Piñera vuelve a explicar sus motivos y reitera que ha decidido "no adoptar" Pacto Migratorio de la ONU

SANTIAGO.- El Presidente Sebastián Piñera volvió a explicar este viernes las razones de Chile para no suscribir el Pacto Migratorio de la ONU, asegurando que éste juega en contra de los intereses del país. Esto de cara a la Asamblea de Naciones Unidas del próximo 19 de diciembre, donde se ratificará el acuerdo.

"Estamos convencidos que estos temas deben discutirse principalmente en Chile y en Valparaíso (en alusión al proyecto de ley en el Congreso) y no solamente en Marrakech y en Nueva York. Por todas estas razones como Presidente de Chile cumpliendo con mi deber de conducir las relaciones internacionales y pensando sólo en el interés de Chile y de los chilenos, he decidido no adoptar el pacto de Marrakech", dijo esta tarde en un punto de prensa en el Palacio de La Moneda.

El Mandatario indicó que, si bien "creemos que toda persona tiene derecho a salir de su propio país, pero con la misma fuerza creemos que todo país tiene derecho a decidir cómo y bajo qué reglas ingresan a nuestro país los que quieran venir como migrantes. Este principio a veces coincide y a veces entra en contradicción y un Presidente siempre tiene que privilegiar los intereses de Chile y de los chilenos".

Con ello, Piñera recordó que "los Derechos Humanos (DD.HH.) son universales y por tanto, deben ser respetados y protegidos para todos incluyendo todo tipo de migrantes, regulares e irregulares, en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia".

Además, el Presidente detalló los motivos de Chile para no suscribir el pacto, esto pues insistió en que "contradice algunos de los principios de nuestra propia política de migración y porque no resguarda adecuadamente los legítimos intereses de Chile y de los chilenos".

En primer lugar, pues creen que el acuerdo, "indudablemente incentiva la migración irregular, al fomentar el trabajo informal, al promover el ingreso de los denominados ‘inmigrantes vulnerables’, al dificultar la detención de migrantes irregulares y al otorgar acceso a pensiones a estos migrantes, sin que cumplan con los requisitos de nuestro país. Y al hacer difusa la distinción entre migrantes y refugiados, y la distinción entre migrantes regulares y migrantes irregulares, lo cual, sin duda, perjudica la situación de los refugiados que sufren persecuciones en sus países y la situación de los migrantes regulares, que ingresaron a nuestro país respetando nuestras leyes".

Además, precisó que "el Pacto de Marrakech introduce nuevos deberes para los Estados, incluyendo los Estados firmantes como, por ejemplo, el tener que revisar nuestra legislación, nuestras políticas públicas, nuestros actos administrativos, y el tener que promover la suscripción de nuevos acuerdos bilaterales o regionales".

"Y adicionalmente, establece como deber del Estado el crear condiciones para el desarrollo económico y social de aquellos migrantes que son expulsados de un determinado país, de tal forma que una vez que hayan retornado a su país de origen, el Estado que los había recibido, y que los había expulsado, tiene la obligación de preocuparse de su protección social, asistencia psicológica y oportunidades de empleo en el país de origen".

En tercer lugar, "el Pacto de Marrakech limita el derecho soberano de todo Estado a decidir cómo resguardar sus fronteras, quién y bajo qué condiciones puede ingresar a su territorio, y a quiénes otorgar beneficios".

"Si bien el Pacto de Marrakech dice en su texto que no es vinculante, es evidente que si un país -y especialmente un país serio y responsable como Chile- adopta ese pacto, se compromete con su espíritu y con su contenido. De hecho, el Pacto de Marrakech utiliza 86 veces la palabra 'compromiso' y 15 veces la palabra 'deber', y adicionalmente la experiencia nos ha demostrado que este tipo de pactos puede y ha tenido efectos políticos y jurídicos, porque estos instrumentos conocidos como 'soft laws', son muchas veces utilizados por instancias internacionales, incluyendo tribunales internacionales para exigir su cumplimiento o pretender derivar de ellos obligaciones jurídicas de parte de los Estados que adhieren a esos pactos", sostuvo.

Política interna y multilateralismo

En relación a las críticas que han generado la posición del Gobierno desde sector de la oposición, Piñera manifestó que si bien Chile ha tenido "ha tenido una larga y hermosa tradición de políticas de Estado en las grandes materias de las relaciones internacionales" y la cual respeta su Gobierno, diferenció en lo que son temas internos.

"En nuestra opinión, la forma en que Chile norma o regula su política migratoria, es un asunto de carácter esencialmente interno, sin perjuicio de la colaboración internacional, y no forma parte de una política de Estado", aseveró.

Con ello, aludió a que cuando Chile Vamos era oposición, "nunca fuimos consultados, y además siempre discrepamos y en forma muy profunda de la política de migración que aplicó el Gobierno anterior, que significó el ingreso a Chile de cientos de miles de inmigrantes irregulares, y que sin duda esa situación fue conocida, promovida o tolerada por el Gobierno anterior y que afectó profundamente los intereses de todos los chilenos".

Frente a la idea de que esta decisión se aparta del principio multilateralismo, Piñera defendió que el Gobierno cree en éste y por ello, participan activamente en los foros internacionales. Sin embargo, aseguró que "el multilateralismo jamás puede significar la obligación de tener que suscribir todos y cada uno de los acuerdos, pactos o declaraciones que surjan de organismos multilaterales, porque es de la esencia del multilateralismo que cada país tiene el derecho a ejercer libremente sus decisiones de adscribir o adherir a esos acuerdos, o simplemente decidir no hacerlo".

Finalmente, Piñera concluyó que "no puedo apoyar un texto que por las razones antes mencionadas y después de un profundo y exhaustivo análisis considero que lesiona y no resguarda el interés de Chile y los chilenos, que incentiva y pone el foco en la migración irregular, que facilita la promoción de derechos no reconocidos, que establece nuevos deberes para el Estado de Chile y que dificultad el resguardo de nuestras fronteras, limita nuestra soberana capacidad de tomar decisiones en materia de migración, pensando siempre en el interés de Chile y de todos los chilenos".