SANTIAGO.- Se estima que en Chile menos del 10% de las vías eléctricas son subterráneas. En la Región Metropolitana, por ejemplo, en algunos tramos de las comunas de Providencia, Lo Barnechea, Las Condes y en el Centro Cívico de Santiago cuentan con él desde hace algunos años.
Este sistema mejora la calidad del suministro, especialmente ante eventos externos tales como el que ocurrió la semana pasada luego de que el viento desprendiera techos, avisos publicitarios y árboles cortando los cables y dejando a más de 263 mil clientes sin servicio.
Ante esto, el soterramiento de las líneas es "efectivamente una excelente solución, pero el tema costo es el gran tope", asegura Rosa Serrano, directora de estudios y regulación de la Asociación de Empresas Eléctricas.
"Es una excelente alternativa para reducir lo más posible la interrupción de suministro porque las redes no quedan expuestas, además tiene otros beneficios porque hay una menor cantidad de mantenimiento el problema es el costo y dependiendo de la zona que se quiera soterrar puede varias, pero en promedio es en torno a las 10 veces que el costo de una línea aérea", consigna la ejecutiva.
"Pensar que en Chile vamos a soterrar todo el país sería maravilloso, pero en términos económicos es complejo de hacer"
Rosa Serrano, Asociación de Empresas Eléctricas
"Mientras menos densa es la zona o sea, mientras más rural y menos consumo haya más caro es porque se deben repartir entre menos usuarios y menos consumo", explica.
"Por lo mismo incluso en muchos países desarrollados no se ha optado por hacer un soterramiento completo entonces lo que se podría hacer es estudiar aquellas zonas y evaluar de acuerdo a ciertas políticas públicas cómo financiar eso", añade.
Y ejemplifica: "en Canadá, que tienen redes aéreas parecidas, lo que se ha hecho es reforzarlas y colocar más tecnología, pero de todas maneras lo importante es que hay que hacer inversión, porque se podría enmallar los sistemas, o invertir en distribución para que en el caso de corte en un lado se pueda respaldar desde otro".
Financiamiento
Con respecto a cómo se podría financiar el soterramiento de las líneas eléctricas, Serrano afirma que hay varias opciones tales como los usuarios o a través de algún mecanismo o aporte de municipalidades.
"Es parte de una política pública que debe estudiarse lo importante es que definitivamente tiene que ser financiado, no es un costo que puede asumir la empresa así como así porque ese costo no es sostenible", argumenta la ejecutiva.
Felipe Guevara, alcalde de Lo Barnechea, comuna de Chile con el mayor porcentaje de su territorio con cables soterrados, con más de 50%, señala que "el costo promedio de un metro lineal es de $10 millones".
"Se puede hacer, el tema es quién lo paga y aquí hay dos alternativas: una, que lo paguen las compañías eléctricas y lo carguen a la cuenta de todos nosotros y otra, que lo haga el Estado, pero el Estado no lo va a hacer porque Chile es un país todavía con necesidades harto más urgentes que soterrar los cables y por lo tanto la única posibilidad es que lo paguemos los usuarios", opina.
Asimismo, apunta que "es un lujo" ya que no son los mismos cables que están en el aire los que se ponen bajo tierra. Los primeros son de cobre, mientras que los segundo, de aluminio.
"No hay ningún país OCDE que tenga los cables subterráneos, incluso en las naciones desarrolladas los cables van a la vista"
Felipe Guevara, alcalde de Lo Barnechea
"Me encantaría que no tuviera cables la ciudad, pero sólo se va a dar cuando haya una ley que indique quién lo va a hacer y quién lo va a pagar. Lo ideal sería que lo hagan las eléctricas y cobrarles mensualmente a los usuarios", añade el jefe comunal.
Lo que quizá no es muy conocido es que desde mayo de 2008 que el senador PS Juan Pablo Letelier pretende convertir este sistema en ley, fecha en que ingresó el proyecto que "Obliga a trasladar a espacios subterráneos, las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica, que atraviesen bienes nacionales de uso público". La última tramitación fue en agosto de 2012 cuando la Sala acordó "enviar el proyecto a nuevo primer informe de las Comisiones de Minería y Energía y de Vivienda y Urbanismo, unidas".
"El objetivo primordial de este proyecto consiste en que, en la ciudades de más de 50.000 habitantes, las empresas que tienen sistemas de postes y redes de cable, deban trasladar dichos sistemas a espacios subterráneos dentro de un plazo de dos años a contar de la fecha de publicación de la ley. No obstante lo anterior, las empresas que, en la ciudades señaladas, no trasladen sus sistemas de postes y redes de cables serán sancionadas por la utilización permanente de Bienes Nacionales de Uso Público", dice el texto de presentación.