La Moneda ha comenzado instruir una serie de medidas para enfrentar el ausentismo laboral en el sector público. Y es que este promedió, en 2023, 31,8 días, según cifras de la Dirección de Presupuestos (Dipres), números que se alejan de lo que ocurre en el mundo privado, donde, según un análisis del OCEC UDP de 2022, se encuentra en torno al 15%.
El detalle de la Dipres indica que de los 31,8 días de ausentismo en 2023, 22,3 días correspondieron a licencias médicas no parentales; 4,2 días a licencias y permisos parentales; 0,8 días a permisos sin goce de remuneraciones y 4,5 días a otros permisos pagados.
Las cifras excluyen a uniformados de las Fuerzas Armadas y de Orden, y son menores que las de 2022, cuando el indicador alcanzaba los 35,4 días hábiles no trabajados por funcionario.
Las medidas del Gobierno
El Ejecutivo ha tomado nota de esta realidad. Y hace algunos meses viene implementando una agenda para enfrentarla. En mayo, se dictó un instructivo por medio del cual se solicitó a los diferentes ministerios abordar el ausentismo laboral -excluyendo licencias médicas parentales-, con el objetivo de que prevalezca la responsabilidad fiscal y el uso eficiente de los recursos públicos.
En concreto, se instruyó que los servicios públicos no podrían solicitar incrementos de dotación en sus anteproyectos de Presupuestos 2025 cuando su nivel de ausentismo laboral asociado a licencias médicas no parentales en 2023 estuviera por sobre un 30% respecto del mismo dato en 2018.
Asimismo, se precisó que si dicho indicador se encontrara entre 15% y 30%, se autorizarán incrementos de dotación solo en el caso que el servicio considere en su Presupuesto de 2025 la implementación de un plan para abordar la reducción de ausentismo de su personal.
Esta semana también hubo lugar para una actividad en esa línea. La Dirección de Presupuestos (Dipres) realizó un taller que reunió a representantes de más de 50 servicios públicos y ministerios, con el apoyo de la Contraloría General de la República y de la Dirección del Servicio Civil, donde se presentaron la normativa e instructivos sobre la materia y se dieron a conocer iniciativas que se podrían implementar para enfrentar este desafío.
En la ocasión, se destacó que los niveles crecientes de ausentismo en el sector público, que corresponde a los días hábiles no trabajados por los funcionarios excluyendo períodos vacacionales, generan pérdidas que ponen en riesgo la calidad del servicio prestado a la ciudadanía.
