Un conflicto que no da tregua es el que protagonizan la concesionaria del centro gastronómico de BordeRío y la Municipalidad de Vitacura. Ambas partes están enfrentadas en tribunales por la extensión del contrato de la concesión, originalmente firmado en 1994.
La disputa se centra en la solicitud de Inmobiliaria e Inversiones Santa Mónica, concesionaria del lugar, de prolongar el contrato por 17 meses, producto de las pérdidas sufridas durante la pandemia.
El centro gastronómico BordeRío, ubicado en la ribera del río Mapocho, recibe cerca de 80.000 visitantes mensuales y cuenta con seis restaurantes y tres bares distribuidos en 5.500 metros cuadrados. La concesionaria alega que durante la pandemia no pudieron operar con normalidad y, por lo tanto, perdieron ingresos millonarios.
"Tuvimos que absorber gastos durante más de un año sin tener ingresos, ya que no les cobramos a los locatarios. Seguimos pagando luz, agua y contribuciones que son alrededor de $150 millones anuales", explicó a El Mercurio Julio Riutort, gerente general de la inmobiliaria. Ante la negativa del municipio de extender el contrato, la empresa demanda una indemnización de $500 millones en caso de no lograr la prórroga.
En junio de este año, el 11° juzgado civil de Santiago falló a favor de la concesionaria, extendiendo el contrato hasta julio de 2026. Sin embargo, la Municipalidad de Vitacura apeló en julio, impidiendo que el fallo sea definitivo. Desde el municipio aseguraron que están preparando las bases para una nueva licitación, en la que se incluirán propuestas para transformar BordeRío en un espacio que responda a las necesidades de los vecinos.
La concesión original otorgada a la inmobiliaria cubre un espacio de 3,88 hectáreas que fue recuperado de su estado previo como vertedero.
Según Riutort, "el valor que pagamos es exactamente lo que la base de licitación de ese entonces requería, cerca de 180.000 UF. Los concesionarios teníamos que construir toda la infraestructura, más la biblioteca y el parque".
No obstante, la relación con los vecinos se ha vuelto tensa, quienes han expresado su descontento con el uso comercial del área.
Así, en medio de la disputa legal, los vecinos del centro gastronómico están en desacuerdo con el rumbo comercial que tomó BordeRío después de la pandemia que, a su juicio, ha deteriorado el barrio.
"Es una situación compleja. Tenemos una zona comercial que funciona en un barrio completamente residencial, hasta altas horas de la noche, con un alto flujo de gente, lo cual molesta", cuenta Eduardo Pérez, representante de los vecinos de Calle Las Encinas y Dr. Alfredo Almeyda.
"La cantidad de gente que va a los restaurantes es mucho mayor que los estacionamientos disponibles. Eso significa un rebalse hacia los barrios interiores. Los martes, que es el famoso día de los descuentos, no puedo estacionar en la calle, ni tampoco algunas veces puedo sacar mi auto", agrega Pérez.
Al respecto, Gabriel Délano comenta que "lo lógico hubiese sido que se hagan un estacionamiento común en el gimnasio y que se pueda cobrar. De esta manera se limita mucho más su uso. La gente que va a subir al cerro o se va de viaje deja su auto acá, incluso a veces deja estacionados buses".
Entre 2022 y 2023, la Municipalidad de Vitacura organizó un proceso de participación ciudadana para abordar las preocupaciones vecinales. Los residentes enviaron una carta al municipio con demandas, entre las que destacan la petición de mayor seguridad, horarios más restringidos y la prohibición de nuevas construcciones.
"Tampoco queremos más discotecas, bares y restaurantes con cocina industrial, el lugar está colapsado", agregó Pérez.
Por parte de la concesionaria, Riutort se mostró dispuesto a llegar a un acuerdo para evitar prolongar el conflicto legal. "Hemos hecho todos los esfuerzos y hasta el momento no se ha podido llegar a acuerdo. Quisiera esperar que ese acuerdo llegue cuanto antes para tranquilidad de la inmobiliaria, pero sobre todo, también de los trabajadores y operadores", señaló. Asimismo, desde el municipio indicaron que cualquier posible acuerdo deberá ser aprobado por el concejo municipal.
Así, el futuro de BordeRío sigue siendo incierto, a la espera de que el conflicto judicial entre la concesionaria y la municipalidad se resuelva o se logre un acuerdo anticipado.
