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Millonario déficit en Ues por gratuidad: Diputados de oposición piden recalcular aranceles regulados

Afirman que éstos deben ser más "realistas" o, de lo contrario, terminarán afectando la calidad de las instituciones.

07 de Noviembre de 2016 | 12:49 | Por Natacha Ramírez, Emol
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La diputada Hoffmann sostuvo que no hay "reglas claras" para los planteles que adscriben a la gratuidad.

El Mercurio (archivo)
SANTIAGO.- Tras conocerse que 29 de las 30 universidades que adscribieron a la gratuidad dejaron de recibir más de $30 mil millones, diputados de oposición llamaron a revisar la fórmula con que el Ministerio de Educación calcula los aranceles regulados de las distintas instituciones.

Según se informó, el déficit en los ingresos de las universidades se debió a la diferencia que se generó entre el arancel regulado (que fija el Gobierno para entregar los fondos por la gratuidad) y el arancel real que cobran las instituciones a sus alumnos.

Ante esto, los diputados Romilio Gutiérrez y María José Hoffmann, ambos UDI y de la Comisión de Educación, plantean que se debe revisar la fórmula que estableció el Ejecutivo para calcular el arancel regulado, de modo que sea más "realista" y se ajuste a los gastos que tienen los distintos planteles.

"Creo que la forma en que se define el arancel (regulado) debe ser revisada, y que realmente se consideren los costos reales, porque al final esta disminución puede afectar la calidad de la educación que imparten estas instituciones", afirma el diputado Gutiérrez.

En ese sentido, dice que buscarán que en el proyecto de ley de educación superior –que se tramita en la Comisión de Educación de la Cámara– se deje establecida una fórmula "que permita garantizar que exista un cálculo del arancel muy realista, que garantice que las instituciones efectivamente van a poder funcionar bien".

Actualmente, el proyecto de ley establece que el arancel regulado lo deberá definir una comisión de expertos.

En la misma línea, la diputada María José Hoffmann afirma que los aranceles regulados "tienen que ser lo más cerca posible" al arancel real, "o al menos permitirles a las universidades que tengan sus propios mecanismos de acceso a crédito".

La parlamentaria responsabiliza de lo ocurrido con las universidades a la "incapacidad técnica que tiene el Ministerio de Educación de implementar la política pública más importante".

También cuestiona que por segunda vez la gratuidad se deba legislar a través de una glosa de la Ley de Presupuesto, lo que a su juicio repercute en que no haya "reglas claras" para las instituciones que adscriben a esa política. "Las universidades que accedieron y las que no accedieron no tienen las reglas claras, y hoy día se han visto las consecuencias", subraya.
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