El presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), Leonardo Daneri, calificó como "populismo parlamentario" la aprobación en general la moción de un proyecto que busca eliminar las multas a quienes circulen sin sistema electrónico o tag por las autopistas concesionadas.
La moción, impulsada por el diputado Jaime Mulet (FVRS) y aprobada ayer por la Comisión de Obras Públicas de la Cámara, plantea derogar el artículo 114 de la Ley de Tránsito, que regula el cobro de peajes mediante telepeaje.
En una carta publicada en El Mercurio, Daneri criticó duramente la iniciativa, señalando que "diputados aprobaron -en los minutos finales de una sesión de comisión. una moción que busca derogar el artículo 114 del DFL 1 de la Ley de Tránsito, que regula el cobro de peajes para autopistas mediante los sistemas de telepeaje o tag".
El presidente de Copsa argumentó que la medida carece de sustento técnico y financiero, ya que no considera cómo se cubrirán los costos asociados a la infraestructura vial.
"Es de suponer que, en la cabeza de los redactores, está la idea de que sea el Estado quien asuma la gestión de la infraestructura que dejaría de tener un sistema de cobro de tarifas. Los autores no explicaron, sin embargo, de qué manera el fisco sostendrá los gastos de construcción, operación y mantenimiento de estas carreteras (aproximadamente US$ 1.180 millones al año)".
Además, Daneri advirtió sobre los efectos fiscales de la iniciativa.
"Tampoco explican cómo se compensará al fisco por la recaudación que hoy percibe de las autopistas en bienes, derechos, participación e impuestos directos (aproximadamente US$600 millones al año). Ni hablar de una mención a las indemnizaciones que se debería pagar a los actuales operadores (que superarían fácilmente los US$20 mil millones) al dejarlos sin vías para recuperar su inversión", subrayó.
El presidente de Copsa también cuestionó la viabilidad de reintroducir sistemas de barrera en las autopistas, en caso de que los peajes sigan existiendo pero sin el tag.
"Esto supondría reponer las barreras de prepago en las carreteras interurbanas y ponerlas a la entrada de las urbanas. Adiós free flow", afirmó. Según Daneri, esta medida desestabilizaría el sistema actual y generaría mayor incertidumbre en el sector.
Con todo, Daneri apunta a la necesidad de considerar los impactos económicos y estructurales de una eventual derogación del artículo 114, en un contexto donde el sistema de concesiones -a su juicio- sigue siendo un eje clave para la infraestructura del país.
"Mociones como la descrita solo desestabilizan las instituciones, debilitan la certeza jurídica y ponen en riesgo las inversiones de largo plazo que hoy tanta falta nos hacen", sentenció.
Argumentos detrás del proyecto de ley
El proyecto de ley responde -según Mulet- a críticas al sistema de concesiones, especialmente en cuanto al estado de conservación de las autopistas y los constantes incrementos de tarifas, la cuales volverán a subir en enero.
Según sus impulsores, la infraestructura concesionada no se encuentra en las condiciones óptimas exigidas por la normativa, lo que atribuyen a actos u omisiones de las propias concesionarias.
En su fundamentación, la moción recalca que "el concesionario tiene el deber de preservar siempre en perfectas condiciones de uso, conservación y mantención toda la infraestructura", algo que, según los parlamentarios, actualmente no ocurre. Por ello, consideran que resulta injustificado que el Estado aplique sanciones a los usuarios para sostener un sistema que califican como abusivo.
Respecto del avance de la iniciativa, la Comisión de Obras Públicas fijó el 7 de enero próximo como plazo para la presentación de indicaciones al proyecto, lo que abrirá un nuevo espacio de debate en torno a esta controvertida propuesta legislativa.
