El reciente dictamen de la nueva contralora general de la República, Dorothy Pérez, que cambió el criterio del principio de "confianza legítima", sigue desencadenando críticas del mundo político oficialista y de las centrales sindicales. También le abrió un flanco de conflicto al Gobierno
A las críticas de parlamentarios del Partido Comunista (PC), se sumó a los cuestionamientos el presidente de esa tienda, Lautaro Carmona, quien en radio Cooperativa tildó de "precarización absoluta" del empleo público dicho pronunciamiento de la contralora. En tanto, gremios de trabajadores como la CUT y la ANEF presentaron ayer un recurso de reconsideración para dejar sin efecto el polémico dictamen.
Al ser consultada por el nuevo criterio de la Contraloría y los reclamos de los funcionarios, la ministra del Trabajo y también militante del PC, Jeannette Jara, optó por cuadrarse con el dictamen y se desmarcó de la ofensiva de su partido. "Esto es algo que hoy excede nuestras facultades (...). Hoy no tenemos forma de intervenir en la facultad de la contralora, porque nuestra institucionalidad le da la autonomía para el ejercicio de su cargo", dijo.
También explicó el criterio de abstención del Ejecutivo en este conflicto. "Contraloría General de la República es un órgano autónomo constitucional, por tanto, actuando dentro de sus facultades la señora contralora ha dispuesto estas indicaciones, que lo que hacen es llevar a sede judicial temas que antes se resolvían en sede administrativa y podían pasar a sede judicial", dijo. Asimismo, sinceró que "cualquier medida que se tome hacia futuro, podría pasar eventualmente por cambios legales".
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