QUITO.- La justicia ecuatoriana rechazó este lunes la petición legal que buscaba impedir la aplicación de un protocolo de convivencia que, según Julian Assange, afectaba sus derechos como asilado en la embajada de Ecuador en Londres.
Los abogados de Assange, anteriormente, presentaron un requerimiento pidiendo el respeto a los derechos del fundador de Wikileaks luego de que Ecuador impuso, desde el 12 de octubre, estrictas normas para las visitas, que pague su uso de internet, de la lavandería y de los servicios médicos, así como el cumplimiento de una serie de normas de comportamiento mínimo al interior de la embajada de Ecuador en Gran Bretaña.
Por parte del Estado ecuatoriano, asistieron a la cita el procurador general
Iñigo Salvador y el canciller
José Valencia, mientras que el abogado
Carlos Poveda y el mismo Assange, mediante videoconferencia, intervinieron en la audiencia en la que aún no hay una decisión judicial.
Mediante un traductor, el australiano dijo que "es humillante este proceso (legal) para mí como ecuatoriano", al mismo tiempo denunció que Ecuador inició una campaña de desprestigio en su contra y la presunta cercanía del Gobierno con Estados Unidos para justificar el fin del asilo.
Salvador reaccionó señalando que sus afirmaciones eran "maliciosas y perversas" y defendió el protocolo de convivencia, entre otras razones porque Assange suele desplazarse en patineta dentro de la embajada, jugar fútbol dentro del edificio causando daños y el hecho de que funcionarios de la embajada presentaran quejas por la falta de aseo de Assange, quien agredió a los guardias de seguridad. Y añadió que el protocolo impuesto "busca alcanzar una convivencia".
Poveda manifestó por su parte que Assange está en aislamiento desde el 28 de marzo y "queremos que se reivindique los derechos de asistencia legal, que se han restringido, como en el tema médico, visitas de familiares, que tampoco tiene".
Por su parte, la jueza Karina Martínez rechazó la petición del australiano, dictaminó que "no se vulnera ningún derecho" de Assange y reconoció que la cancillería tiene la potestad de decidir políticas en sus embajadas, "las mismas a las que puede someterse Julian Assange en caso de continuar acogiéndose al asilo".
El canciller Valencia, tras la decisión, comentó que "queda claro que el protocolo fue adecuadamente emitido, queda claro también que el protocolo se materializó sobre la base del estricto respeto al derecho internacional".
El abogado defensor del asilado, Poveda, dijo que apelará.
Assange ocupa 70 de los 175 metros de la embajada ecuatoriana en Londres, a donde llegó en junio de 2012 para evitar una posible extradición a Suecia con el objetivo de responder por acusaciones de delitos sexuales. Suecia desestimó los cargos, pero la justicia británica negó en febrero, en dos ocasiones, las peticiones de Assange solicitando su libertad debido a que los magistrados consideraron que incumplió las condiciones de la libertad bajo fianza.
Ecuador concedió la ciudadanía ecuatoriana a Assange en diciembre como parte de un esfuerzo para hacerlo miembro de su equipo diplomático, lo que le garantizaría ciertos derechos como la inmunidad legal. Sin embargo, Gran Bretaña rechazó el pedido de entregarle estatus diplomático en el país.
