La fuerte alza de las contribuciones en el país se ha transformado en un fuerte dolor de cabeza para adultos mayores que se han visto impedidos de hacer frente a un gravamen que amenaza con despojarlos de sus hogares que, en algunos casos, representa la historia de toda una vida.
Las contribuciones son impuestos que deben pagar los propietarios de bienes raíces cuya tasación fiscal supere un cierto umbral. Actualmente el monto exento para bienes raíces con destino habitaciones es de $55 millones. Y pese a que la gran mayoría de las propiedades en el país no está sujeta a este gravamen, algunos adultos mayores que antes no pagaban este impuesto han visto como la tasación fiscal de sus viviendas ha ido subiendo constantemente debido a diversos factores, entrando al universo afecto a contribuciones o sufriendo una importante subida de estas.
Si bien existe un beneficio para personas vulnerables de la tercera edad que incluso puede implicar la rebaja del 100% de este impuesto territorial, este tiene límites relacionados a ingresos y valor de la propiedad que para algunos son considerados demasiado bajos.
Según el SII, los adultos mayores que tengan ingresos anuales inferiores a 13,5 UTA (Unos $10 millones al año) pueden acceder a un descuento del total de sus contribuciones siempre que su vivienda tenga un avalúo fiscal inferior a los $207 millones.
Mientras que si sus ingresos son superiores a 13,5 UTA e inferiores o iguales a 30 UTA (Unos $23 millones al año), se puede optar por una rebaja del 50% de las contribuciones.
Fuerte alza
Con todo, el alza que han sufrido adultos mayores en sus contribuciones les ha golpeado con fuerza. Y es que en el sector oriente de la capital hay saltos que superan ampliamente el 100% en los últimos cuatro años.
Así lo reveló un estudio de BMI Servicio Inmobiliarios -ligado al grupo Banmerchant- que levantó el valor promedio de las contribuciones semestrales de 2020 (pesos nominales) y 2024, considerando la última actualización realizada por el Servicio de Impuesto Internos (SII).
A nivel nacional, solo la Región Metropolitana registra más del 30% de los hogares afectos a este impuesto. Exactamente en la capital, el 32,61% de los inmuebles paga contribuciones, es decir, uno de cada tres. Ello se explica porque el monto exento de impuesto para los bienes raíces no agrícolas destinados a la habitación es hoy de $55.514.644.
En la capital existen ocho comunas donde más de la mitad de los hogares pagan contribuciones. Estas son: Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Providencia, La Reina, Ñuñoa, Pirque y San Miguel.
El monto promedio de las contribuciones en la RM en el primer semestre de 2024 fue de $395.479, cantidad 36,47% superior al del 2020. según BMI.
Al revisar las comunas donde más subió el pago del gravamen, destaca Vitacura, que casi triplicó el monto de la contribución promedio semestral en el periodo analizado. En 2020 la media era de $389.623 y ahora es de $1.149.493, un alza de 195,03% en el periodo.
Relatos: "Aumento de 8.000%"
María Eugenia Gajardo, en una carta a El Mercurio, sostuvo que en mayo pasado vio un aumento de 8.000% de las contribuciones que sufrió su terreno en la comuna de Padre Hurtado. Ello, luego de que en 2021, el SII decidió recalcular su avalúo fiscal cambiando además su destino desde agrícola a habitacional.
Asimismo, Patricio Martínez contó la situación de su casa en La Reina adquirida por su familia hace 82 años. Según señaló -también en una carta a El Mercurio- en 2014 cada cuota de contribuciones era de $331.314, "sin embargo ahora como jubilados tenemos una deuda de $14.074.791 por no poder pagar las contribuciones ya que cada cuota ha aumentado a $1.488.559, más de cuatro veces su valor en pesos".
Al respecto, Leopoldo Jaime Bourgademi, señaló -por el mismo medio- que su caso es muy similar. "Soy jubilado de 94 años. Mi señora falleció hace tres años de covid. La casa está a nombre de ella porque la heredó de su padre. Ahora es de la sucesión, parte de la cual sigue viviendo en ella desde el año 1948 en La Reina", dijo.
Y profundizó que la casa fue construida por su padre, que "era empleado particular, con un préstamo de la caja de previsión a 30 años plazo".
"Se pagan cuatro cuotas anuales de bienes raíces de $917.953 cada una, son $3.670.372 en total. El año 2014 la cuota era de $273.578. Termino como el señor Martínez. Es trágico y triste lo que nos está afectando", finalizó.
A su vez, Eugenio Benítez, sostuvo que "las quejas entre quienes pagan contribuciones se multiplican en todos los sectores, lo que evidencia un problema al momento de fijar los avalúos fiscales por el SII".
Por la misma vía, Florencia Larraín, se sumó a la inquietud y dijo que resulta "especialmente anómalo el hecho de que, a diferencia de todas las actuaciones del SII, estas resoluciones no contienen fundamentos que permitan al contribuyente comprender los criterios que se tuvieron en consideración al momento de determinar el avalúo fiscal".
Y finalizó con que "elocuentes ejemplos de alzas desproporcionadas e injustas se han publicado en esta tribuna (cartas a El Mercurio), esperemos que no se transforme en la única alternativa para reclamar".
La solución que plantea Ramos
Frente a este concierto de voces que manifestaron lo que hoy golpea más sus bolsillos, el economista y profesor de la U. de Chile, Joseph Ramos, planteó una posible solución.
A través de una carta a El Mercurio, sostuvo que "muchos jubilados se quejan y con razón de que no se pueden pagar sus contribuciones de bienes raíces porque su pensión no les alcanza, por tanto se ven obligados a mudarse de su casa de toda una vida y venderla para pagar las contribuciones, lo cual es evidentemente duro para ellos".
Por eso, dijo que "una solución simple para este problema es que los jubilados tengan la opción de no pagar las contribuciones pero a condición de que cuando ellos o sus herederos la vendan se deba pagar el total de contribuciones adeudadas en UF a una tasa de interés similar a la que el fisco paga por endeudarse (hoy día una tasa del orden de UF más 4% o 5%".
"De esta manera nadie pierde. Los jubilados no estarán forzados a pagar sus contribuciones ya, y el fisco recibirá lo que le corresponde", finalizó.
¿Qué dicen otros expertos?
Para Cecilia Cifuentes, economista y directora del Centro de Estudios Financieros ESE Business School, esto es "una demostración de los problemas que tienen a veces los impuestos patrimoniales".
Esto, según explicó, porque está establecido en la Constitución que los impuestos tienen que estar vinculados a la capacidad de pago "y cuando uno pone impuestos patrimoniales a bienes inmuebles, no necesariamente quedan vinculados a la capacidad de pago".
Por eso, señaló que "puede pasar perfectamente con la situación de los adultos mayores que además se ve agravada por el muy significativo aumento que han tenido las contribuciones en los últimos años". Por eso, considera que la idea de Ramos "es muy razonable y creo que no costaría mucho implementarla".
Sin embargo, planteó que "un requisito importante sería establecer esa condición que el Estado tiene que estar dispuesto a comprar las propiedades al valor que les establece que es el valor que tienen".
En tanto, Juan Ortiz, economista senior del OCEC-UDP, considera que "este tipo de contribución que en la práctica es un impuesto al patrimonio, no debería existir en el caso de la vivienda de uso".
Según explicó, ya que las personas "están sujetas a impuestos sobre su ingreso o renta (impuesto sobre el flujo de recursos), las cuales son para de la fuente de financiamiento para la adquisición de vivienda, en la práctica es pagar un arriendo de por vida al Estado por algo que es, en teoría, propiedad de la persona".
Para Ortiz, al resguardar la propiedad "se permite reducir la incertidumbre de las personas por esta obligación financiera, mientras que permite que cuando el activo se venda ya sea por la persona o sus herederos, con el ingreso por la venta se liquide la obligación con el fisco".
"Es decir, la base para el pago de la contribución ya no es el ingreso de la persona mayor de edad sino, el valor de mercado del inmueble. Sería una gran iniciativa que esta opción se materialice", acotó.
Sin embargo, concluye que "evidentemente para el fisco en el corto plazo, sus ingresos se reducirían ya que el pago de la contribución no sería un flujo de cuatro pagos en el año para este grupo, sino que sería contingente a la venta del inmueble en el tiempo".
"El problema práctico es que este sería un incentivo para no vender la propiedad, ya que, si el saldo de la deuda causada por la contribución aumenta en el tiempo, toda vez que el ingreso que se percibe por la venta se reduce por la cuenta por pagar al fisco. Quizás una forma de perfeccionar el instrumento es dejar esta como opción a la que actualmente opera", finalizó.
Parlamentarios
Desde el Congreso, parlamentarias e integrantes de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, solicitaron al Ejecutivo enviar un proyecto en esta materia.
Las diputadas Carla Morales (RN) y Catalina del Real (IND), solicitaron al Presidente, Gabriel Boric, enviar un proyecto de ley para que establezca el congelamiento del impuesto territorial de las propiedades de personas mayores, pensionadas o jubiladas, mientras viva en ella el titular o el cónyuge.
Del Real, expresó que "es urgente que el Gobierno tome razón de esta propuesta, porque hoy las personas mayores están enfrentando una compleja realidad por el alza en el costo de la vida y ahora lo que significa tener que dejar sus viviendas, por la imposibilidad de poder pagar el alto precio de las contribuciones".
Mientras que Morales, quien también presentó un proyecto de resolución en esta línea, sostuvo que "la exención de contribuciones territoriales para los adultos mayores con el objetivo de aliviar su carga financiera, es un acto de justicia social, reconociendo el aporte de los adultos mayores a la sociedad a lo largo de su vida y garantizando que no enfrenten dificultades económicas durante su retiro"
Por su parte, el diputado Frank Sauerbaum (RN) indicó que la propuesta de Ramos "hace un reconocimiento de que los adultos mayores no pueden vivir de su pensión y a la vez estar pagando contribuciones en muchos casos teniendo que deshacerse la propia propiedad para poder pagar estas contribuciones, descapitalizándolos y empobreciéndolos, y no reconociendo que es fruto del esfuerzo del trabajo de toda una vida.".
Por lo tanto dijo que es partidario de que "en la medida en que uno se va acercando a la edad de jubilación vayan disminuyendo progresivamente las contribuciones y no se transformen en un problema permanente para los adultos mayores que los vuelve a su estado de vulnerabilidad".
"Hay muchos adultos mayores que se deshacen del único activo que tienen que es su propia vivienda para no tener este problema del pago de contribuciones y los vuelve a tener viviendo con los familiares o pagando arriendo y nuevamente después de años de esfuerzo, vuelven a estar en situación vulnerable", cerró.
