El Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, indicó este lunes que declarará estado de emergencia en Tokio y en otros seis territorios, para reforzar las medidas contra el brote de coronavirus. Tal y como reveló la autoridad, esta decisión podría hacerse valer a partir del martes.
El Gobierno que lidera Abe tuvo que reunir suficientes opiniones de expertos médicos y económicos que justifiquen la aplicación de la medida, además de contar con el respaldo de la oposición para declarar estado de emergencia, que es conocido como el último recurso frente al virus y que se usa por primera vez bajo la Constitución nipona de 1947.
Además, Abe dijo a la prensa que su Gobierno lanzaría un paquete de estímulo valorado en 108 billones de yenes (1 billón de dólares) para ayudar a contrarrestar el impacto económico de la pandemia, lo que incluiría pagos en efectivo a los hogares necesitados y apoyo para proteger negocios y empleos.
Los expertos del equipo formado por el Gobierno instaron al Premier a preparar el estado de emergencia ante la rápida expansión del brote en grandes ciudades como Tokio, donde los hospitales y médicos se ven sobrepasados por la cantidad de pacientes.
Más poderes, pero limitados
La declaración de emergencia abarcará los territorios de Tokio, Osaka, Fukuoka y otras cuatro prefecturas que se han visto afectadas, y se mantendrá vigente alrededor de un mes, señaló el Mandatario.
La medida, indicó, pretende reforzar el distanciamiento social entre personas para contener la expansión del brote y mantener las actividades sociales y económicas al mínimo.
Una vez declarado, el estado de alerta sanitaria concede a los gobiernos regionales el poder de "exigir" a sus ciudadanos quedarse en la casa salvo para desplazamientos que sean absolutamente necesarios, así como ordenar el cierre de instalaciones públicas como colegios, parques o centros deportivos.
Aunque el término empleado en japonés tiene una connotación coercitiva, la legislación nipona no contempla medidas legales para imponer el cumplimiento de las instrucciones de las autoridades, al contrario que las sanciones o las detenciones aplicadas en países como España o Chile a quienes evaden la orden de confinamiento.
En caso de que alguna empresa o institución incumpla las directrices, las autoridades podrían hacer públicos los nombres de sus responsables con el objetivo de presionarlos a obedecer o, en última instancia, enviarles una carta firmada por el Primer Ministro.
Los gobiernos de las prefecturas niponas tendrán, además, la capacidad de requisar bienes considerados esenciales como fármacos o equipamiento hospitalario, y de apropiarse temporalmente de terrenos e inmuebles particulares para dedicarlos a instalaciones médicas.
Entre otras medidas, se han designado una serie de "servicios públicos" entre los que se encuentran las empresas energéticas y de transporte o la cadena estatal NHK, a las que las autoridades podrán pedir tareas como difundir información de interés general o distribuir bienes básicos.
La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, sostuvo que la ciudad empezaría a transferir pacientes con pocos o ningún síntoma de hospitales a hoteles y otros alojamientos, para dejar espacio a los enfermos con síntomas graves.
El Ministerio japonés de Salud ha confirmado 3.654 casos de coronavirus, incluidas 84 muertes, así como otras 712 infecciones y 11 fallecimientos en un crucero que estuvo este año en cuarentena en el puerto de Yokohama, cerca de Tokio.
