SANTIAGO.- La mañana de este martes, la ministra de Corte Marcial, Romy Rutherford, llegó hasta el domicilio del ex comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, para interrogarlo en calidad de inculpado por el fraude asociado a los gastos reservados al interior de la institución.
La defensa había intentado suspender la diligencia, pero finalmente tuvo lugar en la casa de Vitacura y se extendió por alrededor de dos horas. Esa mañana se conoció la noticia: una orden de detención dictada por los antecedentes que la ministra tiene en su investigación.
El general (r) fue derivado hasta el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, donde permanecerá recluido mientras la ministra resuelve, en un plazo de cinco días, si lo procesa o no por una presunta malversación de caudales públicos en el uso de los gastos reservados. Se le indaga por un monto que, según ha trascendido, bordea los $2.500 millones.
Aunque su caso sorprendió, no se trató del primero: el pasado 14 de febrero, Rutherford ordenó la detención y determinó el procesamiento por los mismos motivos al también ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba.
El general (r) fue procesado como autor del delito reiterado de malversación de caudales públicos, por un monto aproximado de $3.500 millones. Se despachó, además, un mandamiento de embargo por la misma cifra, y posteriormente la fiscalía lo formalizó por lavado de activos.
Pero la mira de la Justicia tiene además otro punto de interés: Juan Emilio Cheyre, quien también tuvo el cargo más alto dentro de la jerarquía militar, y quien se encuentra con libertad vigilada luego de ser condenado en primera instancia por otra causa.
Los tres ex uniformados son, a los ojos de los analistas, un símbolo de algo mayor: un cambio de mentalidad chilena que hace veinte años parecía impensable.
El ocaso de los generales
En noviembre pasado, Cheyre fue condenado a tres años y un día de presidio en libertad vigilada por su participación como encubridor de más de una decena de homicidios llevados a cabo por la llamada Caravana de la Muerte en octubre de 1973 en dependencias del regimiento Arica.
Su caso fue emblemático, debido a que se le conocía popularmente como el general del "nunca más", por haber sido el primer jefe militar en pedir perdón a nombre de la institución por las violaciones a los Derechos Humanos.
Aunque su defensa apeló a la condena —acción que aún no se revisa y por tanto la sentencia no se encuentra ejecutoriada—, aun así Cheyre se convirtió en la primera máxima autoridad de la institución castrense en ser condenada por una causa de DD.HH.
"Es una buena noticia que estén detenidos, porque estaría demostrando que nadie está por encima de la ley"
Lucía Dammert
Esas son las principales diferencias con los casos de Fuente-Alba y Oviedo: mientras Cheyre ya fue condenado en primera instancia, los otros ex comandantes en jefe todavía están siendo investigados, y en lugar de haberse visto involucrados en causas por Derechos Humanos, ambos están implicados en una trama de malversación de fondos.
Ambos casos, a su vez, tienen matices: Fuente-Alba fue procesado por malversación en la justicia militar y formalizado por lavado de activos en la ordinaria. Según fiscalía, su patrimonio familiar antes de asumir la comandancia en jefe era de $409 millones, y al término alcanzó los $.1.425 millones.
Oviedo, en cambio, aún está siendo indagado: no se ordena encausamiento todavía, por lo tanto su caso no ha llegado al Ministerio Público. Según La Tercera, la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI se encuentra analizando su patrimonio, finanzas y cuentas bancarias.
En el mundo castrense suelen separar los casos. Según fuentes de Emol, en el Ministerio de Defensa reconocen que la situación "complica mucho" dado que afecta la confianza que los chilenos tienen del Ejército y ocurre mientras la cartera impulsa una serie de proyecto que apuntan a mayor transparencia en las FF.AA.
En el Ejército, en tanto, la detención del general Oviedo está siendo más "dolorosa" que del general Fuente-Alba dada la percepción existente de que mientras éste último "abusaba de los gastos reservados", Oviedo solamente "habría ocupado parte de esos gastos reservados como antes se usaban".
Además, la valoración de la oficialidad de la gestión de Oviedo es distinta a la de Fuente-Alba, considerando que durante su carrera militar tuvo más contacto con la tropa.
Una "buena noticia"
"En Chile hay un impacto por estos hechos", explica a Emol la académica de la U. de Santiago, Lucía Dammert. "Esto suma a la crisis institucional, sobre todo porque las Fuerzas Armadas contaban con la confianza ciudadana". La noción se refleja en las cifras: según la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), en octubre de 2009 la confianza en las FF.AA., Carabineros y la PDI bordeaba los 65 puntos. Ya a fines de 2017, había bajado hasta los 40 puntos.
Para Dammert, a pesar del impacto simbólico de que tres ex mandamases tengan problemas judiciales, la situación es "una buena noticia". "Lo que está pasando es una oportunidad para evidenciar que hace falta gobierno civil verdadero sobre los temas militares, que los espacios de autonomía que han tenido por décadas no ayudan a tener una institución sólida, rigurosa y profesional", señala.
"Esto, por ende, debería ayudar a impulsar una agenda de reforma del Ministerio de Defensa. Lo que se busca es que no se creen espacios de impunidad y desde esa perspectiva es una buena noticia que estén detenidos, porque estaría demostrando que nadie está por encima de la ley", añade.
Más allá de lo que significa dentro del país, la académica reconoce un efecto internacional. "El mensaje al resto del mundo es justamente que había una perspectiva analítica sobre las FF.AA. que estaba más basada en la autonomía total y la baja transparencia que en otras cosas", comenta.
Aunque todo esto, asegura, es todavía preliminar. "El último capítulo de este proceso aún no se conoce", advierte. Ahí es donde, afirma, reside la oportunidad: que cambie la forma en que el país se relaciona con las autoridades militares.
El "fin de la impunidad"
"Esto era impensado en Chile hace veinte años", asegura a Emol el senador e integrante de la comisión de Defensa, Pedro Araya, que comparte la visión de Dammert . "Es algo que da cuenta de la normalidad del proceso democrático que hoy tiene Chile".
Para Araya, lo que hay detrás de la situación es una moneda de dos caras: aunque hay un "alto nivel de preocupación", por otra parte existe "una claridad de que en Chile las instituciones están funcionando".
"Hace veinte años veníamos saliendo de una dictadura militar, pero hoy día esto da cuenta de que las relaciones cívico-militares se dan en normalidad y funcionan dentro de la democracia"
Senador Araya
"Si están procesados y con prisión preventiva, es porque el Poder Judicial está haciendo su trabajo. Aquí no hay un manto de protección para nadie, es el fin de la impunidad. La Justicia está haciendo su trabajo. Independiente del cargo que haya detentado una persona, si cometió alguna irregularidad será perseguido", asegura.
Ahí es donde, afirma, hay una diferencia con las décadas anteriores. "Hace veinte años veníamos saliendo de una dictadura militar, pero hoy día esto da cuenta de que las relaciones cívico-militares se dan en normalidad y funcionan dentro de la democracia", comenta.
"En algún minuto, cuando se intentó procesar a algunos oficiales y entre ellos a un hijo de Augusto Pinochet por un tema de platas, tuvimos ejercicios de enlace y boinazo, y eso, hoy día, ya no ocurre", añade.
En el ministerio, esa es una de las cosas que muestran como positivas dentro del contexto: que la detención de los ex comandantes en jefe no ha significado una "inamovilidad" del escenario, y que el trabajo para "aumentar en nivel de control y recuperar la confianza de la ciudadanía" sigue en ejecución.
