Marcada por la polémica "guerra antidrogas"impulsada por el Presidente Rodrigo Duterte y que ha dejado miles de fallecidos, Filipinas ha hecho noticia durante los últimos años por impulsar controvertidas normativas e iniciativas legales, además de por las polémicas de su gobernante.
Todo esto ha puesto al país asiático en la mira de la comunidad internacional, al punto de que el jueves el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución en la que se le encarga a la Alta Comisionada Michelle Bachelet que su oficina haga un seguimiento de la situación y prepare un informe al respecto, para presentarlo en junio de 2020.
La iniciativa contó con 18 votos a favor, 14 en contra y 15 abstenciones, entre ellas la de Chile, postura que fue ampliamente cuestionada por la oposición y organizaciones defensoras de los derechos humanos. En tanto, desde el Gobierno filipino criticaron con dureza la medida, señalando que
"su validez es altamente cuestionable".
"No toleraremos ninguna forma de falta de respeto o actos de mala fe", aseguró el canciller filipino, Teodoro Locsin, quien acusó a los 18 países que votaron a favor de ser los "peores enemigos" o "falsos amigos" de Filipinas.
Medidas y polémicas
Tras su asunción en 2016, el Gobierno de Duterte envió a las calles a miles de efectivos de seguridad y fomentó la generación de grupos paramilitares en las zonas más alejadas, con la orden de perseguir y sancionar cualquier actividad relacionada al narcotráfico -incluido el consumo -, aún si solo existiera una sospecha de ello.
Desde entonces, esta
guerra antinarcóticos se ha saldado con miles de personas fallecidas, entre ellas un número importante de ejecuciones extrajudiciales. Según las últimas cifras gubernamentales,
5.425 personas han muerto durante las operaciones.
En este contexto, Duterte impulsó en marzo de 2017 un polémico proyecto de ley para reinstaurar la pena de muerte en el país asiático para delitos relacionados a la venta de estupefacientes. Específicamente, la ley 4.727 establece la pena capital para aquellas personas que incurran en el tráfico de sustancias ilícitas a partir de ciertas cantidades, como 500 gramos de marihuana o 10 de cocaína, y para los que cometan asesinatos bajo la influencia de alguna droga. Además, contempla la cadena perpetua para un total de ocho delitos vinculados al narcotráfico.
Pocos meses después de que la Cámara baja diera el visto bueno a la iniciativa, aunque mucho menos drástico, el líder del Ejecutivo firmó una normativa en la que se restringe el consumo de tabaco en los lugares públicos. La polémica en torno a este decreto, que contempla la prohibición de fumar en lugares cerrados y la publicidad cerca de zonas con menores, radicó en que se imponía sanciones que iban desde multas de 5.000 pesos filipinos (63.700 pesos chilenos) a penas de hasta cuatro meses cárcel.
Aunque no implicó una ley o normativa, en febrero del año pasado, Duterte generó polémica por un discurso en una reunión con ex militantes del Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), una guerrilla terrorista filipina, en la que ordenó a los soldados "disparar en la vagina" a las mujeres que aún pertenecen a este grupo.
Otra comentada actuación respecto a su lucha contra el contrabando ocurrió en julio de 2018, cuando el Mandatario
ordenó la destrucción de 68 automóviles y ocho motocicletas de lujo, que en total sumaban un avalúo de más de
5,6 millones de dólares, y habían sido incautadas en la provincia de Cayagán.
Asimismo, el Gobierno respaldó en enero de este año un proyecto de ley presentado por un grupo de parlamentarios que pretende rebajar la edad de responsabilidad criminal desde los 15 a los 9 años. Para el Ejecutivo, la cuestionada iniciativa busca ayudar en la operación contra el consumo y la venta de drogas desplegada por Duterte, pues impediría que grupos criminales utilicen a menores para cometer delitos graves.
Embestida a organismos y salida de la CPI
Pero las miles de muertes registradas durante su administración, le han costado duras críticas al jefe de Estado. Pese los números entregados por el Gobierno, ONG's como Human Rights Watch o Amnistía Internacional aseguran que en realidad la cifra de muertos en la lucha contra los narcóticos asciende a 15.000 o 20.000, principalmente debido al clima de impunidad que reina en los barrios y por la participación de grupos vecinales armados.
Pero además de organizaciones de derechos humanos, Naciones Unidas y entidades como la Iglesia Católica han advertido respecto a la situación en Filipinas y se han enfrentado en duros términos a Duterte. Tanto así, que a comienzos de 2018 el Mandatario llegó a amenazar con "abofetear" a la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, y en diciembre
llamó sus seguidores a "matar" a los obispos católicos por considerarlos unos "inútiles". En ambos casos a raíz de las críticas que habían emitido contra su sangrienta operación antidrogas.
En abril de 2017, la Corte Penal Internacional de Justicia (PI) recibió una demanda en contra de Duterte por "asesinatos en masa" durante los 22 años que fue alcalde de Davao, en la sureña isla de Mindanao, y también como jefe de Estado. Esta investigación generó que, tras varios meses de amenazas, el jefe de Gobierno anunciara el retiro de Filipinas de la CPI. "Parece que hay un esfuerzo concertado de los relatores especiales de la ONU para dibujarme como un cruel y despiadado violador de los derechos humanos que supuestamente ha ordenado miles de ejecuciones extrajudiciales", expresó.
Pero pareciera que la continuidad del actual Gobierno tendría sus días contados. Una reforma constitucional, que podría ser aprobada este año y que pretende implantar un sistema federal en Filipinas, prohibiría la reelección de Duterte en los comicios de 2022. La cláusula establece un máximo de dos gestiones por mandatario, pero por periodos de cuatro años. Duterte cumpliría seis al fin de su gestión, quedando inhabilitado.
La medida fue incluida a petición expresa del propio Presidente, para frenar las especulaciones que afirmaban que en realidad pretendía llevar a cabo la reforma para extender su periodo en el poder.
La nueva Carta Magna consigna además que, de obtener luz verde, Duterte debería entregar el poder a un presidente y vicepresidente de transición en un plazo de seis meses desde la promulgación. Si es así, dejaría el poder en 2019, aunque según afirmó a fines del año pasado, una de sus intenciones sería dejar en el poder a su hija, Sara Duterte-Carpio. "Si yo no puedo cumplir con mis promesas, ella lo hará", sentenció.
