Aunque con mayor lentitud de la esperada por el Ejecutivo, el proyecto de ley que ataca la "permisología" logra destrabar los puntos de discordia entre el Gobierno y la oposición. Hoy, al menos, ese fue el caso.
Durante la presentación del proyecto el jefe de Estado realizó un llamado al Congreso para que avance rápido en la tramitación legislativa. "Y en esto yo espero que no haya espacio para rencillas ni tampoco tiempo para dilaciones y que por lo tanto estos proyectos se transmiten con celeridad en el Congreso", enfatizó.
Sin embargo, su tramitación no ha sido tan fácil. Ocho meses se demoró la discusión en la Cámara de Diputados, de forma que actualmente se encuentra en su segundo tramite constitucional, en la Comisión de Economía del Senado.
Y es que, aunque el Ejecutivo y la Comisión de la Cámara Alta firmaron un protocolo de acuerdo para avanzar en la reforma para combatir con la "permisología" en enero, en la oposición acusaron al ministro del ramo, Nicolás Grau, de incumplir lo suscrito en ese documento en las indicaciones finales. De forma tal, que al no contar con un texto final definitivo, se suspendió -a última hora- la sesión del día ayer.
Las conversaciones entre oposición y Ejecutivo ganaron tensión la semana pasada, luego que los senadores acusaran al ministro Grau de incumplir el protocolo de acuerdo suscrito y visado por la sala del Senado.
De acuerdo a El Mercurio, hubo cuatro puntos que en la redacción de las indicaciones terminaron en un sentido distinto al acordado. El nudo central fue el uso de las llamadas "técnicas habilitantes alternativas" (THA), que permiten reemplazar ciertas autorizaciones por declaraciones juradas de parte del titular del proyecto, cuando se trata de obras de bajo riesgo que permiten simplificar su tramitación.
En este punto, para el presidente de la Comisión, Rojo Edwards, (Social Cristiano) el protocolo firmado apuntaba a que las THA tendrían un uso preferente "a menos que la ley sectorial determine lo contrario", mientras las indicaciones del Gobierno proponen un uso específico que debe estar limitado a los casos definidos por ley.
Otro nudo que se buscan precisar es respecto de la invariabilidad que pretendía instalar el acuerdo, con el fin de impedir que cuando un proyecto comienza su tramitación sectorial, pueda ser afectado por variaciones en la regulación.
Asimismo, otro tema complejo se refiere con los plazos fatales, de acuerdo al protocolo de acuerdo "los plazos para resolver permisos en el sector público son fatales y obligatorios, y que su no cumplimiento podrá desencadenar responsabilidad funcionaria. Adicionalmente, la observancia de los plazos para resolver será considerada para determinar el grado de cumplimiento de los PMG vinculados a permisos sectoriales".
El cuarto nudo era la tramitación de permisos en paralelo, pero se llegó acuerdo el día de hoy.
Comisión de hoy
A pesar de las diferencias del día de ayer, la Comisión volvió a sesionar durante la mañana, en donde se aprobó uno de los cuatro temas donde existían diferencias.
Se trata de la tramitación de permisos en paralelo. La cual, según el acuerdo señala que "a diferencia de lo que actualmente sucede, ningún servicio pueda -sin que la ley así lo señale- exigir otra autorización como requisito para efecto de tramitar un permiso. A su vez, identificar y cambiar leyes que actualmente soliciten requisitos no debidamente justificados para efectos de la tramitación de una autorización. Lo anterior implica por defecto, que todas las autorizaciones y permisos sectoriales pueden pedirse en paralelo, a no ser que este expresamente prohibido en las leyes".
Y de acuerdo a lo aprobado en la Comisión, la ley quedó así "los procedimientos serán diseñados de forma tal que permitan a las personas titulares solicitar en forma paralela todas las autorizaciones asociadas a un proyecto o actividad, con las excepciones que señale expresamente la normativa sectorial. Asimismo, se evitará el establecimiento de trámites secuenciales que afecten la eficiencia, optimización y el trabajo coordinado de la Administración".
En la instancia, el senador Kenneth Pugh indicó que "esta es la verdadera modernización del Estado, nos dará la oportunidad de disminuir los tiempos en los trámites, probablemente lleguemos a una disminución del 50%".
Mientras que Edwards dijo que "nos parece que es una buena redacción y cumple con lo acordado".
De esta manera, se acordó continuar con la discusión el próximo lunes, de 12:30 a 18:00 horas, y el martes, de 09:30 a 11:30 horas. Ese día se espera despachar el proyecto a la Comisión de Hacienda y luego a la Sala del Senado, para que sea votado en abril y enviado a su tercer trámite constitucional, es decir, de regreso a la Cámara Baja.
Detractores
Aunque tanto el oficialismo como la oposición han llegado a un acuerdo para avanzar con el proyecto, la iniciativa que busca atacar a la "permisología" tiene sus detractores.
80 organizaciones ambientales, encabezadas por la ONG Fima -organización que trabaja por la justicia ambiental- por medio de una declaración expresaron su preocupación y rechazo a la iniciativa que tildaron como "la motosierra ambiental de los ministros Marcel y Grau".
Argumentando que "este proyecto, promovido por los Ministros de Hacienda y Economía, Mario Marcel y Nicolás Grau, es parte de un esfuerzo mayor de desregulación en materia ambiental que contempla distintos ámbitos críticos, priorizando las ganancias de las grandes empresas en contra de los derechos de las personas, los bienes públicos y el patrimonio del país".
Las organizaciones señalan que el Gobierno por medio del pacto fiscal buscan promover la inversión "pasando sobre los estándares normativos de protección ambiental y social, que se habían venido construyendo mediante acuerdos, durante los últimos 20 años".
"Este proyecto eliminará procedimientos administrativos sin la necesidad de pronunciamientos de la autoridad, además de reducir funciones de los organismos del Estado para el resguardo de derechos, bienes jurídicos y garantías de funciones públicas. Resultan altamente riesgosos y regresivos aspectos como las llamadas técnicas habilitantes alternativas a la autorización, esto es, la ejecución de una actividad sin exigir la dictación de un acto administrativo favorable previo", indicaron.