Un nuevo frente se abre para el Gobierno. Esta vez, desde los funcionarios públicos, que agrupados en distintas asociaciones han levantado duras críticas y diversas demandas por la crisis de seguridad, promesas que consideran incumplidas e incluso las condiciones laborales.
En los últimos días, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Asociación Nacional de Funcionarios de Fonasa (ANAFF) y la Asociación de Profesionales y Técnicos de Fonasa (ANPTUF), manifestaron su molestia con el Ejecutivo y anunciaron una movilización. Esto por el compromiso que habría hecho el Gobierno para avanzar en la "Asignación de Fortalecimiento" en enero de este año y el cumplimiento del acuerdo protocolizado en relación al descanso reparatorio.
"Hoy día nos hemos enterado por parte de la jefa de gabiente de la ministra que ninguno de los dos proyectos ha sido tramitado ni está ni cerca de ser tramitado. Los únicos que hemos sido tramitados hemos sido nostros los dirigentes y trabajadores de Fonasa", dijo Felipe Tamayo, presidente de ANPTUF.
Agregó, a eso, y ante la posibilidad de que sigan migrando usuarios a Fonasa, que "no estamos disponibles para seguir recargando de trabajo a nuestros compañeros, con una dotación miserable de 1.100 trabajadores de dotación efectiva, que tenemos desde el año 2009".
En esa línea, sostuvo que "el Estado de Chile tiene una gran deuda con nosotros. Y también en especial esta ministra, que no nos ha recibido, nos ha tramitado. Y hoy día nos da, con este portazo en la cara, forzándonos a tomar medidas de presión".
El jueves, finalmente, trabajadores de Fonasa en varias regiones terminaron adhiriendo a un paro, que calificaron de advertencia.
Además de los trabajadores de Fonasa, la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) también ha manifestado críticas. Primero, por la situación de seguridad que vive el país y las balaceras a las que se han visto expuesto funcionarios de salud en las últimas semana.
La semana pasada, de hecho, la confederación convocó a un paro nacional. "El gran responsable de esta paralización de los trabajadores de salud primaria es el Gobierno", señaló la presidenta del gremio, Gabriela Flores antes de concretar la manifestación.
Habló, asimismo, de "promesas incumplidas", las que "nos presionan a manifestarnos a nivel nacional".
En los últimos días se sumó otra arista: Confusam no quedó conforme con el proyecto de ley para reformar el sistema privado de salud, que esta semana ingresó el Ejecutivo.
"El proyecto para modificar el sistema privado de salud no es en ningún caso la reforma a la salud que hemos reclamado por años, ya que se centra en el 15% de la población con mayores ingresos, dejando de lado a la inmensa mayoria", apuntó Flores.
Aseguró, en esa línea, que "que la prioridad debería estar puesta en impulsar un acuerdo transversal para fortalecer el sistema público de salud que atiende al 85%".
Como si todo esto fuera poco, la Asociación Nacional de Funcionarios de la Presidencia de la República (Anfupres) también se lanzó esta semana contra el Ejecutivo. Esto, luego del fallecimiento de Hugo Morales, trabajador de la sede de Gobierno que desempeñaba labores de gasfíter, y que se encontraba en funciones la madrugada de este sábado en Palacio cuando sufrió un ataque cardiaco.
"Don Hugo Morales, al igual que muchos otros funcionarios y funcionarias, desempeñaba su labor en jornadas laborales excesivas, sin el descanso adecuado, y sin la debida coordinación ni el personal suficiente para enfrentar las demandas del día a día", denunció la asociación.
Asimismo, explicó que se trata de una situación que "venimos denunciando de manera constante, no ha recibido hasta la fecha, una respuesta efectiva por parte de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República. Resulta inaceptable que el compromiso y la entrega de los trabajadores no se vean correspondidos con un entorno seguro y digno".
Los funcionarios terminaron exigiendo al Presidente Gabriel Boric pedir la renuncia de la directora administrativa de Presidencia, Antonia Rozas, quien aún no ha salido. De todos modos, se instruyó un sumario.
Otro frente lo protagonizaron los trabajadores agrupados en la Asociación de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (Anfusea), quienes se lanzaron en contra de la directora nacional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, por remover al director regional de Antofagasta, Ramón Guajardo, en medio de la polémica por el fallido proyecto de Colbún para levantar un planta de almacenamiento de energía renovable en Tatal, y que consideraba una inversión de US$1.400 millones.
También, aprovecharon de criticar duramente al ministro de Hacienda, Mario Marcel, producto de declaraciones críticas que deslizó en torno al caso, quien reprochó a la institucionalidad ambiental y aseguró que a algunos funcionarios a veces "se les pasa la mano".
"No aceptamos las declaraciones de autoridades de Gobierno, especialmente del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que ponen en tela de juicio el trabajo desempeñado por este servicio y todos sus funcionarios/rias, dando argumentos espurios respecto de las razones por las que este proyecto salió del proceso de evaluación por Término Anticipado y que, más bien, desconocen cómo funciona la institucionalidad ambiental y se dejan llevar por presiones que son ajenas al trabajo que realizamos", sostuvo la asociación de funcionarios del SEA.
Una "fuerte presión"
Según explica Marco Moreno, analista político y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, "de fondo también está el cómo mejoras tu pie de negociación para la disputa".
Así, dice que "las distintas asociaciones de funcionarios buscan mejorar sus condiciones. Y por lo tanto este es un momento electoral, político, donde se discute el tema del incremento en el sector público, las remuneraciones. Es ese el telón de fondo que hay que tener en cuenta".
"Normalmente -agrega- el actuar de las organizaciones de funcionarios públicos justamente aprovecha estas épocas del año".
Así, dice que "cuando hay una coyuntura, como la que estamos viviendo en el marco de la crisis de seguridad, son espacios para mejorar sus demandas, sus requerimientos".
Por último, explica que los funcionarios, para colocar en la agenda sus demandas, "hay una fuerte presión, porque entienden que es condición necesaria que el problema exista, pero no es suficiente".
