Rosario Murillo y Daniel Ortega.
EFE
La
justicia argentina ordenó este lunes la declaración indagatoria y la captura internacional del presidente de Nicaragua,
Daniel Ortega, y de su esposa y vicepresidenta,
Rosario Murillo, por su posible responsabilidad en violaciones a los derechos humanos cometidas en el país centroamericano.
La información la dio a conocer el abogado trasandino Darío Richarte, quien en agosto de 2022 presentó junto a un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad de Buenos Aires una denuncia judicial contra el matrimonio y otros funcionarios del régimen nicaragüense, bajo el principio de jurisdicción universal.
"Caso contra la dictadura de Nicaragua en Argentina: luego de casi 2 años y medio de investigación el juez acaba de resolver
la citación a prestar declaración indagatoria y la orden de detención con pedido de captura internacional de Daniel Ortega, Rosario Murillo y de alrededor de una docena de otros responsables de graves violaciones a los derechos humanos", indicó el profesional en su cuenta de X.
En diálogo con Infobae, Richarte calificó la decisión del juez Ariel Lijo como un "hecho histórico" que "marca un antes y un después en materia de justicia universal".
"Este fallo no es el final, pero sí un paso crucial para visibilizar la situación en Nicaragua y avanzar hacia la justicia para las víctimas", remarcó.
En agosto de 2022, el equipo liderado por Richarte presentó la denuncia contra Ortega, Murillo y una docena de funcionarios del régimen nicaragüense por violaciones a los derechos humanos. El requerimiento documentó una serie de hechos cometidos desde abril de 2018, como la represión de manifestaciones, el encarcelamiento de opositores y la persecución de grupos vulnerables, según precisa Infobae.
Luego, entre noviembre de 2022 y febrero de 2024, los denunciantes presentaron siete ampliaciones de la demanda con testimonios de víctimas, documentos y otras pruebas recopiladas con la ayuda de organismos internacionales.
Richarte y su equipo se valieron del principio de jurisdicción universal, que permite a la justicia argentina declararse competente para investigar delitos como crímenes de lesa humanidad, hayan sido cometidos o no en territorio trasandino.
El fallo de este lunes, complementó el abogado, "busca aislar a los dictadores y comprometer a la comunidad internacional, especialmente a los países de América, en la defensa de la democracia".
