SANTIAGO.- Un total de 150 propuestas contiene el informe del grupo de trabajo del acuerdo nacional por la seguridad, documento que este jueves fue entregado al Presidente Sebastián Piñera, en La Moneda.
El texto presenta medidas en áreas como la modernización y fortalecimiento de las policías; el fortalecimiento del sistema de inteligencia del Estado; la fiscalización y control de las armas de fuego; el rol de los municipios en la seguridad pública y la coordinación entre los actores del sistema de persecución penal.
"Las propuestas de esta mesa de trabajo comprenden reformas que, yo estimo, son no solamente necesarias, muchas de ellas son indispensables, y todas ellas son urgentes, con la finalidad de que el Estado de Chile responda mejor a lo que es su primera responsabilidad", afirmó Piñera.
Iniciativas que, según indicó el Mandatario, se transformarán en medidas administrativas y en proyectos de ley. A continuación, te presentamos las principales.
Modernización y fortalecimiento de las policías
En este apartado se plantea la especialización de las funciones policiales: Para abordar esta situación, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública conformará un grupo de trabajo especializado que estudiará la radicación preferente de la función investigativa en la Policía de Investigaciones y la preventiva en Carabineros. Este equipo interinstitucional realizará un diagnóstico sobre las funciones policiales y entregará sus conclusiones al ministro del Interior y Seguridad Pública en diciembre de 2018. Además, en un plazo de un mes, presentará medidas normativas para implementar la reasignación de funciones policiales específicas y de las materias investigativas entre ambas policías.
También se abordará la relación de las policías con la autoridad civil y la ciudadanía, ante lo cual se consideró necesario “definir y limitar los espacios de autonomía de las instituciones policiales que hoy impiden o dificultan su necesario control, basándose en criterios modernos relativos a la dependencia de las policías de la autoridad civil”.
Además, se incorporarán medidas que mejoran los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información de estas instituciones, y parámetros modernos de gestión y de planificación estratégica.
También se reducirá el catálogo de delitos de competencia de la Justicia Militar conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema. La idea es que progresivamente esta magistratura no conozca causas en que las víctimas sean civiles.
Con ello, se apuntará a incrementar los niveles de profesionalización en las policías, así se establecerá el mérito como el criterio de mayor ponderación para la selección, calificación y ascenso de los funcionarios policiales.
Junto a esto, se elevarán los estándares para el cuerpo docente de ambas instituciones y se actualizarán las mallas de los programas de formación.
En relación a la profesionalización de la organización policial, se plantea que Carabineros deberá implementar un nuevo modelo de control interno para la prevención y control de conductas indebidas (faltas a la probidad funcionaria, infracciones e irrespeto de los códigos de conducta, entre otras). Se habilitará un sistema donde se puedan realizar denuncias de carácter anónimo.
Fortalecimiento del sistema de inteligencia del Estado
Además, se propone avanzar hacia un sistema moderno, integrado y funcional de inteligencia, que incorpore a todos los organismos e instituciones relevantes. Con ello, se espera que este permita una acción preventiva y eficaz ante las nuevas amenazas de seguridad internas y externas: crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, tráfico de migrantes, trata de personas, ciber ataques y protección de la infraestructura crítica del Estado.
En este punto, una de las principales medidas es la creación de un Consejo Nacional de Inteligencia, que será presidido por el Presidente de la República, estará integrado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y los jefes de los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE). Dicho Consejo tendrá como finalidad asesorar directamente al Jefe de Estado en materias de inteligencia.
Fiscalización y control de armas de fuego
En esta materia se habla de “una profunda reestructuración” del sistema registral de armas, donde la idea es aumentar los requisitos para la adquisición e inscripción de las mismas, estableciendo deberes para sus tenedores y sanciones para en caso de su incumplimiento, y disponiendo de procesos regulares de fiscalización y actualización de los registros.
Rol de los municipios
Se incorporará a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades el rol preventivo en materia de seguridad y de coordinación local del alcalde, como presidente del Consejo Comunal de Seguridad Pública. Con ello, se regularán las intervenciones que deberán tener en su territorio, de manera que tengan un carácter estratégico-territorial, como la recuperación de espacios públicos, iluminación eficiente y, en general, medidas para prevenir la delincuencia, las incivilidades y el apoyo psicosocial.
Además, se habla de tener recursos regulares para los planes comunales de seguridad, donde la Subsecretaría de Prevención del Delito evaluará mecanismos de financiamiento, de cara a la Ley de Presupuestos 2019.
Coordinación entre actores de la persecución penal
La idea es que haya una coordinación entre las distintas instituciones del Gobierno Central y aquellas que participan en la investigación y juzgamiento de los delitos. Coordinación que se debe extender para iniciativas legislativas y también en las primeras diligencias. Respecto a este último punto, la idea es en todas las comisarías de Carabineros y en las unidades territoriales de la PDI se designará un oficial por turno, quien será el responsable de coordinar y supervigilar todas las acciones que correspondan a las primeras diligencias, teniendo un canal de comunicación expedito con el Ministerio Público.
Por otra parte, se señala que cada policía deberá contar con un Sistema de Respaldo Documental, en el que se mantendrá copia digital de todas las actas u otros documentos que emanen de ellos o que hayan sido recibidos y que sean propios del funcionamiento de estas instituciones en todas sus áreas. Ante la destrucción de cualquiera de estos documentos, las policías se asegurarán de haber realizado el respectivo respaldo digital.
