SANTIAGO.- El
fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, explicó cómo se gestó el caso por el que el próximo 11 de enero pretenden formalizar a cinco personas por tráfico de inmigrantes, incluyendo al
cónsul en Córdoba, Frank Sinclair, y el
excónsul en Nueva Delhi, Gustavo Cantuarias.
El persecutor aseguró que el delito se cometió luego que en 2014 Sinclair -quien además se desempeño como director del servicio consular-, constituyera una entidad de nombre MC Institute, la cual facilitaba el intercambio y la venida de inmigrantes a Chile para realizar cursos que les permitirían trabajar en el país.
"El problema es que la entidad se certificó falsamente, aprovechando la propia presencia de Sinclair al interior de la Cancillería, con timbres en documentos que acreditarían o legalizarían su condición en circunstancias que no es uno de los trabajos que le corresponde ejecutar a la Cancillería, pero para revestirlo, entre comillas, de mayor seriedad a esta entidad. Del mismo modo se quiso hacer ver como que se contaba con una autorización para funcionar por parte del Ministerio de Educación lo que también es falso", dijo el persecutor.
Por el caso también será formalizada su hija, quien años después se hizo cargo de la empresa y, de acuerdo a Guerra, incluso grabó videos en los que se hacía pasar por beneficiaria cuando en realidad "era propietaria y tenía interés directo".
Según añadió, la empresa asoció el nombre de algunos establecimientos educacionales, los cuales no habrían sido informados de la situación, para ofrecer a los foráneos, en su mayoría de la India y Nepal, un servicio que costaba entre 6.500 y 8.000 dólares. Por aquello, no se descarta citar a declarar a algunas personas ligadas a estas entidades y así descartar que estuvieran al tanto de la situación.
En cuanto a Cantuarias, en ese momento era cónsul en Nueva Delhi y concurrente en Nepal, sostuvo que fue quien "emitió ciertas certificaciones que permitieron obtener la visa para permitir a personas que claramente no cumplían con los requisitos y a las cuales engañó mediante la facilitación de esta documentación", entrar al país.
Ya en territorio nacional, solo algunos de los servicios fueron prestados, los cuales, aseguró el fiscal Guerra, eran de muy baja calidad, motivando la molestia de los extranjeros, quienes comenzaron a denunciar la situación.
La situación de los inmigrantes
Abordando la comisión del delito, Guerra precisó que éste no implicó dejar abandonados a los estudiantes: "El señor Sinclair hasta arrendaba un par de hostales en cual esta gente pernoctaba y se quedaba", los cuales estaban en la comuna de Providencia.
En esta línea, recordó que gran parte de los afectados siguen en el país, por lo que habría que analizar su situación migratoria: "Formalmente ellos cumplen con la ley chilena, porque recibieron las visas, pero en el otorgamiento de las mismas es donde encontramos irregularidades".
En la indagatoria liderada desde la Fiscalía de Alta Complejidad se estableció además que otros utilizaron Chile como país de paso: "Es una circunstancia que ayuda a configurar el delito, porque muchas veces se utiliza un país de tránsito y desde ese país, que tiene mejor imagen internacional, viajar a otros lados, como EE.UU., Canadá".
Ante las revelaciones, el Ministerio Público ofició de la situación al Ministerio de Relaciones Exteriores que hoy separó de sus cargos a los dos funcionarios públicos. De no presentarse ante tribunales el próximo 11 de enero, se podría despachar una orden de detención.
