La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado aprobó este martes la idea de legislar el proyecto que fija un nuevo fraccionamiento entre el sector pesquero artesanal e industria, tras ecuchar a 21 organizaciones vinculadas a ambas industrias.
El proyecto, que cursa su segundo trámite constitucional, recibió cuatro votos a favor y uno en contra.
Durante la jornada, la Comisión presidida por el senador
Fidel Espinoza (PS) comenzó la votación de las 63 indicaciones presentadas al proyecto de ley, avanzando en algunas pesquerías y sectores, entre otras, congrio dorado en el área marítima comprendida por las regiones de Los Lagos, de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y de la Antártica Chilena: 70% para el sector pesquero artesanal y 30% para el sector pesquero industrial.
Sardina común, en el área marítima comprendida por las regiones de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O'Higgins, del Maule, de Ñuble, del Biobío, de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos: 90% para el sector pesquero artesanal y 10% para el sector pesquero industrial.
Además de anchoveta, merluza de tres aletas, camarón naylo y langostino amarillo, en zonas costeras determinadas.
Durante la votación en general, Espinoza reclamó por la ausencia durante la tramitación del ministro de Economía y recordó que "la ley del 2013 tuvo vicios de corrupción, condenados por la justicia chilena, pero no podemos decir que es una ley corrupta porque fue mejorada con los dirigentes de todo Chile".
Dejó constancia de su preocupación sobre las licitaciones, "porque las que hubo con la antigua ley los únicos beneficiarios fueron los mismos que cometieron corrupción. El llamado es a que seamos capaces de construir algo más justo en ese proceso”.
Por su parte, el senador Daniel Núñez (PC) señaló que "este es un acto de reivindicación de la democracia, un momento histórico para la democracia chilena". A su juicio, "por esta vía estamos reparando el daño que se provocó a la pesca artesanal (…) Sé que hay temas polémicos que podemos revisar en las indicaciones".
El senador Carlos Kuschel (RN) argumentó su negativa, aludiendo a la "información imparcial, incompleta" que ha recibido; además, reiteró su preocupación por el impacto "en el empleo y los costos sociales, legales, económicos, técnicos e históricos"; sumados a "dudas respecto de la constitucionalidad del proyecto".
Manifestando su preocupación por la importancia biológica y la subsistencia del recurso, el senador Gastón Saavedra (PS), que reemplazó a la senadora Loreto Carvajal, argumentó su voto a favor, pero dejó constancia de que no se debe "soslayar el tema constitucional". Con todo, instó al "funcionamiento sistémico" del trabajo, aspectos sociales, desarrollo humano y económico.
"Aquí hay una ley (20.657) que -nos guste o no- fue aprobada por amplia mayoría del Congreso Nacional; los calificativos de 'ley corrupta' no aportan en nada", sentenció el senador David Sandoval (UDI), quien respaldó la idea de legislar, pero dejó constancia de que "hay muchas cosas que analizar, hay pescadores, armadores, que se acogen a las normas artesanales y que son verdaderos industriales".
Por último, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, manifestó que "hoy, la distribución de los recursos es una distribución que no es justa, no responde a criterios biológicos, sino que se hizo en base a los intereses dominantes".
Sector industrial en alerta
Al respecto, el presidente de Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) -gremio que agrupa a empresas de pesca industria-, Felipe Sandoval, señaló que "lo central es resolver la constitucionalidad del proyecto".
En este sentido, afirmó que se espera que durante la revisión en particular se aborden y corrijan los aspectos que han llevado esta propuesta al riesgo de judicialización. Según Sandoval, el proyecto, tal como está formulado, "desconoce derechos vigentes hasta 2032 que pertenecen a las empresas pesqueras, lo que planteará serios desafíos legales".
Además, advirtió sobre el impacto socioeconómico que podría derivarse si no se realizan ajustes sustanciales: "El proyecto, en su versión actual, está poniendo en riesgo miles de empleos. En primera instancia dos empresas ya han proyectado su cierre, lo que afectaría directamente a entre 1.000 y 2.000 trabajadores, en su mayoría mujeres", sostuvo.
Según el líder gremial, esta problemática ha sido expuesta al Gobierno, señalando que espera que "el subsecretario Salas haya tomado nota de lo que plantearon múltiples actores de la pesca, para corregir estos serios efectos negativos".
Por su parte, la presidenta de pescadores industriales del Biobío, Macarena Cepeda, fue especialmente crítica -en entrevista con El Mercurio- el subsecretario Salas, a quien cuestionó por -según dijo. no entregar antecedentes que deetallen el impacto en el empleo y lo acusó de "faltar a la verdad" respecto de información sobre el sector industrial.
Además, señaló que se se aprueba el proyecto se perderían 1.800 empleos directos en el rubro -de un total de 6.500 que genera en el Biobío- y se afectaría o terminaría la actividad productiva en tres empresas: la línea de conservas de Camanchaca en Coronel; la planta de merluza de PaccificBlu en Talcahuano; y Landes en Talcahuano.
