Siguen las controversias en el marco de la ley de "40 horas", puntualmente producto de las diferencias que mantiene el mundo empresarial con la autoridad respecto a la interpretación de la normativa que reduce, de forma gradual, la jornada laboral en Chile y que en abril pasó de 45 a 44 horas semanales.
Esta mañana la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) presentaron sus respectivos recursos de reconsideración dirigidos al Director del Trabajo, cada uno a cargo de distintos abogados especializados en la materia.
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El objetivo de dichos recursos es pedir una aclaración del dictamen emitido por la Dirección del Trabajo (DT) que restringe la posibilidad de que trabajadores y empleadores puedan pactar que el trabajador quede exento de tener que someterse al control de horario", señalaron los gremios en un comunicado conjunto.
En el marco de la implementación de la ley, el 6 de febrero pasado la DT se pronunció a través del Dictamen N°84/04 respecto de la aplicación del inciso 2° del artículo 22 del Código del Trabajo, que establece quiénes están excluidos de la limitación de la jornada de trabajo, dada la naturaleza de sus funciones. "Sin embargo, en su dictamen, la autoridad fiscalizadora señala que, en la medida que exista la posibilidad de registrar la asistencia por cualquier medio, en especial los digitales, sería suficiente antecedente para considerarse como trabajador con jornada, dejando este derecho sometido a un asunto tecnológico y no a la naturaleza de la función", indicaron los gremios.
Por lo mismo, subrayaron que "el dictamen ha generado preocupación en empresas de distintos rubros, tamaños y ubicaciones geográficas, pues pasaría a llevar el derecho a no tener horarios específicos que hoy tienen quienes lo han pactado con su empleador, porque se ajusta a la forma como ejecutan su trabajo y a las necesidades tanto de los trabajadores como de las empresas".
"La exención de control obligatorio está dada por la naturaleza de las funciones y las responsabilidades que de ellas emanan, de modo que impedir dicha flexibilidad afectaría tanto a las personas como al funcionamiento y productividad empresarial", acotó el comunicado.
También manifestaron que "la realidad del mundo laboral deja en evidencia que las personas quieren empleos más flexibles, trabajar desde sus casas y poder conciliar familia y trabajo; todo de común acuerdo con el empleador. Pero el dictamen va en el sentido contrario: restringe la libertad y la posibilidad de acuerdos, y no reconoce la realidad de un mundo del trabajo moderno, tecnologizado, diverso y flexible".
"Nos parece fundamental mantener los principios que están en el origen de la normativa-acordada transversalmente desde el punto de vista político y social-, como son la flexibilidad y las relaciones laborales construidas sobre la base de la confianza y el diálogo entre las partes", cerró el documento.
