Durante 61 años, las capacidades estratégicas de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas de Chile se nutrieron en gran parte con la venta del cobre, principal producto de exportación de nuestro país.
No obstante, dicho mecanismo llegará a su fin: este miércoles la Cámara de Diputados respaldó con un amplio margen una iniciativa presentada el 2011 y que busca precisamente derogar la Ley Reservada del Cobre, para dar paso a un nuevo sistema de financiamiento para las FF.AA.
De esta forma, terminará un sistema que por más de medio siglo costeó las bases de la Defensa de nuestro país, y que desde que fue promulgado por Carlos Ibáñez del Campo vivió una serie de hitos y sufrió diversas modificaciones.
Un tenso incidente con Argentina
Durante su segundo mandato, en 1958, el ex Presidente y ex militar Carlos Ibáñez del Campo decidió promulgar bajo secreto esta normativa, debido a un hecho determinante: el incidente con Argentina en el islote Snipe, ubicado entre las islas Navarino, Picton y Grande de Tierra del Fuego.
Dicho conflicto comenzó en diciembre 1957, mientras ambos países pujaban por hacerse con la soberanía de la zona, pero tuvo su episodio más complejo el 09 de agosto del próximo año, cuando el destructor argentino ARA San Juan atacó con cuatro cañonazos un faro chileno ubicado en el islote, el que luego fue destruido en su totalidad por personal del buque.
La intención del país vecino era expresar su rechazo a la construcción de un faro por parte de Chile en dicho terreno, ya que consideraba que pertenecía a su soberanía. Incluso, Argentina movilizó a 80 infantes para que permanecieran resguardando la zona.
Sin embargo, luego de algunos días de tensión, el ARA San Juan se retiró junto a sus ocupantes y ambos países llegaron a un acuerdo para evitar la guerra, que determinó que el islote se mantendría tal como estaba antes: sin faro chileno ni soldados argentinos.
Serie de cambios
En dictadura, la Ley Reservada del Cobre sufrió siete distintas modificaciones, que se enfocaron en aumentar el mínimo de financiamiento anual de US$ 8,5 millones a US$ 90 millones (1973), y a distribuir los fondos en partes iguales para la Armada, Fuerza Aérea y Ejército.
Asimismo, se estableció que el porcentaje de financiamiento de las ventas del cobre pasarían de un 15% a un 10% de las ganancias totales, y que las empresas cuya participación del Estado supera el 66% también deberán aportar a los fondos.
Luego, en 1985, el monto mínimo de financiamiento volvió a aumentar y se duplicó de US$ 90 millones a US$ 180 millones, cifra que se mantuvo hasta ahora. Además, un año después se determinó que la asignación de los ingresos debía contar con el visto bueno de los comandantes en Jefe de las tres ramas de las FF.AA.
"Milicogate" y divulgación de la ley
El hecho que marcó el principio del fin para la Ley Reservada del Cobre fue, sin dudas, el millonario fraude en el Ejército conocido como "Milicogate", y que fue destapado el 2015 por una serie de reportajes de The Clinic.
En aquellos artículos se dio cuenta de que diversos altos funcionarios del mundo castrense falsificaban boletas y facturas para extraer dinero para uso privado, pese a que argumentaban que lo utilizarían para la compra de material bélico.
El desfalco provocó tal revuelo que desde el Congreso ejercieron una fuerte presión para quitarle el carácter de reservado a la ley, lo que finalmente fue aprobado el 22 de diciembre del 2016. Recién ahí se conocieron mayores detalles de la normativa, que hasta ese entonces se mantuvo como secreta.
Indicación para derogarla
No obstante, ya desde antes que se estaba avanzando en un proyecto para derogar la ley de financiamiento de las FF.AA.. Fue en febrero del 2011 cuando el Presidente Sebastián Piñera, durante su primer Mandato, ingresó la iniciativa al Congreso.
Pero dicha tramitación estuvo congelada por casi siete años, ya que recién el 2018 se aprobó su idea de legislar. De ahí en más, su discusión tomó urgencia en las salas, hasta que esta jornada dio su último paso legislativo.
Según expuso el ministro de Defensa, Alberto Espina, la nueva ley -que quedó lista para ser promulgada- sustituye a la Ley Reservada del Cobre "por un sistema estable, democrático, transparente, con la adecuada fiscalización de las autoridades civiles, lo que sin lugar a dudas es uno de los procesos de modernización más trascendentes que se han hecho respecto de la Defensa Nacional".
