Esta semana el Tribunal Ambiental de Antofagasta revocó el rechazo del Comité de Ministros al proyecto minero-portuario Dominga, a 16 kilómetros de la comuna de La Higuera.
La decisión es, a estas alturas, un antecedente más de un trayecto que parece interminable. Es que Andes Iron -propietario de Dominga- lleva casi una década y media intentando concretar la iniciativa, que se ha encontrado con trabas de todo tipo.
La larga tramitación del proyecto
deja una serie de lecciones, considerando que -a ojos de los expertos- Dominga es el principal símbolo de todos los problemas que pueden enfrentar las inversiones en Chile.
Ha debido hacer frente a procesos de judicialización interminables y una extensa tramitación ambiental. En el proceso, además, ha quedado de manifiesto el poder de las ONG'g y los problemas que derivan de la politización hacia este tipo de iniciativs.
Las lecciones
A través de un comunicado, Andes Iron hizo ayer un llamado a terminar con "un espiral interminable de iteraciones administrativas y judiciales que impiden poner en marcha proyectos". Es que Dominga se ha enfrentado a varios procesos judiciales, que le han significado la demora del proyecto.
En 2018, sin ir más lejos, detractores de la iniciativa presentaron seis recursos de casación ante la Corte Suprema. Estos, si bien fueron rechazados, sumaron demora a un ya a esas alturas saturado proyecto.
Hoy, tras la revocación al rechazo del Comité de Ministros, se han anunciado nuevas acciones judiciales, que podrían demorar la votación de esta instancia en varios meses.
Alejandra Donoso, directora de Defensoría Ambiental, anticipó de hecho que presentarán "las acciones correspondientes ante la Corte Suprema para solicitarle que revise la decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que lamentablemente no se ajusta a derecho". ONG Fima también presentaría un recurso, según señaló su director.
La judicialización frente a los proyectos de inversión no solo se ha visto en este caso. A comienzos de 2024, de hecho, el Segundo Tribunal Ambiental acogió parcialmente la reclamación presentada contra la aprobación del millonario proyecto de data center que Google buscaba levantar en un terreno de 23 hectáreas en las comunas de Cerrillos y San Bernardo.
Lo anterior, por un recurso interpuesto por un grupo de vecinos y no una ONG. Lo que pone de manifiesto las altas posibilidades de paralización de inversiones. Finalmente, la gigante de la tecnología desistió del proyecto original para llevar adelante uno nuevo.
Una segunda lección está, justamente, en el poder de las ONG's, que quedó de manifiesto a partir de las propias declaraciones del director de Greenpeace, Matías Asún. En el Congreso, el líder de la fundación señaló: "Garantizo que puedo agregar unos 2 mil días a cualquier proceso de evaluación ambiental que no cumpla con requerimientos de contaminación".
En el caso de Dominga las organizaciones en la última década se han mostrado activas, organizando movilizaciones ciudadanas, exponiendo eventuales peligros ambientales de concretarse la iniciativa y anunciando acciones legales.
"En conjunto con otras organizaciones ambientales agrupadas en la Alianza Humboldt, la ciudadanía y las comunidades, seguiremos trabajando para mantener a salvo esta zona, y exigir el cumplimiento de nuestra legislación y estándares ambientales", señaló Greenpeace esta semana, al enterarse de la revocación de la decisión del Comité de Ministros.
Las dudas también se han hecho manifiestas a partir de la
posible politización en decisiones frente a este tipo de proyectos. El Presidente Gabriel Boric y parte de sus ministros -antes de llegas al Ejecutivo- fueron férreos opositores a Dominga.
"Destruiría uno de los ecosistemas marinos más importantes que hay en América Latina. (...) tenemos que avanzar en un nuevo tipo de desarrollo, que conviva armoniosamente con nuestro medio ambiente, que respete a los ecosistemas y no que los destruya", dijo el actual Mandatario en 2021, cuando era diputado.
¿El problema? Fue precisamente parte de su gabinete el que rechazó el proyecto en 2023, aunque con todo de acuerdo a la legislación vigente. Esto, no obstante, ha abierto dudas en torno a este tipo de procesos, en los que políticos se ven directamente involucrados con proyectos de inversión.
En cualqueir caso, el ministro de Economía, Nicolás Grau, recordó ayer en entrevista con Radio Infinita que la postura del Gobierno es que deje de existir el Comité de Ministros. "Está en la presentación que se hizo por parte de la ministra Rojas en el proyecto de ley, que reforma la ley 19.300, que es la que regula el Servicio de Evaluación Ambiental", recalcó.
Por último, está el ya reconocido transversalmente problema de la larga tramitación ambiental. Se trata de un problema que el Ejecutivo intenta solucionar, a través de la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que busca agilizar plazos y disminuir tiempos, pero manteniendo el estándar de protección.
La opinión de los expertos
Roberto Munita, profesor de la Universidad de los Andes, está de acuerdo en que hay que tener en cuenta esas cuatro lecciones. "Sin duda el caso Dominga permite sacar lecciones en diversas aristas y además, en dos direcciones, tanto positivas como negativas", comenta.
"Dentro de ellas, por ejemplo, está el recordatorio fehaciente de que los ministros de Estado, y otros órganos que deben tomar decisiones, no pueden hacer ante-juicios, ni pronunciarse con su opinión política, para no terminar siendo juez y parte. Eso es una importante lección", sostiene.
"Sin embargo -agrega- la lección más importante del caso es que tanto los inversionistas como la opinión pública necesita certezas y plazos acotados. Este proceso se sigue enredando, y estará enredado al menos un año más. Y un protocolo de avance tan complejo genera pocos incentivos para atraer nuevas inversiones extranjeras".
Francisco Tapia Ferrer, abogado, socio del área ambiental del estudio jurídico Fx Legal. por su parte, explica que "el punto de fondo es cómo verdaderamente aprendemos de estas lecciones y hacemos las modificaciones regulatorias que correspondan".
Añade que "el proyecto de Reforma al SEIA, planteado por el Ejecutivo, es un buen punto de partida, aunque necesita ser perfeccionado (...) no se hace cargo de otros problemas que hemos visto en el Caso Dominga, como la eterna judicialización de la evaluación de proyectos".
"El tema de los permisos ambientales, los permisos en general, se han transformado en una chacota", sostuvo, por su parte, el ex ministro de Hacienda, Manuel Marfán, en entrevista con EmolTV.
