Fue una bola de nieve que comenzó la semana pasada cuando las Isapres enviaron un mail a sus afiliados informando sobre el proceso de devoluciones, pero durante los últimos días, la situación creció y desató una serie de recriminaciones y de acusaciones por responsabilidades.
La controversia involucró tensiones entre Gobierno y parlamentarios -oficialistas incluidos-, miembros del consejo consultivo, y la Superintendencia de Salud como protagonista.
Todo, por el pago de las aseguradoras que estipula plazos de hasta 13 años para la devolución de los cobros excesivos a los afiliados, quienes manifestaron sus quejas -calificando como "una burla"- ante este extenso periodo, el cual permite que dividan su obligación con las personas hasta en 156 cuotas, lo que deriva en sumas que incluso son menores a $1.000 cada mes.
Lo anterior, producto del fallo de la Corte Suprema por tabla de factores y cuya implementación fue determinada por la controvertida "ley corta" que fue despacha por el Congreso en mayo pasado.
El camino hacia el "enredo" de las vocerías
Al menos cinco ministros se refirieron al tema; Ximena Aguilera (Salud), Jeannette Jara (Trabajo), Mario Marcel (Hacienda), Carolina Tohá (Interior) y Camila Vallejo (vocera) evidenciando que las distintas autoridades de La Moneda abordaron la situación en sus vocerías, enredando, en algunos casos, aún más la discusión al tildar como "una burla" una legislación que el mismo Ejecutivo promovió incluso emplazando en su momento a parlamentarios oficialistas dudosos.
Primero, fue Aguilera, quien en conversación con Emol sostuvo que no fue fácil lograr un acuerdo para sacar adelante la ley corta, dado la complejidad de compatibilizar las devoluciones de un total de US$1.200 millones con asegurar la estabilidad del sistema.
De todas formas, reconoció la frustración de algunos afiliados y comentó que "para la gente es mucho más entendible que se les pague de una buena vez cuando son cantidades no muy grandes, y no estar ahí en cuotas pequeñas a través del tiempo, que como que no lo entienden tanto".´
Hasta ahí, un tono moderado, pero quien recrudeció el debate fue la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien afirmó que las pequeñas cuotas de devoluciones "sin duda, parece una burla".
"Cuando tienen respuestas de las cuales hemos estado viendo en redes sociales, donde se devuelve una cantidad ínfima en un largo periodo de plazo, la verdad, parecen burlas a la ciudadanía", recalcó.
Luego, Marcel cuestionó las altas expectativas que se generaron durante la discusión parlamentaria de la ley corta.
"Creo que es un buen recordatorio de que cuando discutimos proyectos de ley es importante ser realistas respecto de lo que uno transmite sobre lo que ese proyecto implica", manifestó, lo que no cayó muy bien en el Congreso.
Y por último, la ministra Tohá aseveró en T13 Radio que "no le estoy echando la culpa a la oposición. Yo estoy diciendo que reconstruyamos cómo fue la negociación y que cada uno se haga parte de las peleas que dio y los puntos que planteó. Y yo creo que eso es lo honesto", dijo la ministra".
Las recriminaciones cruzadas
Con todo, el Ejecutivo traspasó la responsabilidad del cuestionado plazo de pago al Congreso, provocando la ira de sus propios legisladores.
En ese contexto la vocera del Gobierno, Camila Vallejo, se refirió al menos dos veces a las devoluciones, y en ambas defendió la postura del Ejecutivo y en la última, centró sus dardos a los parlamentarios de Chile Vamos por las consecuencias de la ley que permitió la reforma de las Isapres.
"Los parlamentarios de Chile Vamos no se pueden desentender; porque esto de emplazar al Gobierno por las consecuencias de una ley de la cual ellos fueron parte, donde promovieron la extensión de los plazos a 13 años", señaló la secretaria de Estado.
Estas declaraciones respondieron a las duras críticas que Vallejo recibió, especialmente por su manejo comunicacional del problema.
En ese sentido, el senador Francisco Chahuán (RN) calificó el actuar de la vocera como "irresponsable".
En una conversación con Radio Universo, Chahuán aseguró que la falta de conocimiento técnico de Vallejo había generado una "maraña comunicacional" para culpar al Congreso de un problema que, según él, era de exclusiva responsabilidad del Ejecutivo.
"Como hay poco conocimiento técnico, lo que hace la vocera es establecer una maraña comunicacional para culpar al Congreso respecto de una metería exclusiva del Poder Ejecutivo", sostuvo el legislador.
Sin embargo, no hubo solo críticas de la oposición, ya que desde el oficialismo también alzaron la voz y cuestionaron la declaración de Vallejo en que responsabilizó a los legisladores del mal manejo del proceso de devolución.
"No me puedo hacer cargo de los titulares de la prensa respecto a la vocería del lunes", aclaró Vallejo, quien subrayó que el sector que promovió la extensión de los plazos fue, en última instancia, responsable de la actual situación.
"Eso es todo lo que hemos dicho y, como ustedes saben, eso está constatado en la historia de la ley", agregó.
También desde la oposición, el senador de la UDI, Javier Macaya, acusó que la reacción del Gobierno a raíz del resultado de la ley corta de isapres "es una muestra de la inmadurez política de este Gobierno, y particularmente de echarle la culpa a los otros, como niños, de sus propios errores".
Mientras que desde el oficialismo, el senador Juan Luis Castro (PS) también se unió a las críticas, señalando que la postura del Gobierno de trasladar las culpas al Congreso era errónea.
"He visto réplicas del Ejecutivo, no de ustedes, que han trasladado al Poder Legislativo las culpas de todo y se ha dicho que acá se destapó una legislación desconocida por el Gobierno y que todo es culpa del Congreso y el Ejecutivo no tiene nada que ver. Eso es falso... aquí hubo una colegislación", señaló durante la comisión de Salud del Senado.
Más duro fue Carlos Bianchi (Ind-PPD) en conversación con EmolTV: "Le aplaudo lo cara dura, le aplaudo el que haya querido trasladar la responsabilidad al parlamento, cuando son ellos los únicos que tienen la potestad".
También desde el PPD también se sumaron a las críticas contra el Ejecutivo, y en especial, contra la ministra Vallejo.
"Vamos a ser muy sinceros, estamos muy molestos con la ministra Vallejo por la forma en que ella endosa absolutamente la responsabilidad a los parlamentarios de distintas bancadas que aprobamos este plan de pago o plan de salvataje, como se ha dicho anteriormente", dijo el diputado Héctor Ulloa (IND-PPD).
Desde el PS, la diputada Danisa Astullido, deslizó que "si usted me pregunta, ¿de quién es la responsabilidad? Primero hay una responsabilidad del Gobierno, porque no se pusieron del lado de los afiliados con la excusa de venir a decirnos que el sistema iba a colapsar".
Ex superintendentes de Salud: "No se escuchó a los expertos"
En paralelo, hubo otros una serie de reparos por parte de ex autoridades.
Por ejemplo, Patricio Fernández, miembro del Consejo Consultivo encargado de revisar los planes de pago de las Isapres, también intervino en el debate y señaló que el Gobierno tiene una responsabilidad central en la situación actual.
"El Gobierno no estuvo dispuesto a aceptar una fórmula que sus propios integrantes, integrado en un consejo técnico, propusieron cosas, el gobierno no lo quiso aceptar", indicó Fernández en Radio Universo.
El consejo técnico había recomendado un mecanismo de mutualización, que habría reducido significativamente la deuda de las Isapres, pero el Ejecutivo no aceptó esta fórmula.
Fernández también criticó el rechazo a establecer pagos mínimos que hubieran garantizado que los afiliados no recibieran cifras excesivamente bajas en cuotas mensuales.
Según él, la actual situación es un claro ejemplo de que la legislación está fallando. "El problema es que la legislación permite un plan de pago evaluado por un consejo asesor, pero ahora vemos que algunas Isapres están ajustando sus plazos tras la reacción de la ciudadanía", afirmó.
Por su parte, el ex superintendente Manuel Inostroza, se sumó a las críticas y apuntó al manejo del proceso legislativo y operativo que llevó a la actual crisis en el sistema de Isapres.
En ese sentido, destacó dos momentos clave que marcaron el devenir de los hechos: el debate legislativo inicial y las fallas operativas en la implementación de las medidas aprobada.
Sobre lo primero, sostuvo en conversación con Radio Duna que "hubo un primer momento en la discusión legislativa, donde se generó una sobreexpectativa, y donde no se quiso escuchar a la opinión de los expertos".
"Se tenía que hacer una reforma, porque esto no podía ser salvar la quiebra a cambio de nada. Y para que esto no se volviera a producir, había que eliminar las preexistencias, eliminar la cautividad, establecer un fondo de compensación de riesgo", sostuvo.
Sobre la idea de fijar un monto mínimo, una de las líneas que han sugerido algunos parlamentarios y el mismo comité de expertos que asesoró en la confección de la ley corta de Isapres, el ex superintendente de Salud, Héctor Sánchez, indicó que aquello "hoy en día es inviable políticamente".
"Debería haberse aplicado originalmente", añadió, asimismo, expuso que las recientes modificaciones de los planes de pago por parte de algunas Isapres reflejan serias falencias en la legislación.
"El problema es que la legislación permite un plan de pago evaluado por un consejo asesor, pero ahora vemos que algunas Isapres están ajustando sus plazos tras la reacción de la ciudadanía. Eso demuestra que el plan inicial estaba con el tejo pasado", afirmó.
"En definitiva lo que hicieron (las Isapres) fue colocar el máximo posible y ahora que vieron las consecuencias reanalizaron su situación financiera y se dieron cuenta que podían hacerlo en menor plazo" dijo.
En ese sentido, Sánchez fue categórico al señalar que este tipo de prácticas "son poco serias" y afectan la confianza de los afiliados".
Torres en la comisión
Frente a la complejidad de la situación, es que el miércoles pasado, el superintendente de Salud, Víctor Torres compareció ante la comisión de Salud del Senado.
En ese marco, Torres explicó que las Isapres plantearon en sus planes de pago la posibilidad de ajustarse según lo permitiera su situación financiera.
Con todo, la autoridad mencionó que en los últimos días ha hecho emplazamientos públicos a las aseguradoras y que, a través de la ley de lobby, se reunirá con ellas para discutir las posibles mejoras.
En ese sentido, recalcó que se trata de un "proceso dinámico, no es un proceso estático; lo que se anunció ahora no es inmutable en el tiempo (…) en la medida en que se vayan mejorando las situaciones financieras de las Isapres, también se podrán mejorar las condiciones de cumplimiento de los planes de pago, porque si no, no podrían retirar utilidades".
El superintendente reconoció la situación delicada que enfrentan algunos afiliados y señaló: "Hoy día nos vemos ante una situación que uno comprende, empatiza (…) sin embargo, es dinámico, no es estático".
En cuanto a las medidas a tomar, Torres detalló que, tras las etapas de comunicación, se iniciará un proceso de fiscalización del cumplimiento.
Los plazos fijados por las aseguradoras
Por ahora, las únicas Isapres que harán uso del plazo máximo de 13 años son Banmédica, Cruz Blanca y Vida Tres.
En contraste, otras compañías han adoptado estrategias diferentes. Colmena, por ejemplo, estableció desde un inicio un plazo de 10 años, mientras que Nueva Masvida anunció un adelanto en sus pagos.
Según un comunicado de esta última, "los montos serán restituidos en el próximo mes a un tercio del grupo de afiliados y ex afiliados con derecho a devolución, disponibilizándolos en enero de 2025, mientras trabaja en las proyecciones para que el segundo tercio reciba su restitución durante el mismo año".
Para finales de 2025, Nueva Masvida estima que el 66% de los beneficiarios habrá recibido el monto completo.
¿Qué viene?
La polémica sobre el plazo de 13 años para la devolución de los cobros en exceso no solo ha generado críticas desde el Congreso, sino que ha llevado a varios legisladores a presentar proyectos de ley que buscan acortar dicho plazo.
El Frente Amplio -pese a la negativa del Gobierno- junto con los partidos Comunista y Socialista, ha impulsado una iniciativa legislativa que reduce el plazo de devolución a cinco años y establece que las personas entre 65 y 79 años deben recibir el pago en un plazo de tres años.
Además, se propone que el pago mínimo de las cuotas sea de una UF, equivalente a unos $38.000.
La diputada Gael Yeomans (FA) dijo que "yo espero que tengamos un diálogo para poder resolver el problema, en esta materia hay un abuso que están cometiendo las Isapres en el pago de la deuda y por lo mismo creo que es importante que revisemos la mejor forma para poder resolverlo"
Por su parte, y respecto a las medidas a tomar, Torres detalló que, tras las etapas de comunicación, se iniciará un proceso de fiscalización del cumplimiento.
"Nosotros tenemos la posibilidad de hacernos cargo de varias cosas, entre otras, de las variaciones que puedan presentar las Isapres para favorecer o mejorar las condiciones de cumplimiento", explicó.
Asimismo, también mencionó que en los últimos días ha hecho emplazamientos públicos a las aseguradoras y que, a través de la ley de lobby, se reunirá con ellas para discutir las posibles mejoras.
También destacó que continuará insistiendo con las Isapres a través de reuniones de lobby. "Voy a recibir a las Isapres en lobby para reiterarles el criterio de la superintendencia, instarlos a mejorar sus condiciones y buscar una salida administrativa que, a mi juicio, podría ser más eficiente que una solución legislativa que podría ser más engorrosa", señaló.
"Yo voy a convocar a las Isapres la próxima semana para conversar y establecer medidas que puedan ser mejores", precisó.
