SANTIAGO.- A las 14:30 del próximo martes Carlos Cardoen debería ser notificado de la formalización del pedido de su extradición por parte de Estados Unidos. Así también, durante esa tarde, el empresario requerido por delitos asociados al presunto tráfico de armas desde la década de los '90, deberá prestar declaración.
Así lo indica el documento despachado la tarde de ayer por la ministra de la Corte Suprema Andrea Muñoz -que reemplaza al supremo a cargo del caso, Carlos Aránguiz, quien se encuentra de vacaciones- con destino al jefe de Interpol Chile.
"Se ha ordenado oficiar a usted a fin de que conduzca al requerido a las dependencias de esta Corte, con los resguardos pertinentes, atendida la medida cautelar vigente, con el objeto de notificarlo de la formalización del pedido de extradición y tomarle declaración indagatoria el día martes 25 de junio próximo a las 14.30 horas", señala el documento.
El envío del archivo fue una respuesta a la solicitud formal de extradición del empresario que lleva casi dos meses con arresto domiciliario que el máximo tribunal recibió momentos antes, y la cual llegó a Cancillería desde EE.UU. tres días antes de extinguirse el plazo para presentarla.
La acusación
A la Suprema llegó ayer un documento de 217 páginas con la solicitud de extradición en inglés y español, y la cual hace referencia a la acusación que presentó en EE.UU. en 1993 por ocho cargos -asociados a tres delitos- en el caso caratulado "Estados Unidos de América contra Carlos Cardoen y otros", y por los que el empresario "no ha sido procesado ni condenado".
El caso en cuestión surgió a partir de una investigación "de la exportación ilícita a Chile de productos de municiones fabricados en los Estados Unidos, donde fueron incorporados a municiones vendidas y entregadas a Irak durante un tiempo en que había un embargo establecido en cuanto al suministro de dichas municiones de origen estadounidense a cualquiera de los combatientes en la guerra entre Irak e Irán". Los hechos en cuestión son:
35años de presidio suman los ocho cargos imputados.
Conspiración: "Estados Unidos debe demostrar en juicio que él a sabiendas y voluntariamente llegó a un acuerdo con una o más personas para llevar a cabo un plan ilícito común, y que el objeto del acuerdo era contravenir las leyes de exportación". La pena máxima por este ilícito es cinco años de prisión, libertad supervisada de por vida y una multa de US$ 250 mil.
Fraude aduanero: Ello a través de la exportación de circonio de calidad apto para "artillería a fin de usarlo en bombas de racimo a ser fabricadas en Chile, contrariamente a los términos de las licencias específicas de exportación emitidas por los Estados Unidos".
De probarse que el empresario u otras personas que trabajaban con él, "obtuvieron una licencia para exportar circonio, que la licencia especificaba los usos permitidos para la exportación de circonio, y que Cardoen a sabiendas usó o hizo que se utilizara el producto para fines o por parte de usuarios distintos de los permitidos por la licencia", se arriesga una sanción de cinco años de cárcel y una multa de lo que sea mayor, entre US$ 50 mil o dos veces el valor de las exportaciones.
Así, también, asociado a la exportación de artículos de defensa de "los Estados Unidos a Chile para usarlos en bombas de racimo, sin haber obtenido una licencia o una autorización por escrito para el Departamento de Estado de los EE.UU.".
De constatarse que el requerido "dispuso la exportación de compactos de zirconio, sabiendo que dichos compactos eran artículos de defensa porque estaban diseñados específicamente para usarse en bombas y otros tipos de artillería militar, y que la exportación se haría sin licencio ni otra autorización por escrito del Departamento de Estado de los EE.UU.", arriesga 20 años de cárcel y una multa de lo que sea mayor, entre US$ 50 mil o dos veces las ganancias brutas de las exportaciones.
Declaraciones falsas: "Se le imputa solicitar o hacer que se solicitaran licencias de exportación para compactos de circonio que indicaban que el material sería utilizado como 'agente incendiario en gel explosivo para la industria minera', cuando sabía en ese momento que el material iba a ser usado en pruebas de bombas en Chile". Por ello Cardoen se expone a cinco años de prisión, libertad supervigilada de por vida y una multa de US$ 250 mil.
En total, los cargos en cuestión suman 35 años de presidio y multas que bordean los US$ 600 mil -casi $418.740.000-.
En la solicitud se enumeran también las distintas pruebas con las que se cuentan para el caso. Entre ellas destaca la declaración jurada del agente especial Ricardo González, de Investigaciones de Seguridad Nacional.
El agente sostuvo, entre otras cosas, que en marzo de 1983 Cardoen se reunió en Bagdad, Irak, con oficiales militares de este país "a fin de negociar la venta de bombas de racimo a Irak. Según una persona que estuvo presente en el momento y que después pasó a ser testigo para el gobierno de los EE.UU., Cardoen explicó a los oficiales iraquíes que había obtenido circonio de los EE.UU. para usarlo como refuerzo incendiario en sus bombas de racimo".
