QUITO.- El vicepresidente electo de Ecuador Jorge Glas fue condenado este miércoles a seis años de prisión al ser declarado culpable del delito de asociación ilícita en la trama de sobornos que la constructora brasileña Odebrecht protagonizó en el país.
Con la sentencia, dictada hoy por un panel de tres jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, se convirtió en el dirigente político en activo de mayor rango en ser condenado en relación a este caso de multimillonaria corrupción y que salpica a varios dirigentes latinoamericanos.
A las 16:07 hora local, el juez ponente Édgar Flores comenzó a leer detalladamente los argumentos y explicaciones procesales que dieron lugar a la sentencia después de dos semanas de juicio, pero no tardó en dejar claro sobre la asociación ilícita, que "se perpetró el acto prevaliéndose los autores de sus condiciones de autoridades".
La Fiscalía General había pedido la pena máxima de seis años de cárcel al considerar probado que Glas se benefició de 13,5 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht para la adjudicación de cinco contratos de obra entre 2012 y 2016, cuando estaba a cargo de sectores estratégicos durante el Gobierno de Rafael Correa.
Glas fue condenado a esa pena junto con otras cuatro personas implicadas, entre ellas su tío Ricardo Rivera, mientras que otros tres fueron condenados a una pena mejor de 14 meses, una rebaja del 80 por ciento respecto a los primeros, por su "colaboración eficaz", según el juez.
Únicamente uno de los acusados, Diego Cabrera, fue absuelto al no probarse su culpabilidad en un caso en el que otros cuatro acusados, entre ellos el excontralor del Estado, Carlos Pólit, se encuentran prófugos de la justicia.
"Administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la constitución y las leyes de la república se impone a los señores Jorge Glas Espinel, (su tío) Ricardo Genaro Rivera Aráuz, (...), en calidad de autores del delito de asociación ilícita (...), a la pena de seis años de reclusión menor ordinaria", leyó el juez titular.
La sentencia suspendió además los derechos de ciudadanía por un tiempo equivalente a lo que se prolongue la condena, mientras que en el plano de la reparación material conminó a los condenados al pago de 33.396.116 dólares, suma que "afectó al patrimonio del Estado".
En paralelo, apuntó a "la presunta perpetración de otros delitos, tales como peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de activos, testaferrismo" y que la Fiscalía deberá investigar.
Para el Tribunal, el testimonio del delator de Odebrecht José Conceicao Santos, a los que se sumaron asistencia penal de Estados Unidos y Brasil, pruebas aportadas por el exsecretario de la Presidencia de Correa, Alexis Mera, y documentos sobre los cinco proyectos estratégicos, demuestran que los actos ejecutados por Glas son "principales" para el delito de asociación ilícita.
Su letrado defensor, Eduardo Franco Loor, calificó la sentencia de "inicua" y "bárbara" y adelantó que será apelada y que los derechos civiles de su defendido siguen en pie hasta que no medie una sentencia en firme.
Por su parte, el Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno, se felicitó por el fallo y señaló que "este es un momento que refuerza y fortalece el trabajo que la Fiscalía debe continuar haciendo para beneficio de todos".
El vicepresidente, que ganó en las elecciones en abril en tándem con el presidente, Lenín Moreno, por la formación de izquierdas Alianza País (AP), había sido retirado de sus funciones en agosto por desavenencias políticas con el primer Mandatario.
Una vez se dictó su ingreso en prisión preventiva el pasado 2 de octubre, Moreno nombró como vicepresidenta a María Alejandra Vicuña de manera temporal.
Su abogado aseguró hoy que Glas no renunciará al cargo pero, si ese fuera el caso, el Presidente tiene la potestad de proponer a la Asamblea Nacional (Parlamento) una terna compuesta por tres candidatos para que los legisladores elijan nuevo vicepresidente.
El Parlamento también puede iniciar un juicio político para retirar del cargo al condenado.
