La tarde de ayer la Comisión de Hacienda del Senado despachó el proyecto antievasión, tras cuatro meses de discusión. Durante ese periodo, el Gobierno debió negociar con la oposición y presentar una serie de indicaciones, que finalmente permitieron visar la iniciativa.
Hoy la propuesta será revisada por la Sala del Senado. El objetivo del Ejecutivo es que pase a la Cámara. De no ser así, el despacho quedaría para el regreso de Fiestas Patrias. Esto complicaría las aspiraciones de La Moneda de que la iniciativa se convierta en Ley antes del ingreso del presupuesto de 2025, que debe presentarse a más tardar el 30 de septiembre.
Los principales ejes
Uno de los ejes de la iniciativa, que fue visado ayer después de que el Gobierno ingresará modificaciones, es el del límite para el pago en efectivo. El texto que salió de la instancia contempla que las operaciones de compra y venta que superen las 50 UF ($1.899.848) y hasta las 135 UF ($5.102.590) deben identificar al pagador, mediante resolución, o en una factura afecta o exenta. Asimismo, la iniciativa contempla que por sobre las 135 UF no se podrá pagar con efectivo.
"En la práctica, no estamos limitando la compra en efectivo, solo estamos diciendo que de cierto monto para arriba tiene que identificarse al pagador", precisó durante la discusión la ministra subrogante de Hacienda, Heidi Berner.
Otro de los aspectos fundamentales que contiene la iniciativa tiene que ver con la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII). Durante la discusión se estableció que el cargo de director del SII y de los subdirectores queden afectos al segundo nivel jerárquico. Con esta modificación ya no será el Presidente de la República quien nomine de manera directa al jefe del servicio, pues este llegara por Alta Dirección Pública (ADP).
También se estableció la creación de un consejo tributario que asesorará al director y que será presidido por este. En él habrán cuatro consejeros, que durarán cinco años en sus cargos.
Uno de los ejes polémicos, también en el proyecto, es el de la eliminación de la exención de IVA de 19% a las compras electrónicas transfronterizas de hasta US$41. A la vez, en todo caso, se acordó una nueva exención, para compras de hasta US$500, que elimina el pago del arancel por comercio exterior en intercambios hasta dicho valor.
La Comisión de Hacienda también visó cambios al secreto bancario y denunciante anónimo. Estos puntos fueron, quizás, lo más controvertido durante el debate.
Así, en relación al levantamiento del secreto bancario, el Ejecutivo presentó indicaciones que establecen que la medida se llevará a cabo vía judicial, pero con plazos acotados. De este modo, habrá fundamentalmente dos procedimientos. Uno será para delitos tributarios comunes y otro para delitos que impliquen cárcel, como narcotráfico, lavado de activos y otros.
En relación al denunciante anónimo, Hacienda propuso elevar los estándares a quien tenga ese carácter, así como también para el acceso a una recompensa por su aporte en una eventual investigación.
Se estableció, con esto en cuenta, que perderá la calidad de denunciante anónimo quien entregue información falsa, renuncie al anonimato o haga publicidad de su denuncia.
