La Contraloría General de la República (CGR) sorprendió hace unos días al dictar una nueva jurisprudencia administrativa, que estableció que el principio de confianza legítima -de continuidad en el cargo- de los trabajadores a contrata del sector público ya no será una materia de revisión del ente fiscalizador, sino que quedará en manos de los tribunales de justicia. Esto puso en el debate la regulación y el estado actual que ostentan los funcionarios a contrata dentro de la administración pública. De acuerdo con cifras de la Dirección de Presupuestos (Dipres), en los últimos años los empleos a plazo fijo han experimentado un acelerado crecimiento en el Gobierno Central, aumentando en un 90% en la última década. Lo anterior, tras pasar de 144.449 en 2014 a 274.350 a junio de este año. De esta cifra, el 54% se concentra en el Ministerio de Salud.
