Una de las nuevas instituciones que se crea con la reforma de pensiones es el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).
Esta entidad ha generado debate. Es que estará a cargo de gestionar el 1,5% de cotización con cargo al empleador que irá como préstamo reembolsable al Estado, además del 2,5% que se destinará al bono tabla y Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).
Dicha tarea, han mencionado algunos, debe tomarse con cautela, pues el FAPP tendrá en sus cuentas significativos recursos. En su presentación ante la Comisión de Hacienda del Senado, de hecho, el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara advirtió sobre la eventual "tentación" que pudiese existir para utilizarlos en otros asuntos.
En cualquier caso, la institución ya está ensamblada en la reforma que revisa la sala del Senado y que el Gobierno espera que sea aprobada hasta su despacho esta semana.
Las claves del FAPP
El FAPP será una entidad autónoma, que buscará asimilarse al Banco Central (BC). Para ello, estará liderado por un Consejo Directivo de cinco personas, que serán nominadas por el Presidente de la República y ratificadas por el Senado.
Para este nombramiento se considerarán criterios de paridad de género y diversidad de conocimientos técnicos. Asimismo, quienes lleguen al FAPP deberán ser profesionales de reconocida trayectoria y un perfil acorde a las funciones de la entidad. Los cinco integrantes estarán seis años en sus cargos.
"No va a estar expuesto a los vaivenes de la política", señaló sobre el FAPP el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Para el funcionamiento correcto de la nueva institucionalidad, el Ministerio de Hacienda incorporó una serie de funciones. Se consigna, así, que cada tres años deberá hacer estudios actuariales para evaluar su sustentabilidad financiera.
En caso, por ejemplo, de que dicha indagación indique que el fondo no será sustentable en agunos años, el FAPP los ajustes al Seguro Social Previsional. Luego de ello, el Presidente de la República tendrá que enviar un proyecto de ley en cuatro meses y el Congreso despacharlo en un año.
De no ocurrir lo anterior, los beneficios que entrega la entidad se reducirían, señaló el propio Ejecutivo.
En otro caso, de un superávit, el Presidente deberá enviar un proyecto de ley para ajustar los parámetros. En caso de que ese proyecto no prospere, el aporte fiscal se reducirá proporcionalmente.
Este fondo, además, tendrá tendrá un patrimonio independiente y separado del patrimonio de su administrador y las entidades a quienes se licite la gestión de las inversiones.
Una vez que la ley sea aprobada, el FAPP deberá adjudicar la licitación de la administración de la cartera de inversión. Para esto tendrá 15 meses (en ese periodo quedará la Tesorería a cargo).
La entidad, para devolver el préstamo, registrará lo que le aportó cada trabajador. A ello, le sumará un interés, que imita al de los bonos en el tesoro público.
Uno de los aspectos que más ha sido comentado por los economistas es que el FAPP quedará fuera de las cuentas del Gobierno Central. Con ello, la deuda con los afiliados no se considerará en la regla fiscal.
Algunos han señalado al respecto que ello elude hacerse cargo de la realidad del país: que se agotó el espacio fiscal.
Otro de los apectos que se han cuestionado es el de la certeza de que a los afiliados se les devuelvan los recursos.
"No hay ninguna posibilidad de que no se devuelva ese dinero", apuntó Marcel en El Mercurio. Explicó, en esa línea, que los fondos que se acumularán se verán reflejados en un bono, "como el bono de reconocimiento y va a ir ganando ajustes e intereses".
