Los largos plazos y las bajas cuotas mensuales -algunas incluso inferiores a $1.000- que recibirán los afiliados en el marco de las devoluciones que deben llevar a cabo las Isapres a partir de diciembre por cobros en exceso, han desatado la molestia de los cotizantes y una ola de críticas a las autoridades.
Lo anterior, dado que la ley corta que aprobó el Congreso en mayo para viabilizar el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores, permitió un plazo de hasta 13 años para que las Isapres pudiesen pagar su deuda, traduciéndose en montos mensuales "ínfimos" -según lo han calificado afiliados- que llegan después de que la misma ley haya puesto fin a los excedentes y haya establecido un alza extraordinaria en los planes de salud de hasta 10%.
"Parece una burla", aseguró esta mañana la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, en referencia a las consecuencias de un proyecto de ley promovido por el mismo Gobierno y que incluso Jara llamó a aprobar.
Igualmente duras han sido las críticas emanadas desde el Parlamento, desde donde apuntan directamente al superintendente de Salud, Víctor Torres, dado que es la superintendencia la que aprobó los planes de pagos de las Isapres.
En ese sentido, desde el oficialismo, la senadora
Paulina Vodanovic (PS) señaló a radio Universo un posible abuso en la aplicación de la ley y cuestionó las decisiones de la Superintendencia.
"Cuando yo hablo de que no hay buena fe, es porque hay un ejercicio abusivo de la facultad otorgada por la ley. (…) Aquí hay dos cosas: Uno, la responsabilidad del superintendente (Torres), que tendrá que explicarlo, porque no tengo claridad de cuál fue el proceso".
"Y dos, como legisladores podemos lograr la transversalidad para hacer una norma interpretativa y corregir esto", dijo en Radio Universo.
Vodanovic agregó que las Isapres parecen estar buscando "dilatar lo máximo posible" el cumplimiento de sus obligaciones.
Asimismo, el senador Juan Luis Castro (PS) fue más duro y manifestó que "hoy hay una tremenda responsabilidad de la Superintendencia de Salud en ordenar las devoluciones que le hacen a esa presa o afiliado".
"Costó mucho, años, que la Suprema dictara un fallo a favor de la gente y lo hizo el 2022. Después vino la ley corta, pero lo que no puede pasar es que tengamos hoy día una provocación ciudadana a partir de devoluciones que son ínfimas, irrisorias y provocadoras de lo que es el sentido común de la inteligencia de las personas", manifestó.
Por eso, el parlamentario enfatizó que "esto tiene que tener un antes y un después. La primera razón para intervenirla tiene el Superintendente de Salud, que es la autoridad regulatoria".
"Es ahí donde están las primeras responsabilidades y debería tener por segmentos de edad, por segmentos de devolución, por tramos, todo el panorama totalmente configurado ya", añadió.
Y de lo contrario, dijo, "hay que hacer una norma interpretativa, pero eso es volver a legislar ¿Se puede hacer? Sí, pero hoy día tiene que haber sentido común partiendo de la autoridad del Estado y control a las isapres que es la Superintendencia".
En tanto, el presidente del Senado, José García Ruminot (RN), calificó como "insultante" el monto de las devoluciones en ciertos casos y señaló la necesidad de actuar rápidamente. "Para una persona que le están diciendo que le van a devolver de a menos de $1.000 en cuotas mensuales, es insultante", afirmó en entrevista con Radio Pauta.
Además, apuntó a la responsabilidad de la Superintendencia de Salud en este escenario. "Tiene que verlo la Superintendencia de Salud, y si es necesario una modificación a la ley, bueno, lo hacemos. En eso no hay inconveniente", expresó.
García Ruminot también cuestionó la falta de advertencias tempranas por parte de las aseguradoras. "Ellos debieron haber alertado inmediatamente, no había para que esperar que se mandaran esas cartas y se produjera esta molestia que yo la entiendo perfectamente bien", sostuvo.
Desde su misma tienda, el diputado Diego Schalper (RN) también enfatizó en la responsabilidad del superintendente Torres.
"Aquí lo verdadero es que las Isapres no están entendiendo la situación en la que están. (…) El otro que va a tener que dar explicaciones es el superintendente de Salud. Porque yo les recuerdo que estos planes de pago tenían que ser aprobados por la superintendencia", afirmó a Radio Universo.
Además, defendió el accionar del Parlamento en la búsqueda de una solución que evitara la quiebra del sistema, destacando que la prioridad fue la sustentabilidad del modelo.
Por último, el diputado Agustín Romero (Partido Republicano) reconoció las posibles molestias de los afiliados, pero sostuvo que las medidas buscaban un equilibrio. "La situación puede irritar a los afiliados, pero lamentablemente la medida que se buscó finalmente tenía que mantener la viabilidad del sistema previsional y, por otro lado, que las deudas fueran pagables", añadió.
De lo contrario, dijo, "la quiebra de las isapres ni siquiera les permitiría pagar los $500 que deberían estar reclamando. Y esto lo sabía perfectamente el Gobierno: sabía que estas molestias se iban a dar. De hecho, el plan de pago de las isapres se autoriza por la Superintendencia".
