SANTIAGO.- A casi un mes y medio de haberse anunciado su elaboración, el Ministerio Público dio a conocer hoy un catastro nacional sobre todos los casos que mantiene por delitos sexuales en los cuales están implicados miembros de la Iglesia Católica.
De acuerdo al registro, que contempló casos denunciados en todo el país desde el comienzo de la Reforma Procesal Penal, 158 personas han sido vinculadas a 144 investigaciones sobre hechos ocurridos desde la 1960 a la fecha.
Entre ellos, 74 son obispos, sacerdotes y diáconos que no pertenecen a una congregación, mientras que 65 sí lo hacen, dentro de las cuales destacan la Salesiana, con 16 casos, y la de los Hermanos Maristas, con 15.
Así también, 10 indagados son laicos a cargo de pastorales parroquiales o pertenecientes a colegios, y sobre nueve no se pudo obtener adscripción o función.
Además, existen cinco casos donde se indagan encubrimientos u obstrucción a la investigación contra superiores de congregaciones u obispos a cargo de determinadas diócesis.
En cuanto a las víctimas, el Ministerio Público logró identificar a 266, de las cuales 178 son niñas, niños y adolescentes; 31 adultos; y en 57casos, relacionados a denuncias previas a la reforma, no se pudo precisar la edad en la que ocurrió el abuso.
Estado de las investigaciones
De acuerdo al catastro, 34 indagaciones se encuentran vigentes con diligencias pendientes. y 104 concluyeron de distintas maneras.
De estas últimas, 23 terminaron con sentencias condenatorias; una con absolución; cuatro con suspensión condicional del procedimiento; siete fueron sobreseídas; en 43 se archivó la causa o decidió no perseverar en base a la falta de antecedentes; en seis no se inició una investigación "ya que los hechos no eran constitutivos de delito"; en 21 fueron remitidos a la justicia penal antigua ya que los hechos denunciados ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la Reforma; y otros dos casos tuvieron otros términos.
Así también, todas las regiones del país reportaron, al menos, un caso, concentrándose en su mayoría en la Metropolitana, Biobío y Valparaíso.
Los casos más conocidos mediáticamente están siendo abordados por persecutores de las regiones del Maule, O'Higgins y Metropolitana: Raúl Guzmán (Metropolitana Sur), lidera la investigación que involucra a los hermanos de la Congregación Marista, mientras que Mauricio Richards las acusaciones de encubrimiento que hizo el párroco de Villa Prat, Sergio Díaz Cubillos, a obispos chilenos y el mismo nuncio apostólico, Ivo Scapolo.
En tanto, el fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias lidera las pericias tras los posibles abusos ligados a los miembros de una cofradía llamada "La Familia", así también como el del ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo, quien fue formalizado hace unos días por siete casos y hoy se encuentra en prisión preventiva.
En esa línea, este mes también se allanó los obispados de Temuco y Villarrica, tras la negativa de diócesis a entregar antecedentes de abusos sobre cinco religiosos.
Colaboración con la Iglesia
La elaboración ocurre en un contexto de colaboración acordado entre el jefe del ente persecutor, Jorge Abbott, y los enviados especiales del Papa Francisco, Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, en una reunión sostenida hace más de un mes.
De acuerdo a lo señalado por el Ministerio Público, también se decidió solicitar mayores antecedente al Vaticano. Serán las fiscalías de Valparaíso, La Araucanía y Metropolitana Sur las que harán los requerimientos en bloque. Esta última, especialmente con miras al informe realizado por Scicluna.
Así también no se descarta que otras unidades pidan información a la Santa Sede de forma particular, como Rancagua.
Hasta la fecha, las fiscalías regionales han nombrado a ocho fiscales preferentes o abogados punto de contacto para estos casos.
Tras comunicada la información, el director de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, Luis Torres, reiteró el compromiso de los persecutores con el esclarecimiento de los hechos: "La definición del Ministerio Público es investigar todas las denuncias, más allá de si los delitos están prescritos o no, porque las víctimas tienen el derecho de ser escuchadas por la justicia", concluyó.
