"Se logró contabilizar cerca de 35 molotov", según el coronel Cristián Clavería.
Agencia Uno/Archivo
SANTIAGO.- Una nueva jornada de protestas se registró esta jornada en el frontis del Instituto Nacional (IN), hasta donde debió llegar el carro lanzaagua de Carabineros para disolver las manifestaciones y restablecer el orden.
Fuera del establecimiento de calle Arturo Prat hubo encapuchados y desconocidos vestidos con overoles que lanzaron bombas molotov al contingente policial.
El hecho obligó a las autoridades del Instituto Nacional a suspender las clases de la jornada de la mañana, pues se debió recurrir al desalojo. Las manifestaciones se extienden ya por varias semanas.
"Hay una investigación en curso, un fiscal que está trabajando en este tema, porque les recuerdo que esta es una situación que no solo afecta al Instituto Nacional, aquí hay un movimiento que busca sabotear la jornada escolar en algunos colegios de Santiago. Tenemos dos focos en estos momentos, el Internado Nacional Barros Arana y el Instituto Nacional".
Coronel Cristián Clavería
"Se logró contabilizar cerca de 35 molotov lanzadas, y después de cerca de 40 minutos de procedimiento se logró calmar la situación", dijo el coronel Cristián Clavería, quien agregó que "hay cerca de 40 sujetos que, voy a hablar de lumpen no de alumnos, buscan sabotear la jornada escolar".
"Eso nos obliga a tomar los resguardos para evitar que alguien resulte lesionado o, lo más que podamos, el uso del gas lacrimógeno", añadió.
El oficial manifestó que "hay una investigación en curso, un fiscal que está trabajando en este tema, porque les recuerdo que esta es una situación que no solo afecta al Instituto Nacional, aquí hay un movimiento que busca sabotear la jornada escolar en algunos colegios de Santiago. Tenemos dos focos en estos momentos, el Internado Nacional Barros Arana y el Instituto Nacional".
Rompe-paga
En paralelo, la Municipalidad de Santiago -sostenedor del IN- informó que aplicó la política del "rompe-paga" contra cinco apoderados de alumnos, pertenecientes al Centro de Estudiantes, "por los daños ocasionados en la ocupación ilegal del lunes y martes pasados".
La acción judicial busca que los apoderados de quienes llamaron y organizaron la ocupación ilegal del establecimiento "se hagan cargo de los destrozos ocasionados durante ésta, avaluados en $400.000 de acuerdo a un informe del Departamento de Infraestructura de la Dirección de Educación".
Se trata de una demanda de responsabilidad civil, explicó el municipio.
"La semana pasada, representantes del Centro de Estudiantes lideraron la ocupación ilegal del liceo, que de por sí es un acto violento, impidiendo que más de cuatro mil alumnos pudieran asistir a clases. En ese periodo rompieron puertas, forzaron chapas y realizaron destrozos en las salas de inglés y matemática”, dijo el alcalde Felipe Alessandri.
"Nos comunicamos con el Centro de Estudiantes el miércoles pasado para que en las mismas 24 horas que tardaron en generar estos daños, los repararan, pero no cumplieron, tal como no lo hicieron con el compromiso de terminar con la ocupación ilegal el martes pasado en la tarde, por lo que interpusimos la demanda. Es un contrasentido que nos pidan mejorar la infraestructura y ellos mismos la destruyan", añadió.
Esta demanda se suma a las interpuestas en 2017 y 2018 por destrozos ocurridos en los liceos Teresa Prat, Instituto Nacional, Confederación Suiza y Amunátegui, procesos que se encuentran en curso, y tanto apoderados como alumnos ya han debido comparecer ante la justicia, de acuerdo al municipio.
