La noche del domingo, el Presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, finalmente promulgó la polémica reforma constitucional que establece, entre otras cosas, la elección de todos los jueces del país (incluso los de la Suprema Corte) por
votación popular, pudiendo materializar una de las propuestas del Mandatario que está pronto a dejar el poder en 12 días más.
"Esta iniciativa de reforma al Poder Judicial la vamos a firmar, la vamos a suscribir en este día histórico -15 de septiembre, Día de la Independencia de México-, se tiene que publicar. Ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en la mayoría de las legislaturas locales (estatales), como la misma Constitución lo exige", indicó el Mandatario, quien cuenta con mayoría en el Poder Legislativo, lo que le permitió llevar a cabo esta iniciativa.
La reforma finalmente vio la luz en medio de
fuertes críticas por parte de la oposición y los propios funcionarios del Poder Judicial, que incluso iniciaron una huelga en reclamo por la iniciativa, al considerar que, entre otras cosas, "abriría la posibilidad de que grupos de poder, incluso ilegales, ejerzan presión", según explicó en su momento a Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).
Así como los magistrados, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá también han expresado sus reparos en torno a la nueva norma que, aseguran, podría traer serias consecuencias. Estas opiniones molestaron a López Obrador, quien de hecho "pausó" las relaciones con las embajadas de ambos países.
Lo cierto es que tanto jueces como expertos advierten consecuencias desastrosas tanto a nivel judicial como económico a raíz de esta reforma que sólo es comparable con lo hecho por Bolivia en 2011, cuando implementó la elección de los magistrados por votación popular, con discretos resultados.
La justicia en riesgo
La reforma, promulgada el domingo por Andrés Manuel López Obrador en compañía de quien lo sucederá en la Presidencia a partir del 1 de octubre, Claudia Sheinbaum, establece que todos los jueces, federales y estatales, desde los de escalafón más bajo hasta la Suprema Corte, serán elegidos en las urnas.
La normativa también reduce notablemente las exigencias para ser magistrado: ahora solo basta ser licenciado en Derecho y tener cinco años de experiencia para integrar los tribunales ordinarios y diez para postular a la Suprema Corte. No hacen falta exámenes; solo buenas calificaciones y cartas de recomendación de cualquier procedencia.
Con esas disposiciones, cada ciudadano deberá elegir previsiblemente entre
aspirantes relativamente desconocidos e informarse sobre ellos será una labor titánica. Eso abriría la puerta a que cualquier poder fáctico (político, económico, criminal) influyera en su decisión, así como en las campañas electorales de los jueces. Muchos temen que suponga un mayor acoso para ellos.
Todo esto alertó al Poder Judicial. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, reconoció que es necesario hacer una reforma profunda, pero la iniciativa impulsada por López Obrador no es la solución, ya que atenta contra la separación de poderes y los principios democráticos, de acuerdo con una entrevista concedida a BBC Mundo.
En la conversación, Piña aseguró que el principal problema de esta reforma tiene que ver precisamente con el sistema de elección de jueces, "porque implica que para serlo no se requiere ninguna preparación, sino nada más ser abogado; no hay que tener preparación, no hay colegiación, y van a ser electos por voto popular después de ingresar en una tómbola. O sea, sacarán un papelito".
"Uno puede pensar, partiendo de una democracia, que suena bien, suena bonito, que se elijan a los jueces y magistrados, pero en la práctica es totalmente inoperante, no se va a poder implementar ese sistema. Y si se llega a implementar, vamos a ver las consecuencias, que a mi juicio son un retroceso en la impartición de justicia", añadió.
"Uno puede pensar, partiendo de una democracia, que suena bien, suena bonito, que se elijan a los jueces y magistrados, pero en la práctica es totalmente inoperante, no se va a poder implementar ese sistema
Norma Piña, presidente de la Suprema Corte de Justicia de México
López Obrador ha hecho caso omiso a estos reparos y ha defendido con insistencia su reforma: "Necesitamos que la justicia llegue a todos, que no haya corrupción en el Poder Judicial, que los jueces, magistrados, ministros apliquen al pie de la letra el principio de que al margen de la ley, nada y por encima de la ley, nadie", afirmó el domingo.
Pero el panorama, al menos según Piña, no se v alentador, según dijo a BBC Mundo:"Normalmente no soy pesimista. Pero sí veo que el futuro de México se va a afectar, y va a afectar no solo al país como Estado, sino al ciudadano, porque cualquier acto arbitrario de una autoridad un juez federal lo puede controlar, pero si van a ser elegidos por voto popular, y van a tener que servir o quedar bien con sus electores, este contrapeso entre autoridad y ciudadano se va a ir diluyendo".
Consecuencias económicas
La reforma también trae consigo una serie de consecuencias económicas. Calificadoras como Moody's, analistas y empresarios advierten que la enmienda puede mermar la fortaleza y las finanzas de la 12° economía mundial, al "erosionar" el equilibrio de poderes y debilitar sus instituciones.
De acuerdo con Moody's, "la nueva ley podría politizar los dictámenes de (...) la Suprema Corte", además de "comprometer la independencia del sistema". En esa línea, los inversores advierten que con jueces dependientes de elecciones "habría una inclinación a tomar decisiones basadas en lo que resuene bien entre los votantes", según Jason Marczak, vicepresidente del centro Adrienne Arsht para Latinoamérica, parte del think tank Atlantic Council.
Moody's también advirtió
consecuencias "particularmente perjudiciales" para las futuras inversiones de relocalización de empresas desde Asia a México. Esta tendencia, conocida como
"nearshoring", busca aprovechar las mejores condiciones logísticas y geopolíticas que el país latinoamericano ofrece para abastecer al mercado estadounidense y se erige como gran esperanza para impulsar el crecimiento en el largo plazo.
Por otro lado, los cambios podrían alterar el marco legal del comercio exterior mexicano, altamente concentrado en Estados Unidos y Canadá, sus socios del T-MEC, con los que intercambió mercancías por unos 750.000 millones de dólares en 2023.
La estricta normativa que el tratado establece para sectores como el automotriz o para resolver conflictos laborales, podría ser afectada por jueces más pendientes de los votantes que de las leyes.
Preocupa que "los jueces no tengan en cuenta únicamente la legislación mexicana y los acuerdos con Estados Unidos y Canadá como parte del T-MEC", añade Marczak.
Dicho esto, eventuales perjuicios a la inversión y el comercio
afectarían finalmente el crecimiento esperado del PIB, que antes de la reforma ya fue recortado por Banco de México (central), de 2,4% a 1,5% para este año y de 1,5% a 1,2% para 2025.
"Es muy posible, por la reforma al Poder Judicial, que la economía mexicana caiga en un largo estancamiento" y no se descarta una "recesión", señaló vía X Gabriela Siller, directora de análisis del banco BASE.
El experimento boliviano
El caso de México es prácticamente único en el mundo y sólo se puede comparar con el de Bolivia, que hace 13 años se convirtió en el primer país en elegir a varios de sus jueces por votación popular. El país vecino, no obstante, ha presentado resultados cuestionables.
Tras la reforma impulsada en 2011 por el entonces Presidente Evo Morales, los magistrados de tribunales nacionales, como el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, son elegidos directamente por el voto ciudadano. Los candidatos son seleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que propone listas de candidatos basadas en criterios de mérito y experiencia.
Con todo,
el sistema boliviano ha sido criticado por la falta de independencia, ya que la preselección de los candidatos está en manos de la Asamblea Legislativa, controlada generalmente por el partido mayoritario, lo que introduce un sesgo político.
Los críticos del sistema aseguran que el proceso no ha mejorado significativamente la administración de justicia ni ha reducido la influencia política en los tribunales, uno de los objetivos de la reforma.
El sistema tampoco ha contado con el respaldo ciudadano, ya que la participación en las elecciones judiciales ha sido históricamente baja. A pesar de que en Bolivia el sufragio es obligatorio, muchos ciudadanos optan por anular su voto o emitirlo en blanco, lo cual evidencia una desconfianza general hacia el sistema
Todo esto, finalmente, ha generado dudas sobre la legitimidad del proceso.
