LA HAYA.- La Corte Penal Internacional (CPI) anunció este jueves la apertura de investigaciones preliminares por "presuntos crímenes" cometidos al interior de Venezuela y Filipinas.
En el contexto venezolano, las indagaciones surgen a raíz de las denuncias por el uso de "fuerza excesiva" por parte de las fuerzas de seguridad en contra de opositores y por el empleo "de medios violentos" utilizados por los manifestantes.
La institución también examinará la situación en Filipinas, en el marco de la "guerra contra las drogas" lanzada por el Presidente Rodrigo Duterte, durante la cual miles de personas han muerto.
"Desde el año 2016 he seguido de cerca la situación en Filipinas y en Venezuela. Tras una revisión cuidadosa, independiente e imparcial de numerosas comunicaciones e informes documentando presuntos crímenes (...) he decidido abrir un examen preliminar", dijo en un comunicado la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda.
Investigación en Venezuela
En el caso venezolano, desde abril de 2017 "se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato", señala en el comunicado Bensouda.
"También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad", añade en el comunicado.
La ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega había urgido a la CPI en noviembre a que investigara los presuntos abusos y torturas cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno venezolano. Entre abril y julio, más de 120 personas murieron en Venezuela durante las manifestaciones contra el gobierno del Presidente Maduro.
Caso Filipinas
En Filipinas, un abogado de ese país presentó una demanda acusando a Duterte y a otros 11 funcionarios de alto rango de asesinato en masa, por la ejecución de delincuentes y sospechosos relacionados con la venta de drogas. "Se ha denunciado que desde julio de 2016 miles de personas fueron asesinadas por su presunta relación con el consumo o venta ilegal de drogas", dijo el fiscal Bensouda en un comunicado.
Duterte fue elegido Presidente en 2016 con la promesa de erradicar el tráfico de droga. Desde entonces, al menos 3.987 personas fueron ejecutadas en operaciones policiales contra presuntos traficantes de drogas o drogadictos entre julio de 2016 y el 17 de enero de 2018, según las cifras oficiales.
Pero la organización Human Rights Watch destacó que organizaciones defensoras de los derechos humanos y grupos religiosos locales calculan que la cifra asciende a 13.000, entre ellos quienes se sospecha fueron asesinados por justicieros o mercenarios.
El Mandatario filipino valoró la investigación preliminar porque "está cansado de ser acusado", según dijo hoy su portavoz, Harry Roque, y añadió que está dispuesto a declarar ante un tribunal si finalmente el caso sigue hacia adelante.
