Hoy la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Aysén - a eso de las 15.00 horas- dará respuesta al recurso de reclamación presentado por las comunidades huilliche Antünen Rain y Pu Wapi, que pide revisar la decisión de la entidad de rechazar la solicitud de acceder a la entrega de más de 600 mil hectáreas de mar a administración de comunidades indígenas.
En concreto, la solicitud, que se rechazó en febrero, se hizo bajo el mecanismo de la polémica "Ley Lafkenche". Esta normativa permite que Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (Ecmpo) se entreguen por un tiempo indefinido en administración a una comunidad o asociación de comunidades indígenas.
Esto, siempre y cuando no existan derechos constituidos por terceros en dicha área y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) verifique los usos y costumbres alegados.
Hoy, en la antesala de la revisión de la solicitud, la Región de Aysén vuelve a tensionarse. Esto, debido a lo que podría significar para la economía regional la entrega de las tierras a las comunidades, cuestión que ya generó debate cuando la Crubc estudió la primera solicitud.
Y es que por esos días, entre los opositores manifiestaban que una eventual aprobación impactaría negativamente sobre la economía de la región y que el proceso se llevó a cabo a espaldas de la ciudadanía. Mientras, quienes estaban a favor, señalaban que la normativa no afectaría la actividad y que, de hecho, habían antecedentes que daban cuenta de eso.
Parlamentarios "Esperamos que se rechacen nuevamente"
Entre los parlamentarios de la región existe preocupación. La diputada Marcia Raphael (RN) señala en torno a lo que ocurrirá hoy que "claramente tensionan las relaciones ya que esto se votó y fue rechazado en una oportunidad y por una alta mayoría".
Añade, en esa línea, que "desde un inicio fue una solicitud engorrosa y la justificación de quienes votaban para hacerlo en contra de la solicitud, fueron muy claras".
Sostuvo, asimismo, que "la expectativa es que prime el
sentido común frente a una solicitud de más de 600 mil hectáreas de borde costero a un grupo reducido de personas que no cuenta ni con un plan de manejo ni menos de administración".
En tanto, el también diputado de la zona, Miguel Ángel Calisto (Ind. Demócratas) señala que "esperamos que las solicitudes se rechacen nuevamente, hemos tomado conocimiento en los distintos territorios del litoral de nuestra región, de las denuncias por ciertos vicios en el procedimiento que pudieron haberse previsto desde el gobierno regional".
Agrega, también, que "esta problemática debiese abordarse de cara a la ciudadanía, con consultas y procedimientos transparentes, pero sobretodo con el reforzamiento de instituciones de fiscalización en el correcto ejercicio de la ley Lafkenche".
"Nosotros recibimos estas reclamaciones que fueron presentadas, tenemos un plazo de 30 días para poder pronunciarnos. Convocamos de manera inmediata a la Crubc para que pueda pronunciarse en ese sentido", explicó la Gobernadora Regional de Aysén, Andrea Macías.
Multigremial Nacional: Aprobación significaría paralización de diversas actividades
La Multigremial Nacional también se manifestó en relación a lo que ocurrirá hoy. Advirtió, así, que una aprobación significaría una nueva paralización de diversas actividades que se desarrollan en el litoral de Aysén, afectando solo a 120 pymes y 8.000 empleos.
"Las solicitudes ECMPO ponen en riesgo el 25% de la producción nacional del salmón, junto con afectar las actividades portuarias, pesca industrial y artesanal, además de obras públicas, lo que provocaría paralizaciones de proyectos y tramitaciones por sobre una década", dijo el presidente del organismo, Juan Pablo Swett.
"Reiteramos lo que argumentamos en febrero, cuando se rechazó categóricamente esta solicitud. Nos parece inexplicable que se quiera entregar 15 millones de metros cuadrados de mar a sólo 40 chilenos de comunidades indígenas", añadió además.
Desde el organismo también critican el rol que han tenido las ONGS en este conflicto, señalando que organizaciones como Terram y el Observatorio Ciudadano cuentan con financiamiento internacional y no le toman el peso a la conflictividad regional y el rezago en sectores aislados que deja este tipo de afectaciones.
