Cuatro ex autoridades del Opus Dei en Argentina fueron imputadas por la Justicia federal de ese país por el supuesto delito de reducción a la servidumbre y trata de personas. La acusación surge de una nota publicada por La Nación en mayo de 2021. Allí, 43 mujeres de origen humilde acusaron a la institución católica de haberlas hecho trabajar gratis y durante años como empleadas domésticas.
Las mujeres dicen que las reclutaron engañadas cuando eran adolescentes con la promesa de continuar su educación. Pero que la instrucción fue en escuelas de tareas domésticas que tenía la organización, donde les enseñaron a limpiar, cocinar, planchar y el resto de los asuntos de la casa.
Según su testimonio,
su escolarización fue parcial, o nula, y luego trabajaron como empleadas de limpieza, cocina y servicio para los miembros de la Obra y sus invitados en los centros que el Opus Dei tiene en todo el país y alrededor del mundo. Por esa tarea, acusan,
nunca cobraron un peso. Las mujeres hoy tienen entre 40 y 60 años, y el período que denuncian de instrucción y trabajo no remunerado en la institución fue entre 1980 y principios de los 2000.
La imputación de la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano incluye a tres sacerdotes que ocuparon la vicaría general de la institución: Carlos Nannei (1991-2000), Patricio Olmos (2000-2010) y Víctor Urrestarazu (2014-2022). Gabriel Dondo, ex director de la rama femenina en la Argentina, también está imputado. La querella solicitó que se incluya a Mariano Fazio, que también fue vicario general del Opus Dei en el período investigado, pero su nombre no figura en la solicitud de indagatoria.
La respuesta del Opus
Mediante un comunicado, el Opus Dei negó "categóricamente" la acusación. "La impresión es que para construir esta denuncia se realiza una descontextualización completa de la formación que recibieron algunas de las mujeres del grupo y la vocación que eligen libremente las numerarias auxiliares del Opus Dei. Se trata de una acusación totalmente falsa", dice el documento publicado por la institución.
Según la entidad, "los testimonios de las mujeres mezclan etapas diferentes de sus vidas como si se tratara de una misma realidad, lo que obviamente genera confusión"; primero, cuando sus padres las inscribieron en una iniciativa socioeducativa solidaria del Opus Dei; y segundo, "cuando libremente eligieron ser miembros del Opus Dei siguiendo una vocación espiritual dentro de la Iglesia Católica como numerarias auxiliares".
"La Prelatura siempre ha respetado la voz de quienes han planteado reclamos, y desde el inicio de este conflicto, su principal interés ha sido escuchar y establecer un canal de diálogo que permita comprender cada experiencia. Por eso, aunque resulta doloroso llegar a una instancia judicial de esta naturaleza, creemos que después de más de tres años de acusaciones similares realizadas sólo en los medios de comunicación, la investigación es necesaria para aclarar definitivamente la situación", consignó la agrupación.
En 2021, cuando se publicó la primera denuncia, Catalina María Donnelly, directora de la rama femenina en Buenos Aires del Opus Dei, dijo a La Nación que se sentía triste por las acusaciones y dispuesta a pedir perdón. Igual aseguró que, según su registro, siempre pagaron el trabajo de las numerarias auxiliares. Admitió, sin embargo, que pudo haber habido lo que ella llama "informalidad" en la remuneración.
"Quizás la que dirigía la residencia (donde vivían las jóvenes) hacía una caja común y de ahí se enfrentaban todos los gastos", explicó. "Hoy en día es inentendible y está muy mal hecho, pero en ese momento se hizo como se hacía en las familias", agregó.
"De acuerdo con los testimonios recopilados, estas mujeres dedicaron gran parte de sus vidas al servicio doméstico en las sedes de la institución, enfrentando jornadas laborales agotadoras sin recibir salario. En algunos casos, incluso recibían una remuneración que debían devolver a aquellos a cargo de los lugares donde residían. No contaban siquiera con la posibilidad de un descanso efectivo ni del respeto a cualquier otro derecho laboral, quedando atrapadas en un superestructura desprovista de derechos sin control ni supervisión alguna que perduró por años", dice el pedido de indagatoria contra los cuatro religiosos. La investigación judicial se inició en 2022 en la Procuraduría contra la Trata de Personas de Argentina (Protex).
