Una polémica judicial envuelve al proceso de deportaciones iniciado por la administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, luego de que este domingo se concretara la expulsión del país de 238 ciudadanos venezolanos -calificados como miembros del Tren de Aragua-, a El Salvador, pese a la prohibición de un juez federal.
Esto, ya que el juez James Boasberg había prohibido la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros contra la deportación de cinco ciudadanos venezolanos y poco después amplió su veto para cubrir a todos los no ciudadanos bajo custodia de EE.UU. que estarían sujetos a dicha normativa.
En ese contexto, la
Casa Blanca negó haber ignorado la orden judicial emitida el sábado para impedir la
deportación de ciudadanos venezolanos y aseguró que el decreto del juez federal carece "de fundamento legal".
"La Administración no se 'negó a cumplir' una orden judicial. Ésta, carente de fundamento legal, se emitió después de que extranjeros terroristas de TdA (siglas de la banda criminal transnacional Tren de Aragua) ya hubieran sido expulsados del territorio estadounidense. La orden escrita y las acciones de la Administración no chocan", escribió hoy en un mensaje en X la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
"Además, el Tribunal Supremo ha dejado claro en repetidas ocasiones que los tribunales federales generalmente no tienen jurisdicción sobre la gestión de asuntos exteriores del presidente, sus facultades bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y sus facultades fundamentales que establece el Artículo II (de la Constitución) para expulsar a terroristas extranjeros de territorio estadounidense y repeler una invasión declarada", añade.
Esa normativa de 1798 no se había utilizado desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y Trump recurrió a ella para acelerar las deportaciones contra miembros del Tren de Aragua.
"Un solo juez de una sola ciudad no puede dictar los movimientos de una aeronave que transporta terroristas extranjeros que estaban siendo físicamente expulsados de territorio estadounidense", concluye el mensaje Leavitt.
En un primer momento, el secretario de Estado, Marco Rubio, dio a entender que el Gobierno había ignorado abiertamente la orden cuando informó el sábado de que unos 250 supuestos integrantes del Tren de Aragua fueron trasladados a El Salvador.
La Casa Blanca está dispuesta a llevar al Tribunal Supremo el bloqueo de la Ley de Enemigos Extranjeros, que permite las deportaciones sin una audiencia previa, según adelantó el domingo el medio Axios citando a funcionarios de la oficina presidencial estadounidense.
