Con bombos y platillos el Gobierno intentó implementar en 2022 la iniciativa "Gas a precio justo", que pretendía vender cilindros un 40% más baratos. Esto, bajo el argumento de que se distribuiría por medio de la empresa estatal Enap.
Al poco tiempo el plan sufrió serios cuestionamientos. Es que se reveló que cada cilindro del plan piloto costó $117 mil al Estado. Y que, en su totalidad, la suma alcanzó los $517 millones.
El Ejecutivo se había propuesto, además, beneficiar a 100 mil familias con el proyecto, aunque finalmente los cilindros solo alcanzaron a llegar a 3 mil.
Hoy, a más de dos años del fallido plan, el proyecto volvió a salpicar al Gobierno. Esto, debido a un informe de la Contraloría General de la República -recogido por The Clinic- que fue emitido el 15 de enero, por una denuncia del diputado Marco Antonio Sulantay (UDI).
Qué dice el informe
"Informe final de investigación especial N° 858, sobre eventuales irregularidades en el financiamiento del Plan Piloto Gas a Precio Justo, ejecutado por Enap, a solicitud de la subsecretaría de Energía". Ese el el nombre del documento de la entidad que se liberó hace 9 días.
Contraloría, así, señala que la Subsecretaría de Energía "no ha restituido a Enap los costos de distribución del plan piloto Gas a Precio Justo, ascendentes a un total de $ 517.068.501, por lo que dicha Subsecretaría deberá acreditar las gestiones efectuadas ante el Ministerio de Hacienda para dar respuesta a ENAP en esta materia".
Asegura, también, que "se detectó falta de oportunidad en las gestiones realizadas por la Subsecretaría de Energía para obtener el financiamiento del aludido plan piloto, considerando que la ejecución del referido proyecto terminó a fines del año 2022".
En la misma línea, añade que la repartición tiene que "acreditar documentalmente a esta Entidad de Control, la confección y formalización del procedimiento interno comprometido que regule el desarrollo de políticas públicas en colaboración con ENAP, en el cual se detallen las medidas referidas a la oportunidad en las gestiones a realizar por parte de los responsables de la ejecución de los proyectos".
Y agrega que se debe "instruir un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de la situación representada".
El documento al que accedió The Clinic da cuenta, asimismo, de que la subsecretaría de Energía "no cuenta con un procedimiento formal que defina los aspectos mínimos para desarrollar una metodología de trabajo con la Empresa Nacional del Petróleo".
Debilidades del proyecto
El informe destaca que hay una "inexistencia de un procedimiento interno que regule la metodología de trabajo con ENAP, en el marco del apoyo a políticas públicas".
Se hace referencia, además, a una "falta de restitución de recursos" a la compañía estatal.
En relación a las "debilidades" del proyecto solicitado a Enap, se asegura que "no se definieron formalmente las obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes, así como tampoco se asignaron los encargados de supervisar el correcto funcionamiento del proyecto".
No hubo un establecimiento -dice también el documento- de la fuente de financiamiento. Lo anterior, debido a que se se especificó " si se utilizarían recursos presupuestarios de la Subsecretaría de Energía, utilidades de la empresa u otros".
Se detectó además una "falta de oportunidad en las gestiones realizadas por la Subsecretaría de Energía, para obtener el financiamiento del plan piloto". También una "falta de definición de la partida presupuestaria para cubrir los costos del Piloto Gas Licuado de Petróleo a Precio Justo".
Cabe destara que al momento en el cual el plan se ejecutó fue liderado por los ministerios de Energía, en ese entonces a cargo de Claudio Huepe; y Desarrollo Social, liderado por Giorgio Jackson.
