SANTIAGO.- De los cinco capítulos que contiene la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, hay uno que podría resultar clave en la votación del libelo en la Cámara.
Se trata del capítulo uno, el cual, según sostuvo el abogado constitucionalista y militante DC Jorge Correa Sutil –quien expuso el lunes en la comisión revisora–, es el único que está "formalmente bien presentado" y hay "una acusación precisa" hacia la autoridad.
"Se identifican con claridad las normas que habrían sido infringidas", señaló.
El tuit de la ministra que la podría poner en jaque
¿De qué se trata el capítulo primero? En éste se acusa a la ministra de infringir la Constitución y las leyes al "vulnerar el principio de probidad, en su dimensión de falta de veracidad".
Se alude específicamente a declaraciones que formuló la ministra, en que afirma que la Ley de Inclusión –que crea el Sistema de Admisión Escolar (SAE)– "prohíbe" que los apoderados puedan solicitar entrevistas a los colegios.
El libelo cita un tuit que publicó Cubillos, durante una visita a San Carlos, en la Región del Ñuble, donde señala: "Sist de admisión escolar pone muro entre familias y colegios. Ley prohíbe a padres pedir entrevista en colegio al que el sist. los derivó, y que quizás ni conocen, hasta después de matricularlo".
También menciona que, tras reunirse con apoderados en La Serena –durante la gira que realizó en febrero–, la secretaria de Estado escribió en su cuenta de Twitter: "En La Serena, apoderados que reclaman que les quitaron derecho a elegir con sist. que pone una barrera entre ellos y las escuelas. Esta vez se debe escuchar más a los padres y quizás menos a los 'expertos'. Ellos son los mejores para decidir la educ de sus hijos. #AdmisiónJusta". Agregó que: "El sistema creado bajo el gobierno de Bachelet 'prohíbe a padres pedir entrevista en colegio al que el sistema los derivó, y que quizás ni conocen hasta después de matricularlo".
Los acusadores señalan que esto no es así, ya que la Ley Nº20.845 sobre Inclusión Escolar, en el inc. 3º del artículo 7º bis, señala explícitamente que: "Las entrevistas que se realicen en esta etapa deberán ser solicitadas por los padres o apoderados, serán de carácter voluntario y tendrán una finalidad únicamente informativa y de conocimiento del proyecto educativo. Por consiguiente, se prohíbe que éstas constituyan una exigencia o requisito dentro de la etapa de postulación".
Y que además el artículo 7º quáter establece que: "Los establecimientos educacionales siempre podrán implementar entrevistas con los padres y apoderados de los estudiantes ya matriculados, con la finalidad de entregar operatividad real a la adhesión y compromiso con el proyecto educativo prescrito en el inciso sexto del artículo 7º bis".
"Por tanto, la ley sí contempla las entrevistas, y no las prohíbe, como señaló la ministra, faltando deliberadamente a la verdad", sostiene la acusación.
También hace ver que la normativa "no prohíbe las entrevistas entre apoderados y establecimientos, sino que prohíbe que los establecimientos la establezcan como una exigencia, disponiendo su carácter voluntario y a requerimiento de las familias".
Respecto a la presunta falta en que habría incurrido la ministra, el libelo sostiene que "la fe pública comprometida por falta de veracidad compromete gravemente la probidad pública", que es "la confianza que tiene la ciudadanía en que, los que están a cargo de los asuntos públicos, actúen en pos del interés general, intachablemente".
La defensa de Cubillos
En la respuesta que entregó la defensa Cubillos a la comisión revisora, señala sobre este punto que "(esta) ministra de Estado no ha faltado a la verdad".
Argumenta que las entrevistas "se permiten en dos momentos distintos" del proceso: En primer lugar, "en la etapa de postulación", en que "los padres o apoderados pueden solicitar voluntariamente una entrevista a los establecimientos, la que solo puede tener una finalidad informativa y de conocimiento del proyecto educativo".
Apunta que, "como es evidente, esta solicitud de entrevistas, establecida por la Ley N° 20.845, es anterior a la derivación que realiza el SAE".
Dice que "el segundo momento en que se permiten las entrevistas se da una vez finalizado el proceso. Esto es, ya matriculado el alumno en un establecimiento educacional. Así lo dispone el nuevo artículo 7 quáter del DFL N°2".
La defensa de Cubillos sostiene que esto es "exactamente lo que indicó esta ministra de Estado en un intercambio de tweets, como se puede observar en la transcripción íntegra y textual que esta contestación ha realizado ante la flagrante violación al debido proceso en que han incurrido los y las acusadores/as al citar parcial y arbitrariamente las declaraciones".
Agrega que "no sólo estamos en el contexto de declaraciones de prensa, tweets o debates políticos, sino que esta discusión se llevó institucionalmente al Congreso Nacional para modificar la ley y con sólo anunciar el proyecto de ley que repondría la posibilidad de entrevistas voluntarias durante todo el proceso, las críticas fueron explícitas por parte de la oposición". "¿Acaso dicha resistencia fuerte se sustenta en que las entrevistas ya están permitidas?", cuestiona.
1 de octubrese vota la acusación constitucional en la sala de la Cámara de Diputados
Al respecto, Corre Sutil –quien fue invitado a exponer a la comisión por miembros de Chile Vamos–, planteó que "ese tuit hay que analizarlo bien, porque ella dice ahí que no hay posibilidades de entrevista en un período determinado". "La Ley no las prohíbe ni las permite, por lo tanto, yo creo que las familias sí podrían pedirlas y si el colegio quiere dárselas podrían tener la entrevista. Pero el colegio también podría negárselas", apuntó el experto en derecho constitucional.
Ante esto, concluyó que "cuatro capítulos tienen que ser desestimados de plano, y queda uno (el primero) sobre cuya gravedad cada uno emitirá un juicio".
La acusación constitucional contra la ministra se revisará el próximo martes 1 de octubre en la sala de la Cámara de Diputados. Si se acoge la acusación, avanzará al Senado, donde sus integrantes actúan como jueces y deberán definir si Cubillos es o no destituida del cargo. Cabe recordar que basta que se apruebe uno de los capítulos para que la autoridad sea destituida.
