Los mayores grupos chilenos reforzaron mediante una serie de informes económicos su rechazo a la propuesta de Conadecus que apunta a fijar una normativa especial que regule la participación de los conglomerados empresariales en los distintos ámbitos de la economía.
Ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), los grupos Angelini, Luksic, Yarur y Falabella (ligado a las familias Cúneo, Solari y Del Río) entregaron dentro del plazo permitido los documentos que utilizarán como antecedentes para defender su oposición. La audiencia está fijada para el próximo 10 de abril.
En los documentos se alega, entre otros argumentos, que la propuesta de Conadecus no se ajusta a la Constitución y advierten respecto de los riesgos.
A continuación, los argumentos de cada uno:
Grupo Angelini
Inversiones Angelini y Compañía Limitada, que controla el 63,43% del holding AntarChile, acompañó un informe económico elaborado por Aldo González, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y Economista Integrante del Panel Técnico de Concesiones de Obras Públicas.
En el documento, González indica que los conglomerados “no son anticompetitivos por naturaleza, sino que, al contrario, generan eficiencias al reducir costos, además de facilitar el acceso a financiamiento y mejorar la asignación de recursos, lo que beneficia tanto a empresas como a consumidores”.
En ese sentido, el documento señala que se descartan riesgos como el "supuesto acceso preferencial a financiamiento y a hipotéticas prácticas excluyentes o predatorias”, dado que estas situaciones “no guardan relación con la naturaleza o composición de los grupos económicos". Asimismo, el informe advirtió que la “regulación vigente en Chile ya contempla herramientas completas y suficientes de fiscalización y sanción para abordar eventuales abusos, como precios predatorios o ventas atadas". Por lo tanto, enfatizó que "no se requiere una nueva normativa ni restricciones adicionales, y menos aún, si no existe un problema real de competencia en un mercado específico, ni evidencia que lo respalde".
Falabella
Grupo Falabella encargó un informe en derecho a Enrique Vergara Vial, expresidente del TDLC y ex fiscal nacional económico. El reporte sostiene que "la solicitud de Conadecus es completamente extraña a la forma como debe intervenir el Estado en las actividades económicas a través de la política y el derecho de la competencia".
Argumenta que "las conductas y prácticas restrictivas deben analizarse necesariamente ex post, salvo en los casos de operaciones de concentración (…). Pero incluso en este último ámbito el análisis prospectivo debe ser realizado en relación con una operación en particular, evaluando los efectos que ese acto específico pueda causar en el futuro en un mercado determinado".
Vergara estimó que pretender regular de manera general las actividades económicas de ciertos grupos empresariales, sin tener referencia a mercados específicos, se contrapone "a los objetivos y características de la política y el derecho de la competencia". Asimismo, Vergara aseveró que "parte de las preocupaciones que plantea Conadecus están cubiertas tanto por la legislación vigente como por los lineamientos para una Ley de Conglomerados Financieros en Chile, de julio de 2023, elaborados por la Comisión para el Mercado Financiero".
Subrayó que "existiendo una iniciativa del organismo regulador en el orden financiero que se pronuncia de algún modo sobre la materia que Conadecus somete al conocimiento del Tribunal, la actuación de este se torna inoficiosa e inconducente".
Quiñenco
Quiñenco -holding perteneciente a la familia Luksic- presentó un informe de Claudio Sapelli, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, MA. y PhD. en Economía por la Universidad de Chicago. Entre las conclusiones, el reporte indica que "regular la concentración económica agregada puede conllevar mayores costos que beneficios".
Señala que la regulación de la concentración agregada como propone Conadecus, es decir,una intervención ex ante, implicaría escenarios de "costos ciertos, a cambio de beneficios inciertos”. Esto, debido a que no regularía una vez constatada una “violación a la libre competencia por parte de un grupo empresarial".
El informe de Sapelli apunta que,en materia de costos, los grupos económicos pueden "generar eficiencias que se perderían en caso de ser estos desarticulados mediante la implementación de las medidas de política pública propuestas en el proyecto de ley descrito en la solicitud". Y remarca Quiñenco que "así, se eliminaría un actor eficiente, lo que tendría por consecuencia una economía menos eficiente y una caída del nivel de producto global".
Asimismo, anticipó que "se incurriría en costos de establecerse restricciones a la participación de los grupos económicos en las licitaciones públicas (...) En efecto, esto podría tener la consecuencia de limitar la competencia y dejar fuera a un competidor eficiente, con efectos sobre la eficiencia global de la economía".
Empresas Yarur
Empresas Juan Yarur -controladores de Bci- encargó un informe en derecho a Felipe Irarrázabal, ex fiscal nacional económico y actual director del Centro de Competencia de la Universidad Adolfo lbáñez (CeCo).
El documento sostiene que "la solicitud carece de justificación concreta, toda vez que Conadecus busca una regulación que contenga, al menos, cuatro aspectos, pero no justifica ninguna de dichas sugerencias ni ofrece razones para determinar si estas son el medio adecuado para alcanzar el fin pretendido".
Asimismo, plantea que la petición de Conadecus "no se ajusta a la Constitución ni a las demás normas aplicables, toda vez que busca que el H. Tribunal asuma facultades que corresponden al Poder Ejecutivo y Legislativo, eludiendo el procedimiento legislativo previsto en la Carta Fundamental".
