesto a los empleadores? Y, de ser así, ¿por qué no buscar a profesionales extranjeros?".
El estudio de los economistas, por último, concluye que "para más de dos tercios de los alumnos la propuesta es financieramente poco conveniente y estarían mejor financiando sus estudios mediante un crédito estudiantil a una tasa de mercado. Así, un impuesto solo beneficiaría a un sector muy específico del alumnado: aquellos que estudian carreras largas, costosas y con bajas proyecciones salariales".
Si bien el estudio de Urzúa y Espinoza se publicó en 2015, muchas de las observaciones que hacen, hoy, se repiten. José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto Res Publica plantea que un impuesto a los egresados "es una alternativa mucho peor que el CAE. Uno es un crédito contingente al ingreso, que tiene un plazo máximo de pago y un monto definido; en cambio un impuesto no tiene un plazo máximo de pago ni tampoco tiene un monto definido".
Así, ejemplifica que "podría darse el escenario de que alguien que pasó por la educación superior esté 40 años de su vida laboral pagando por lo que estudió en 5".
Juan José Obach, de Horizontal, en tanto, explica que "la idea de un impuesto específico es discriminatoria, inconstitucional -porque los impuestos no pueden tener afectación específica- e impone costos adicionales sobre un mercado laboral que todavía está debilitado".
¿Acotar el universo de condonación?
Entre las posibilidades que se han analizado para una eventual condonación del CAE se encuentra también el acotar el universo de beneficiarios. Sin embargo, esta propuesta también genera críticas. A ojos de varios, seguiría siendo caro. Además de injusto.
El mismo estudio de Horizontal que determinó que la conmutación universal de la deuda costaría US$11.270 millones, evaluó otros escenarios.
Así, concluyó que de apuntar a los beneficiarios que tengan una deuda que supera el valor inicial del crédito (522.104), el costo fiscal alcazaría los US$5.160 millones, es decir, un 1,7% del PIB. Mientras, si el escenario de condonación se enfoca en la deuda de aquellos con saldo remanente pre 2012 (343.025) el gasto estatal llegaría a los US$4.240 millones, equivalente a un 1,4% del PIB.
También, determinó que para la deuda de aquellos con garantía ejecutada (332.443), condonar tendría un valor de US$3.200 millones; 1,1% del PIB. Por último, perdonar la deuda de los que desertaron (176.289), el costo sería de US$1.240 millones, un 1,1% del producto.
"En cualquier escenario la condonación es una política altamente costosa y regresiva", dice el informe de la entidad. Y agrega: "La condonación de la deuda por criterios como la morosidad o garantía ejecutada puede inducir a incentivos perversos en quienes están pagando el crédito, además de ser injusto con quienes ya pagaron".
Esa misma crítica deslizó hoy Landerretche. Según explicó en Radio Infinita, "las personas que están hablando de condonar el CAE ¿pensarán que las personas que lo han pagado son personas millonarias? ¿personas que lo pasaron bien pagando durante años? Me parece inmoral que se le condone la deuda a personas que no han pagado un compromiso".
Por su parte, Juan Ortiz, economista senior del OCEC-UDP, explica que "limitar el espacio de condonación al final será una medida administrativa que discriminara a partir de un criterio el pago del crédito de los estudiantes, siendo esto altamente inequitativo".
En esa línea -y teniendo además en cuenta el alto gasto- señala que "el país tiene múltiples necesidades, el espacio de gasto fiscal es mínimo. Es solo recordar que en el escenario de mediano plazo del Informe de Finanzas Públicas se estiman déficit fiscales para el balance cíclicamente ajustado, en medio de una deuda bruta que se ubicaría en torno al 41% del PIB".
"Más que alternativas para condonar el CAE, la opción realista a nivel fiscal y responsabilidad con las personas que se encuentran al dia en sus pagos, y de aquellos que ya pagaron la totalidad del CAE, es ampliar el periodo de pago del mismo con el fin de reducir la carga mensual del mismo"
Juan Ortiz, economista senior del OCEC-UDP
Y agrega: "Más que alternativas para condonar el CAE, la opción realista a nivel fiscal y responsabilidad con las personas que se encuentran al dia en sus pagos, y de aquellos que ya pagaron la totalidad del CAE, es ampliar el periodo de pago del mismo con el fin de reducir la carga mensual del mismo".
Otra propuesta: Condonación a las pedagogías
Otra de las propuestas de la que se habla en los círculos económicos es la de aumentar el número de beneficiados a cambio de una condonación parcial y no completa del crédito. Aunque aquello, evidentemente, también tendría costos elevados.
Pero una última -quizás con algo más de apoyo- es aquella que apunta a carreras muy puntuales. Cecilia Cifuentes, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros ESE Business School, plantea que " uno podría agregar, por ejemplo, si dar una condonación a ciertas carreras que nos pareciera que son socialmente muy importantes. Y la primera que se me ocurre es la carrera de pedagogía".
En esa línea, dice que esto se podría llevar adelante tomando en cuenta que se trata de una profesión demasiado valiosa y necesaria y que "además sabemos que no tienen buenos ingresos cuando ya ejercen su profesión".
Por último, dice que "condonarle el CAE a una persona que estudió Derecho o que estudió Ingeniería Comercial, que estudió Medicina, no tiene ninguna justificación social, es una tremenda injusticia".
"Hay otras prioridades"
Apenas el ministro de Hacienda, Mario Marcel, habló de la propuesta de condonación del CAE, muchos apuntaron a que el país tenía otras prioridades. Se trata de un cuestionamiento que se repite.
"Considerando las urgencias del sistema educativo, no parece razonable impulsar alternativas que impliquen condonación. Tampoco es adecuado que el Gobierno persevere en la estrategia de realizar promesas generales, ya que esto solo aumenta la incertidumbre e inhibe el pago", explica José Manuel Astorga, experto en educación de Pivotes.
"En pleno proceso de recuperación educativa post pandemia, parece central enfocar los esfuerzos fiscales en necesidades urgentes cómo cubrir la demanda de matrícula, recuperar los aprendizajes, promover la buena convivencia y la salud mental de los estudiantes, en todos los niveles y modalidades educativas", añade también.
En tanto, Obach plantea que "poner el CAE sobre la mesa evidencia una falta de foco en las prioridades. El Gobierno debería estar preocupado de la reactivación educativa, la calidad en la sala de clases y de la educación temprana".
Por último, Rodrigo Montero, decano de la facultad de administración y negocios de la Universidad Autónoma, dice que " el costo es significativo y también tenemos que tomar en cuenta el costo de oportunidad, es decir, si es que lo más razonable es destinar estos recursos a financiar una condonación, o más bien podríamos encontrar un mejor uso alternativo para estos recursos".
"Aquí sin duda hay una lista de otros proyectos que podrían ser financiados", concluye.
