Los ministros Dolmestch, Valderrama y Künsemüller.
Aton/Alejandro Balart, La Segunda/Cristián Carvallo, El Mercurio
SANTIAGO.- "Hago presente
la injusticia que representa esta acusación constitucional respecto la situación de nuestros colegas, la mía propia, porque yo soy partícipe de esto, en atribuirle un notable abandono de deberes en relación a los DD.HH., cuando
son los únicos que se la han jugado para ello".
De esa forma, el ex presidente de la Corte Suprema
Milton Juica concluyó el lunes pasado su presentación ante la comisión de diputados encargada de revisar el mérito de la acción presentada contra tres ministros del máximo tribunal, y que será votada esta tarde.
Sin embargo, la polémica comenzó hace 44 días, cuando el Poder Judicial comunicó siete fallos de la Segunda Sala Penal que otorgaron el beneficio de libertad condicional a siete ex uniformados, condenados por crímenes de lesa humanidad. Tras ello, las críticas no se hicieron esperar.
En este escenario, un grupo de diputados de oposición acusó constitucionalmente a los tres supremos que fallaron a favor de las solicitudes: Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Valderrama.
La arremetida parlamentaria generó el rechazo de ex ministros de Interior, del TC, abogados, académicos y la misma Corte Suprema de Justicia. "Estamos frente a un problema de autonomía; una situación que sencillamente dificulta el desarrollo de las instituciones públicas y entes públicos", sostuvo su presidente, Haroldo Brito.
Según información recopilada por el Poder Judicial a la cual Emol tuvo acceso, entre enero de 2015 y el 28 de agosto de este año, la Suprema revisó 51 solicitudes de libertades condicionales a reos condenados por crímenes de lesa humanidad, ocurridos en dictadura. Algunas de ellas, realizadas en más de una oportunidad por el mismo interno.
De estas, 24 fueron finalmente concedidas y 22 rechazadas; mientras que en otras se ordenó realizar diligencias, como nuevos informes psicológicos y sociales.
En esa línea, la información entregada señala que en 22 casos donde se otorgó el beneficio, al menos uno de los ministros acusados falló a favor de éste, como ocurrió con los ex uniformados en cuestión: el ex carabinero Gamaliel Soto Segura, los coroneles (r) Manuel Pérez Santillán y Moisés Retamal Bustos, los ex oficiales del ejército Hernán Portillo Aranda, Felipe González Astorga y José Quintanilla Fernández, además del ex brigadier del Ejército, Emilio de la Mahotiere Gonzalez.
Este último, condenado a tres años y un día como cómplice y encubridor en uno de los episodios de la Caravana de la Muerte, recurrió al máximo tribunal en tres oportunidades.
En cuanto a las solicitudes a las que finalmente la Sala no accedió, como la del brigadier (r) condenado a más de 500 años de presidio, Miguel Krassnoff Martchentko, los ministros acusados fueron parte de la mayoría en 17 oportunidades.
Milton Juica, en tanto, votó a favor del beneficio en siete oportunidades, mientras que en otras ocho lo rechazó. Así también, el ministro Künsemüller fue voto en contra en cuatro resoluciones donde se optó por rechazar la entrega de la libertad condicional.
Además, el informe del Poder Judicial señala que en 60 oportunidades, desde 2015 a agosto de este año, la Corte de Apelaciones de Santiago debió revisar este tipo de solicitudes: 42 de ellas fueron rechazadas.
