La Contraloría General de la República (CGR) entregó a fines de agosto un dictamen respaldando los criterios definidos por la Ley N° 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), con miras a garantizar la protección de la biodiversidad en Reservas o Parques Nacionales, así como también normar a distintas actividades económicas, como la salmonicultura, que se ejecuta en dichas zonas. La resolución del ente fue en respuesta a una solicitud realizada por los diputados Marcia Raphael y Mauro González; la directora ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel; y el presidente de SalmonChile, Arturo Clement, para exigir un pronunciamiento sobre la legalidad de una circular emitida por la Subsecretaría del Medio Ambiente en septiembre del año pasado. La cartera comunicó en ese entonces a distintos ministerios y servicios públicos sobre los efectos jurídicos de la ley en cuanto a los procedimientos para el otorgamiento de concesiones en áreas protegidas. El sector ha señalado que el impacto de esta normativa afectaría la renovación de las actuales concesiones y posibles reubicaciones de estas, perjudicando el crecimiento de la industria. La normativa establece que "sólo podrán ser objeto de concesiones aquellas áreas protegidas que cuenten con plan de manejo". Para otorgar una concesión, "se requerirá que el área cuente con un plan de manejo y que la respectiva actividad sea compatible con los objetivos de la categoría, el objeto de protección y el referido plan de manejo del área", señala la ley.
