SANTIAGO.- Apenas partía el año 2019 cuando una persona de 33 años falleció por una una falla orgánica múltiple al interior del hogar Pequeño Cottolengo de Rancagua, el cual acoge menores y adultos, en su mayoría en situación de abandono y de discapacidad intelectual severa y profunda.
Ese martes 1 de enero, pero a casi mil kilómentros de distancia, específicamente en el Hospital de Osorno, un joven de 18 años pereció producto de una herida cortopunzante. A los cuatro días, misma situación se registró en Talca con un adolescente de 15 años, pero por asfixia.
Todos estaban bajo la intervención del Servicio Nacional de Menores (Sename): el primero en el Área de Protección, mientras que los dos últimos en el de Área de Justicia Juvenil. Todos también forman parte del listado de niños, niñas, adolescentes y adultos que, estando al alero del Sename, fallecieron durante los tres primeros meses de este año.
En total -revelan los datos levantados por el Servicio y enviados por el Ministerio de Justicia a la Comisión de Familia y Adulto Mayor de Diputados-, se cuentan 32 decesos, de los cuales 15 corresponden a menores de edad.
Las causas van desde insuficiencia respiratoria y shock séptico, a asfixia por ahorcamiento y heridas de balas.
Bajo protección
El Área de Protección es aquella en las que se atienden a menores y adultos que han sufrido vulneraciones de derechos que ameritaron la intervención estatal. Se divide en los sistemas residenciales y ambulatorios.
En el primero de estos se contabilizaron 14 casos, tanto en centros administrados directamente por el Sename o por organismos colaborares. Gran parte de estos, además, refieren a mayores de edad (10 episodios), con edades que iban desde 18 a los 58 años.
Entre las causas de muerte de este grupo, en tanto, aparecen fallas orgánicas, shock séptico, insuficiencia respiratoria, arritmia, leucemia y paros cardiorespiratorios. Situación similar ocurrió con los menores internados. Por ejemplo, uno de ellos, hijo de madre también en el sistema, falleció al nacer.
"En principio, son niños que llegaron con algún tipo de discapacidad y que al cumplir 18 años el Sename no los podía abandonar porque terminarían probablemente en la calle o sin el cuidado adecuado".
Carol Bown, subsecretaria de la Niñez, sobre adultos en el área de protección.
El hecho que adultos estén bajo el cuidado del Sename al tener discapacidades severas no ha sido ignorado por las autoridades. Así lo explicó a Emol la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, respecto a las decisiones a las que se llegaron con distintas instituciones en el Acuerdo Nacional por la Infancia.
"En principio, son niños que llegaron con algún tipo de discapacidad y que al cumplir 18 años el Sename no los podía abandonar porque terminarían probablemente en la calle o sin el cuidado adecuado", explicó la abogada.
Y agregó: "Sin embargo, el Sename tampoco está instruido para atender o trabajar con personas en situación de discapacidad. Se identificó que había alrededor de 700-800 adultos en el sistema de protección residencial".
Es por ello, informó, que se estableció un programa en el cual se cambia la dependencia de este grupo al Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis). La situación implica casi duplicar los recursos destinados para estas personas, ya que la subvención per cápita del Senadis es mayor a la del Sename.
Según Bown, los primeros traslados partirán el segundo semestre de este año.
"Respecto a las muertes, en algunos casos habían situaciones de dependencia que en el fondo son inevitables. Pero sí creemos que en algunos casos, con la debida supervisión del Senadis, estas personas van a estar mejor", acotó.
Por su parte, seis menores de entre 3 meses y 17 años que se encontraban asistiendo a programas ambulatorios de protección fallecieron el primer trimestre de este año por insuficiencia respiratoria, paro cardiorespiratorio, entre otros. De acuerdo al Sename, todos estaban al cuidado de sus redes familiares, asistiendo a programas de apoyo diurno.
En conflicto con la ley
El Área de Justicia Juvenil, en tanto, atiende a adolescentes en conflicto con la ley Penal y adultos cuando el delito ha sido cometido siendo menores.
Así, la intervención se divide a través centros privativos de libertad -donde se reciben a quienes se decretó su internación provisoria- y programas de Medio Libre -cuando el adolescente o adulto se encontraba sujeto a una medida cautelar personal de tipo ambulatoria o en cumplimiento de una sanción no privativa de libertad-.
"Desafortunadamente no hay información muy clara de qué tipo de rigurosidad se hace en el seguimiento de los casos".
Patricia Muñoz, defensora de la Niñez, sobre fallecimiento de menores del área de Justicia Juvenil.
El detalle de los 12 fallecidos -entre 14 y 22 años- de grupo en conflicto con la ley dice así: dos eran mayores en régimen semicerrado, con una sanción que implica dormir en un centro que funciona especialmente para estos fines, que fallecieron fuera del centro.
En tanto, otras diez personas -cinco menores y cinco adultos- murieron bajo programas de medio libre.
Las causas de muerte varían radicalmente de aquellos del área protección. Mientras en estos últimos primaban enfermedades congénitas, los infractores -o indagados por ello- fallecieron principalmente por causas no naturales: heridas cortopunzantes, balazos en abdomen y cabeza, asfixia por ahorcamiento -como ocurrió con jóvenes de 15 y 19 años-, entre otros.
10Menores del área de protección fallecieron el primer trimestre de este año.
Sobre ello habló la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, al explicar que en la institución hay preocupación tanto para el control que existe con los niños del ámbito de protección, como también con aquellos que se fugan, y con los que, tras infringir la ley, quedan adscritos a programas del Sename.
"¿Qué tipo control existe de que esas medidas se estén cumpliendo suficientemente? porque bien pudimos apreciar estadísticas que se mostraban que niños, estando en contexto de medidas cautelares, eran fallecidos en homicidio o procedimientos delictuales", señaló la abogada.
Y agregó: "Desafortunadamente no hay información muy clara de qué tipo de rigurosidad se hace en el seguimiento de los casos".
Es por ello que la Defensoría, según dijo Muñoz, solicitó al Sename que "esos procesos tengan una custodia real y control" a fin de dilucidar de qué manera el servicio tiene un contacto permanente con aquellos niños que tiene bajo su protección, ya sea desde el ámbito cautelar, o propiamente de protección.
Desde el fallecimiento de Lissette Villa en abril del 2016, el Sename tiene la obligación de denunciar todos los decesos al Ministerio Público. Aquello ocurrió casi inmediatamente con aquellos ligados al área de protección. En el de Justicia Juvenil, en tanto, hubo retrasos de hasta nueve días. Fuentes del servicio explicaron que aquello radica en el tiempo que demoran en enterarse de la situación.
