SANTIAGO.- Cuatro horas antes de Año Nuevo, el fiscal de la nación de Perú, Pedro Chávarry, anunció que los dos fiscales claves del Equipo Especial del caso Lava Jato peruano, que investiga la trama de corrupción en torno a la constructora brasileña Odebrecht en el país, eran destituidos: se trataba de Rafael Vela y José Domingo Pérez. ¿La razón? Habían violado "el principio de reserva de información" del proceso, según argumentó.
La decisión pareció especialmente controvertida, pues con ella arriesgaba el futuro de al menos 40 investigaciones en torno al pago de sobornos a políticos peruanos, entre los que figuran cuatro ex presidentes, una ex candidata presidencial y otros poderosos líderes y empresarios.
Sin embargo, los cuestionamientos en su contra por supuestos vínculos con sectores políticos y las acusaciones de participar de la red de corrupción que sacude al Poder Judicial, hicieron que la decisión tuviera sentido para muchos.
Así, el rechazo transversal, la presión del Ejecutivo que amenazó con intervenir el Ministerio Público y las múltiples protestas que se tomaron las calles pidiendo su renuncia, obligaron a este abogado de 66 años a retractarse de su decisión dos días después. Pero fue tarde, Chávarry se transformó en el blanco de ataque de todos los sectores de la sociedad y su figura como jefe de los fiscales pende de un hilo que podría cortarse pronto.
Antecedentes irregulares
Chávarry es un veterano en lo que respecta a trayectoria en el Poder Judicial. Aunque el cargo de fiscal de la nación lo asumió recién en junio pasado – con la intención de desempeñarlo por tres años – lleva más de tres décadas ejerciendo labores en el área. Comenzó su carrera como secretario titular del Tribunal Correccional de Lima en 1980, según consigna el diario peruano El Comercio, pero solo un año después se convirtió en juez de paz letrado, que constituye el menor nivel jerárquico del sistema judicial peruano.
Ya en 1994, este abogado asumió como fiscal supremo adjunto. Quien lo designó fue Blanca Nélida Colán, entonces fiscal de la nación durante la administración de Alberto Fujimori, quien más tarde sería condenada a 10 años de prisión por enriquecimiento ilícito, falsedad genérica, encubrimiento y omisión de denuncia.
Por esta razón, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) – órgano que nombra, ratifica y destituye a jueces y fiscales - le retiró su confianza a Chávarry en 2002, aunque solo cinco años más tarde sería reincorporado a la carrera judicial, tras alcanzar un acuerdo con el Estado por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero el umbral de dudas sobre su cabeza siguió agravándose. Dos meses después de que asumiera el cargo de fiscal de la nación - para el que fue elegido debido a su antigüedad - Chávarry fue vinculado a la red de sobornos y tráfico de influencias denominadas
"Cuellos Blancos del Puerto", que sacudió al sistema judicial peruano y provocó la renuncia de diversas autoridades.
Hasta hoy, no obstante, Chávarry había logrado bloquear la investigación en su contra y permanecer en el cargo. El 15 de octubre pasado, la Comisión Permanente del Congreso decidió archivar la denuncia y el pedido de destitución contra el fiscal con 17 votos a favor y 10 en contra.
Los votos provinieron del fujimorista Fuerza Popular, que es liderado por Keiko Fujimori, y del Partido Aprista, colectividad del ex Presidente Alan García. Tanto la ex candidata presidencial como el ex Mandatario se encuentran procesados en el caso Lava Jato peruano: mientras ella cumple prisión preventiva por 36 meses por el presunto delito de lavado de activos, García tiene impedimento de salir del país a raíz de una supuesta recepción de coimas.
En caída
El apoyo a Chávarry por parte de los partidos de oposición y las acusaciones de corrupción en su contra provocó que a finales de octubre el Presidente del país, Martín Vizcarra, pidiera su renuncia. Parlamentarios de otros sectores también se sumaron a esta solicitud. "Necesitamos un Ministerio Público que esté liderado por un fiscal libre de cualquier duda, de cualquier cuestionamiento, y no está ocurriendo eso con el fiscal Chávarry", afirmó Vizcarra.
Aunque el persecutor lo negó, el fiscal Rafael Vela -uno de los destituidos- insistió en los cuestionamientos, asegurando que el líder del Ministerio Público no apoyaba las investigaciones que junto a José Domingo Pérez lideraban. Ambos solicitaron la prisión preventiva para Keiko Fuijimori y tienen a cargo las indagaciones en contra de los ex mandatarios Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski.
Fueron éstas las declaraciones en las que Chávarry se basó para sacarlos a ambos del equipo Lava Jato el 31 de diciembre pasado. Pero aunque hasta ahora el blindaje político le había sido efectivo, tras la fallida destitución de los dos fiscales Chávarry se quedó solo y cada vez más cerca del abismo.
Todos los casos de corrupción han valido a los fiscales una alta popularidad y respaldo entre los ciudadanos.
Por ello, no fue raro que el anuncio de su salida de las investigaciones provocara
masivas protestas en diversas ciudades del país, que pedían su renuncia. A ello se sumó Vizcarra, quien presentó un
proyecto de de ley para declarar en emergencia al Ministerio Público y suspender de sus funciones al fiscal de la nación.
Los propios colegas de Chávarry en la Fiscalía también se hicieron parte de las solicitudes de renuncia y los persecutores designados para reemplazar a Vela y Pérez declinaron asumir los cargos "para que no se perjudiquen las investigaciones".
Asimismo, varias bancadas en el Congreso llamaron a respaldar la iniciativa del gobierno de Vizcarra. Entre ellos, Fuerza Popular y el Partido Aprista. "La situación del fiscal de la nación, Pedro Chávarry, resulta insostenible y creemos que haría bien en dar un paso al costado", dijo a periodistas el legislador aprista Jorge del Castillo, tras conocerse que los dos fiscales serían restituidos.
"Necesitamos un Ministerio Público sin dudas ni cuestionamientos (...)", tuiteó por su parte Keiko Fujimori, invocando a su partido "a apoyar y priorizar la declaratoria de emergencia del Ministerio Público de forma inmediata".
El rechazo al fiscal general no amaina y este jueves habrá marchas en Lima y otras ciudades reclamando su partida.
